El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras solicitó a la asamblea legislativa una investigación sobre las alegadas acciones del designado secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, que se detallan en la demanda presentada por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Jorge Haddock Acevedo.
Entre los hechos adjudicados a Marrero Díaz está el exigirle a Haddock Acevedo el despido de Rubén Colón Morales, de la junta de directores de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), alegando que eran órdenes de La Fortaleza. La petición se debía al no favorecer el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda, aliada del PNP, como directora de la corporación.
Según se alega en la demanda, fue el licenciado Marrero Díaz quien le dio instrucciones a la Junta de Gobierno de la UPR para despedir a Haddock Acevedo.
Sin embargo, la figura del designado secretario de Estado no se limita a imputaciones político partidistas.
Durante su carrera profesional ha trabajado en la banca local e internacional, en el gobierno, en el ámbito académico y en bufetes de abogados.
Bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset, fungió como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico (DACO).
En enero de 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares lo nombró director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Bajo el mando de la APPR, fue el artífice de la privatización del sistema de transporte marítimo a Vieques y Culebra.
En febrero de 2018, fue nombrado Representante Autorizado del Gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) ante la Federal Emergency Management Agency (FEMA), y director ejecutivo del esfuerzo de la Oficina Central de Recuperación y Construcción (COR3), para recibir y distribuir fondos federales disponibles para la recuperación de la Isla tras los huracanes Irma y María.
Marrero Díaz fungió como director ejecutivo de COR3 hasta la semana antes de que fuera efectiva la renuncia de Rosselló Nevares. Luego, continuó como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Tras su nombramiento como director ejecutivo de la AAFAF, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que ampliaba los poderes de supervisión del ejecutivo sobre los procesos de recuperación de los huracanes Irma y María.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) intentó obtener una justificación sobre por qué era necesario que la AAFAF interviniera en el interior de agencias y corporaciones públicas y cómo esta gestión conseguiría agilizar los procesos de recuperación, pero no obtuvieron respuesta.
El decreto autorizó a Marrero Díaz a tomar cualquier medida necesaria para establecer, modificar, ampliar o eliminar las estructuras de cualquier entidad gubernamental. De esta forma, podía implementar política pública relacionada a la recuperación y reconstrucción de infraestructuras incluyendo carreteras, energía, puertos, agua, educación, vivienda y salud.
La orden ejecutiva también subrayaba que todos los jefes de agencia, directores ejecutivos y presidentes de corporaciones públicas debían acatar las directrices de AAFAF.
“La privatización de (la Autoridad de) Energía Eléctrica para mí es una prioridad”, expresó Marrero Díaz en una entrevista con Primera Hora, afirmando sus prioridades al mando de la AAFAF.
Su lista de prioridades continuaba con la reestructuración de la deuda del país, además de mantener los fondos de reconstrucción y el sistema de retiro.
Actualmente, el licenciado funge como secretario de Estado, mientras continúa liderando la AAFAF. Tras su nombramiento, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia destacó que no recibirá remuneración económica adicional por estar a cargo del Departamento de Estado.
La vista del nombramiento de Marrero Díaz como secretario de Estado levantó preocupaciones en la legislatura.
En la Cámara, la representante Mariana Nogales Molinelli destacó, en entrevista con NotiCel, que no sería confirmado por sus vínculos a iniciativas de privatización de servicios públicos. Mientras, el representante Ángel Matos García cuestionó sus logros al afirmar que “en cada posición que por cinco años el señor Marrero ha ocupado no hay logros ni resultados”.
En el Senado, a pesar de que contaba con el apoyo de los senadores y representantes del PNP, también hubo oposición.
El senador independiente José Vargas Vidot se opuso a la designación por su participación en el proceso que cedió las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a LUMA Energy.
“El nominado es el arquitecto de los modelos de privatización más recientes, mediante los cuales se han desmantelado agencias y quitado garantías a nuestros trabajadores. Una cosa es ser director de AAFAF y otra es que el principal privatizador del país se convierta en algún momento en el gobernador de Puerto Rico”, indicó el senador Javier Aponte Dalmau.
Fuera del hemiciclo también hubo voces de oposición. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo detalló, en entrevista para el periódico La Perla, que las ejecutorias de Marrero Díaz lo descalifican para el puesto”.
“La carta de mala presentación de Omar Marrero no se limita a la venta de la AEE, sino también a la privatización de las lanchas de Vieques y Culebra. A la contratación nebulosa de New Fortress donde Marrero como director de la Autoridad de Puertos le dio información privilegiada a esta compañía, que resultó la contratada”, expresó Figueroa Jaramillo.
El presidente de la UTIER catalogó como “desastre” la ejecución de Marrero Díaz al mando de la AAFAF en el desembolso de fondos federales luego del huracán María. Según Figueroa Jaramillo, el licenciado “usa este puesto para conseguir respaldo de alcaldes a quien no ha desembolsado el dinero que tiene bajo custodia sin importar el sufrimiento de la gente”.
Aún el CGE espera respuesta para una posible investigación por parte del Senado y la Cámara sobre las imputaciones de Marrero Díaz en la demanda de Haddock Acevedo.
