Por: Allison N. Martínez / Twitter: @allinicole_15
Foto: Radio Isla
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que ayer fue referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), el informe de la investigación preliminar en torno a la otorgación de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año académico de 2015-2016.
“Referimos a la atención de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente el informe preliminar detallado, según requieren los Artículos 4 (1) y 5 de la Ley 2 del 23 de febrero de 1988. Una vez concluida la investigación preliminar, recomendamos la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), por entender que existe causa suficiente para investigar si el expresidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, utilizaron los deberes y las facultades de sus cargos para obtener -directa o indirectamente- beneficios a favor de una persona privada en contravención al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico” explicó la Titular de Justicia en declaraciones escritas.
“En el caso del expresidente, también lo estamos refiriendo por posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal de 2012 (Malversación de fondos públicos). Además, referimos al expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Dr. Jorge Sánchez Colón, ya que pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2(s) de la misma ley, consistente en haber incurrido en acciones que ponen en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, detalló Vázquez Garced.
Este informe se radica dentro del plazo concedido por el Panel sobre el FEI, mediante resolución el 9 de marzo de 2017, estableciendo como fecha límite el 5 de abril de 2017.
Destacó que la investigación estuvo paralizada por instrucción del pasado secretario de Justicia, Lcdo. César Miranda, desde el 16 de noviembre de 2016, hasta el 23 de febrero de 2017, fecha en la cual se identificó como pendiente en el Departamento de Justicia.
“Con el compromiso de la transparencia y para conocimiento del pueblo de Puerto Rico, los resultados de las mismas se darán a conocer una vez el caso esté listo y tengamos el quantum de prueba requerido. Una vez radicado el informe, el Departamento de Justicia pierde jurisdicción, correspondiendo al PFEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos penales”, aclaró Vázquez Garced.
A cargo de la investigación, estuvieron la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal y la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, con el apoyo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
