Por: Randiel J. Negrón Torres
La Coalición del Sector Privado ha comenzado una campaña de presión al Gobierno de Puerto Rico para la pronta reapertura de la economía puertorriqueña en los próximos días. Portadas de varios periódicos de alta circulación en la isla amanecieron el pasado martes anunciando que el Covid-19 ha cedido en Puerto Rico y solicitando el regreso a la actividad económica. Esta campaña ha tomado mayor fuerza en las pasadas horas y responde a una iniciativa de la Coalición del Sector Privado que comenzó a principios del mes de abril cuando el grupo redactó una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que solicitaban el regreso de la actividad económica de manera paulatina. Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico dio paso a la creación de un task force económico compuesto por 57 personas entre las cuales hay representantes de distintas agencias gubernamentales, solo seis economistas, un representante de la clase trabajadora y lxs demás son empresarixs. Ningunx de lxs miembrxs pertenece a la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
El task force redactó un documento dirigido a la gobernadora en el que solicitan un plan de acción bastante parecido al redactado por la Coalición. Muchas de las organizaciones que pertenecen a la Coalición desfilan en la lista del task force económico; como por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Asociación Farmacéutica, la Asociación de Hoteles y la Asociación de Industriales, etc. Entre las medidas que propone este grupo de empresarixs observamos, entre otras, la apertura de todos los comercios que vendan artefactos electrónicos, apertura para todas las empresas de manufactura y permiso para operaciones de los demás comercios con menos de 10 empleadxs (incluyendo los gimnasios) para principios de mayo; a partir del 16 de mayo, proponen la apertura de los cines y centros comerciales.
Es una medida contraproducente para combatir el coronavirus
Recientemente, el Secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, reconoció que el Departamento de Salud ha informado erróneamente la cifra de casos positivos al coronavirus en Puerto Rico.
La cifra que supera los mil casos contiene doble, y hasta triple, conteo. Otros casos positivos también pueden no estar contados. Ante la realidad del incompetente manejo del Departamento de Salud que carece de datos certeros y continúa siendo la jurisdicción que menos prueba realiza por número de habitantes en toda la nación (en nuestro país no se realizan pruebas para coronavirus si la persona no presenta los síntomas), preocupa aún más los efectos que pudiera tener la reapertura de la mayoría de los comercios que no son catalogados como esenciales.
Este discurso de la reapertura de la economía ha tenido mucho auge en la población estadounidense en los últimos días. Seguidores del presidente Donald Trump se han tirado a la calle para manifestar su deseo de regresar a su centro de trabajo consignando que el distanciamiento social es parte de una agenda comunista que intentar desestabilizar el gobierno capitalista de ese país. Trump ha canalizado sus esfuerzos en dirigir una campaña en contra de China acusándo al país de originar el virus para acabar con la economía estadounidense. El presidente se ha reusado a aprobar una cuarentena a nivel federal y aboga por la reapertura de la economía a corto plazo. El epidemiólogo de la Casa Blanca, y asesor de Trump, Anthony Fauci, difiere con el presidente. “A menos que reduzcamos el virus, no habrá una reapertura real de la economía. Por lo tanto, si actuamos prematuramente, si creamos una situación que provoque un repunte del virus, eso será contraproducente”.
En el caso de Puerto Rico, la presión de la clase empresarial para reabrir los comercios no cuenta con el apoyo de la población, según una encuesta de Telemundo Puerto Rico. El 85 por ciento de las personas que respondieron a la pregunta contestaron que no se deberían abrir los negocios. Esta negativa se puede deber a la consciencia colectiva de que el gobierno de Puerto Rico no está manejando la pandemia de la forma correcta, a lo que se le añade la irregularidad transacciones para la compra de pruebas. Llama la atención este dato porque la mayoría de las personas que trabajan en Puerto Rico no han comenzado a recibir las ayudas federales aprobadas en el CARES Act. y tampoco fueron beneficiadas por el paquete de ayudas económicas aprobado por el gobierno en conjunto con la Junta de Control Fiscal. La rama legislativa no ha dado paso a varios proyectos que buscaban la protección económica y de salud para la clase trabajadora, por ejemplo cuando no aprobaron la licencia de 20 días de enfermedad en caso de que una persona sea contagiada con coronavirus y cuando rechazaron un proyecto que buscaba mantener un ingreso básico mientras durara la pandemia.
La mayoría de los países alrededor del mundo basan su lucha en contra del virus en tres principales acciones: activar un estado de cuarentena, dirigir la acción gubernamental en realizar las pruebas y aprobar medidas económicas en pro de la clase trabajadora. La población puertorriqueña está acatando las medidas drásticas del confinamiento, pero el gobierno no ha realizado eficazmente su parte en las otras dos medidas. Reabrir los comercios que no son esenciales es un estímulo para que la gente realice actividades comerciales que, en un sistema capitalista, benefician únicamente a lxs dueñxs de los medios de producción.
Esta actividad comercial provocará un suicidio colectivo cuando miles de personas sientan ese estímulo de salir a la calle, tener interacciones sociales y se vuelva a disparar la curva de contagios. En ese momento la actividad económica tendrá que volver a paralizar, y los hospitales y el sistema de salud colapsarán. La solución pudiera ser, abrir parcialmente la actividad económica durante el periodo de una semana y mantener las medidas de confinamiento de regreso por un par de semanas.
Se utilizaría esa semana de apertura para estudiar el comportamiento de la curva y posteriormente buscar la vía más segura con esos datos. La protección de la clase trabajadora es indispensable para superar la crisis. Regresar a los centros de trabajo sin las garantías de una protección médica es arriesgado. El salario mínimo en Puerto Rico es muy irreal dentro del costo de vida, y el tratamiento por coronavirus es demasiado costoso. La orden ejecutiva debe exigir un protocolo detallado para la protección de empleadxs que regresen a sus centros de trabajo, incluyendo a quienes no han parado de trabajar para evitar otro caso como lo sucedido con la cadena de restaurantes Metropol. La misma Coalición del Sector Privado se expresó en contra del aumento del salario mínimo a tiempo y medio para las personas que trabajen durante la pandemia. No buscan una reapertura de la economía puertorriqueña, buscan cumplir con sus proyecciones de ganancias para el año 2020. Recordemos que en guerra avisada muere menos gente, y la guerra contra el virus comenzó hace más de cinco semanas.
Las expresiones vertidas en este escrito no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil.
ZNCV
