Por: Eunice M. Ortiz Nieves
El pasado 30 de julio de 2019, a través del correo institucional y medios de comunicación, se emitió un anuncio sobre un nuevo modelo de ayudas económicas de parte del Sr. Jorge Haddock, presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se realizó con el propósito de reconocer el compromiso de garantizar una mayor accesibilidad a la educación de excelencia y alta calidad que distingue la UPR.
Para el año 2019, el vicepresidente interino, el Sr. Ubaldo Córdoba, bajo órdenes de la Junta de Control Fiscal, anunció la eliminación de las exenciones de matrícula por hijos de empleados de la UPR y atletas. Serán sustituidas por otros modelos de ayudas económicas que se trabajarían de acuerdo con la necesidad económica de cada estudiante.
Se trata de la Certificación Número 4 2019-2020: Política Institucional sobre la Otorgación de Ayudas Económicas para Estudiantes con Distinciones Académicas en la Universidad de Puerto Rico, aprobada por la Junta de Gobierno, la cual establece que el 80% del estudiantado no tendría que pagar matrícula, porque sería sufragada con distintos fondos provistos por la universidad. Los beneficios de esta certificación alcanzarían a los estudiantes que recibían la beca federal Pell de forma parcial, pero no incluye cuotas, laboratorios y otro gasto adicional de matrícula.
No hace falta realizar una línea de tiempo para comprender que la implementación de este modelo de ayudas económicas fue demasiado cercano al comienzo del nuevo semestre académico de agosto a diciembre de 2019-2020, lo cual imposibilitaba el adiestramiento del personal para distribuir los fondos y beneficiar a la comunidad universitaria. Esto representó una amenaza para un sector estudiantil cada vez más empobrecido, mientras que la administración continúa otorgando millones en contratos con el gobierno y allegados.
En agosto del 2019, aproximadamente 1,402 estudiantes se quedaron sin estudiar tras el alza en costos de matrícula y ausencia de las ayudas económicas aprobadas. La administración desmintió la noticia asegurando que era posible que, mediante otros mecanismos, aquellos estudiantes que quedaron fuera pudieran retomar sus estudios. No obstante, esto no ocurrió, y muchos tuvieron que optar por regresar a sus pueblos o seguir trabajando, mientras ahorraban dinero para poder estudiar el próximo semestre.
Las visitas a las oficinas del recinto, entiéndase Asistencia Económica y Recursos Humanos, son pérdidas de tiempo debido a la falta de conocimiento sobre los procesos. El personal procede a referirte a dos y tres oficinas, y así sucesivamente, hasta hacer turismo intrauniversitario.
Como estudiante e hija de empleado de la UPR, denuncio y visibilizo la procrastinación y escasez de atención requerida para la otorgación de nuevas ayudas económicas amparadas en la certificación #4. Alzo mi voz en señal de repudio al incumplimiento de las promesas de la Junta de Gobierno y el presidente, quienes aún no han dado razones suficientes para justificar el retraso de la distribución de fondos.
Sin lugar a duda, esta política alude a medidas de austeridad que atentan contra el derecho humano y constitucional a una educación accesible y de calidad, cuyo fin sea el pleno desarrollo de su personalidad, y al fortalecimiento del respeto de las personas y de sus libertades fundamentales.
Por lo tanto, hago un llamado al Sr. Jorge Haddock, al Sr. Ubaldo Córdova y al Sr. Jorge Perdomo para que atiendan esta situación a la mayor brevedad posible. Es momento de tomar con seriedad al estudiantado y conceder las ayudas económicas para sufragar los gastos necesarios. Somos el presente y futuro del país, universitarios con metas y sueños, dispuestos a devolverle a la universidad y a Puerto Rico lo que nos han dado a través de las distintas profesiones que ejerzamos.
Las expresiones vertidas en este escrito no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil.
MPFM
