El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, solicitó a la Junta de Gobierno (JG) de la institución detener el pago de nómina, beneficios marginales o cualquier otro gasto para el personal de la UPR en Ponce, Arecibo, Humacao y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) por los periodos en los que cada unidad permaneció cerrada entre los meses de agosto y noviembre del 2019.
Según la carta que Haddock Acevedo envió al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter O. Alomar Jiménez, los períodos en los que se interrumpieron las labores son del 13 al 16 de agosto, en la UPR en Ponce; el 21 y 22 de agosto, en la UPR en Arecibo; el 4 y 5 de noviembre, en la UPR en Humacao; y el 13 y 14 de noviembre, en el RUM, respectivamente.
Durante esas fechas, el estudiantado de las unidades aprobaron paros de 36, 48 y 72 horas para denunciar la falta de información respecto a una nueva política de ayudas económicas en la Universidad, y por los recortes al presupuesto de la institución aprobados por la Junta de Supervisiónl Fiscal y la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El documento en poder de Pulso Estudiantil detalla que la petición se basa en la Ley 90 de 2017 que establece que la Junta de Gobierno de la UPR estará obligada a detener inmediatamente “el desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la Universidad” en aquellas unidades donde, por primera vez en el semestre, se detengan las labores durante un plazo mayor a 72 horas como consecuencia de un paro, huelga, manifestación o conflicto.
La solicitud del presidente de la UPR fue evaluada en una reunión del comité de Apelaciones y Ley y Reglamento de la JG el pasado jueves, 23 de enero. Sin embargo, según fuentes de Pulso Estudiantil, hubo discrepancias sobre la recomendación de la medida entre los miembros del comité, que está compuesto por el representante estudiantil graduado, Jorge L. Rivera Velázquez; el representante claustral el doctor Alan L. Rodríguez Pérez; y los representantes del gobierno, el ingeniero Emilio Colón Beltrán y la licenciada Zoraida Buxó Santiago.
El comité sostendrá una reunión mañana, martes, en la que será considerada la solicitud del presidente de la UPR por segunda ocasión.
De aprobarse la solicitud de Haddock Acevedo, la Junta de Gobierno deberá autorizar el pago únicamente al personal académico que haya tenido “la intención clara y convincente de continuar con la prestación de los servicios académicos”, según dispone la legislación. La ley también establece que los casos en que la prestación de servicios haya continuado sin interrupción, y se certifique según las normas aprobadas por la Junta de Gobierno, se autorizará el pago.
Asimismo, la ley 90 de 2017, que enmienda la ley de la Universidad de Puerto Rico, tiene como propósito detener cualquier manifestación que impida las operaciones de la universidad pública, según la exposición de motivos de la medida.
GCP
