UPR perdería fondos federales de acogerse a quiebra

El Acta de Educación Superior del Estados Unidos establece que la pérdida de estos fondos será permanente si la institución se acoge el Título III de la ley PROMESA

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De acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), como lo sugirió la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la institución no será elegible para recibir fondos federales.

Así lo expresó el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, el pasado martes mediante un comunicado de prensa, luego de que Natalie Jaresko expresara al diario El Nuevo Día que la institución educativa debe reformar su plan de retiro y que, para la reestructuración del pago de las pensiones, podría “invocar las protecciones del Título III”.

Por un lado, la sección 310 del Título III de la ley PROMESA establece que “los procedimientos federales sobre bancarrota” se aplicarían si la institución acoge esta medida. Por otra parte, según el Acta de Educación Superior (HEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las instituciones universitarias que se declaren en quiebra “no cualifican” para recibir fondos como la Beca Pell.

El acta también indica que, si una universidad se declara en insolvencia y no es elegible para recibir estos fondos, “la pérdida es permanente. La elegibilidad de la institución no puede restituirse”.

Haddock Acevedo enfatizó que “llevar a la Universidad a la quiebra no es una opción. El Título III no solo es innecesario para la UPR, sino  que  pondría  en  riesgo  el  acceso  a  fondos  federales  que  benefician a  la  mayoría  de  nuestros estudiantes”.

Asimismo, Haddock Acevedo indicó que acogerse al Título III “afectaría la acreditación [de la UPR] que tanto esfuerzo nos costó obtener y mantener”.

Actualmente, la UPR no confronta problemas para pagar a sus acreedores, pero la mayor parte de su deuda proviene de préstamos incurridos para pagar las pensiones de los empleados retirados.

El plan de pensiones del centro docente tiene un déficit de “al menos $1,800 millones”, según El Nuevo Día. Sin embargo, debe a bonistas aproximadamente $600 millones.

Jaresko también expresó que la Universidad había desembolsado solo $4 millones de los $81 millones que le asignó el gobierno estadounidense en el CARES Act.

En el comunicado oficial publicado ayer, el presidente Haddock Acevedo desmintió las expresiones de la funcionaria, y declaró que “de los fondos recibidos en la primera fase, ya se han entregado casi $30M [millones]”, y que pronto comenzará la segunda fase de realización de pagos, “para  completar  el  desembolso  de  los  $81M  asignados  a  los  11 recintos de la UPR”.

GCP
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