Sin hacerlo público, Ricardo Rossello Nevares, firmó 58 leyes el día antes de que se hiciera efectiva su renuncia, entre las que figuran dos que dificultan el derecho constitucional del acceso a la información.
Ambas leyes, la “Ley del Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información pública” y la “Ley del datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, fueron ampliamente rechazadas por organizaciones no gubernamentales y gremios periodísticos.
La directora ejecutiva del Espacios Abiertos, Cecille Blondet, informó que el pasado jueves, 1 de agosto, día antes del su salida de la gobernación, Rosselló Nevares estampó su firma en las leyes 122 y la 141 y, al hacerlo redujo la obligación del Estado del hacer públicas sus acciones, limitando de facto los derechos constitucionales al acceso de información, a la libre expresión y el ejercicio de la libertad de prensa.
“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley”, denunció la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en los haberes públicos.
“Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para la limitar del derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador que firmó la ley y tendrán que rendir cuenta por su actos”, señaló.
Blondet indicó que dos días antes solicitó, al igual que otras organizaciones, qué no se convirtieran en ley dichos proyectos. Sin embargo, Rosselló Nevares tomó la decisión sin decirle al pueblo.
“A esta hora, ni La Fortaleza ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia por parte de Rosselló”, puntualizó Blondet.
En múltiples ocasiones, tanto Espacios Abiertos como otras organizaciones, incluidos los gremios periodísticos, denunciaron los proyectos de ley que Rosselló firmó por no cumplir con los principios del acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente.
“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982. La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó Blondet.
Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública. Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la misma ley y se entregue la misma de inmediato.
En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.
Rosselló firmó 58 leyes en un solo día
En la víspera de su salida, Rosselló firmó 58 leyes que se suman a otros ocho desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio, para un total de 66.
El alcance real de muchas de estas leyes se desconoce pues, hasta el momento, no han sido divulgadas por el Departamento de Estado, quien tampoco se ha dirigido al pueblo para hablar en torno a esta ráfaga que ha tomado por sorpresa al país. Esto ante la salida de Luis Rivera Marín a fines de julio en medio del escandaloso chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.
El Código Político de Puerto Rico impone a quien ocupe la secretaría de Estado la obligación de promulgar todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el Gobernador de Puerto Rico. “Mediante la impresión y distribución de todas las leyes, el Departamento de Estado cumple a cabalidad con la obligación impuesta. No obstante, hemos querido dar un paso más en nuestro desempeño y permitirle a la ciudadanía acceder a la legislación aprobada a través de la Internet de forma gratuita”, lee el sitio web del Departamento de Estado, donde, sin embargo, todavía no están disponibles las leyes nuevas.
“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aun menos transparencia de parte de Rosselló, fue aun peor porque no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”, recalcó Blondet.
Editado: Marisol N. Nazario Bonilla
