Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Adrián Rivera Ferrán/Pulso Estudiantil
La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, avisó hoy que no usará la fuerza de la Policía de Puerto Rico para intentar abrir los portones de los recintos cerrados.
No obstante, no dejó claro qué acción tomaría si la demanda que enfrenta va en su contra y, como exige, tenga que abrir los portones del Recinto de Río Piedras.
«No. Nuestra política es de convivencia, diálogo y mediación», contestó Fernández Hernández ante preguntas hoy en conferencia de prensa en Administración Central, junto con representantes, rectores y rectoras de los recintos del Sistema UPR.
«La política de convivencia no reconoce el uso de la Policía».
Ante esto, se le cuestionó que método usaría si la jueza Lauracelis Roques Arroyo —del Tribunal de Primera Instancia de San Juan— resuelve la demanda Menéndez y otros vs. UPR en su contra, a lo que la aspirante a presidir formalmente la institución dijo no poder comentar.
«No puedo, en este momento, anticipar nada que no sea mantenernos en la política de convivencia, mantenernos en la política de no confrontación, y apostamos al diálogo y a la mediación. Esa es nuestra posición. Eso incluye al Recinto de Río Piedras e incluye esfuerzos por su rectora [Carmen Rivera Vega]», insistió. La decisión de la demanda se sabrá por escrito, según anunció Roques Arroyo en la vista del pasado martes.
De igual forma, Fernández Hernández no contestó si se ha contemplado uno de los requerimientos para que acabe la huelga sistémica decretada anoche en Asamblea Nacional Estudiantil, pero que también se había aprobado en asamblea del campus riopedrense: no sancionar a los estudiantes participantes de la paralización. Sin embargo, mencionó las acciones tomadas por el estudiantado como unas cobijadas por la constitución.
«Nosotros somos una institución que respetamos las ideas [y[ somos tolerantes a las posturas, siempre y cuando estemos en un escenario democrático donde se permita escuchar el que está a favor de una postura y también al que tenga otra idea. Eso es lo que buscamos como Universidad’, mencionó.
Asimismo, reiteró que le toca al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y su equipo decidir la ruta que tomarán en torno a una posible auditoría de la deuda. Hizo referencia a la Certificación #99 2016-2017 de la Junta de Gobierno (JG), que pidió al primer ejecutivo que verifique los $70 billones. «Está establecido ahí. Está contestado» se limitó a decir.
Recortes a la UPR
Norberto González, director de la oficina de finanzas de Administración Central, informó que los recortes que se le harán a la academia se están trabajando en conjunto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y su representante, Alejandro Camporreale.
«La cantidad específica de recortes específica que viene a la Universidad la estamos trabajando con el grupo de Aafaf, que son nuestros contactos principales con el gobierno central. Las partidas de la universidad, aunque están en el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) no están específicas, porque están junto a otras», aclaró el funcionario.
«Para nosotros, tenemos que identificar exactamente cuánto es la cantidad para cada uno de los años fiscales que están incluidos en ese plan fiscal».
González entonces apuntó que para el año 2017-2018 serán reducidos de la Universidad de $149 a $201 millones. La academia recibe fondos, a parte de los recaudos propios, dinero de tres formas:
- Fórmula 9.6% = deja $833.9 millones (lleva congelada desde 2014). Esta sí sufrirá cambios, según el directivo.
- Resoluciones Conjuntas legislativas = $38 a $40 millones al año. Se espera que no cambie.
- Ley de Juegos de Azar, vía la Compañía de Turismo = $60 a $62 millones anualmente. Se espera que no cambie.
«Los recortes [de la fórmula] serán progresivos a través de los diez años del Plan Fiscal», de acuerdo con González.
