Foto de portada por: Sebastián Guzmán Caridad
La preocupación general del estudiantado frente a la represión administrativa y estatal es un factor que impide la organización del movimiento estudiantil.
El miedo no es irracional, pues el carpeteo y las sanciones han sido una consecuencia de las últimas dos huelgas.
En la huelga del 2010, la Universidad de Puerto Rico (UPR) demandó al expresidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), Gabriel Laborde, por impedir el acceso a la UPR en Río Piedras y por daños y perjuicios a las propiedades universitarias. El Tribunal Supremo decidió el caso a favor de la UPR.
En la opinión del Tribunal, se definió a la UPR como un espacio semipúblico en que la administración puede regular las manifestaciones para asegurar la continuidad de las labores.
Similarmente, los jueces del Tribunal Supremo concluyeron que los estudiantes no tienen derecho a huelga por no ser empleados de la universidad. La UPR solo tiene que garantizar una libertad de expresión limitada en que pueden dictar las condiciones de la manifestación.
Otra inseguridad concierne a la entrada de la Policía a los recintos y unidades de la UPR, que históricamente no se ha permitido, pero carece de una base legal que lo prevenga.
Por eso, Francisco Santiago Cintrón de la Brigada Legal Solidaria, uno de los cinco alumnos que enfrentó repercusiones legales por liderar la huelga del 2017, resaltó que hay organizaciones dedicadas a la protección de los derechos constitucionales de expresión y asociación que posee el estudiantado.
Santiago Cintrón enfatizó que, en el caso de un arresto, se verbalice el derecho a guardar silencio y a tener representación legal. También, desaprobó las acciones opresivas del estado, y subrayó que el tema de los derechos estudiantiles es uno político más que legal.
“Nuestro llamado es que se respeten los derechos de los y las manifestantes y, de parte del gobierno, que se evite el procesamiento selectivo de los manifestantes en las protestas”, recalcó.
Pero, se necesita la unión estudiantil para accionar con efectividad. “Indudablemente, la manera de vencer ese tipo de represión es mediante el apoyo colectivo y la solidaridad. Aún con el miedo, que es muy legítimo, no paren de actuar y luchar por lo que creen”, acordó Santiago Cintrón.
Además de la Brigada Legal Solidaria, la Unión Americana de Derechos Civiles, Amnistía Internacional y el Colegio de Abogados y Abogadas son otras agrupaciones a las que se puede acudir para obtener ayuda legal frente a procesos judiciales motivados por razones políticas.
