Jorge Haddock Acevedo, expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentó, el martes, una demanda federal en contra de la Junta de Gobierno de la institución, reclamando 5 millones por daños y perjuicios.
Los demandados son: Emilio Colón Beltrán, expresidente de la Junta; Mayda Velasco Bonilla, vicepresidenta del ente rector; Mayra Olavarría Cruz, presidenta interina de la UPR; Walter Alomar Jiménez, expresidente de la Junta; y Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La demanda, de la cual su esposa María Haddock, también es demandante, surgió luego de que Haddock Acevedo fuera destituido por la Junta como presidente de la UPR el pasado 2 de julio, acortando su período al mando que de acuerdo con el contrato, se extendía hasta el 2023. Según la demanda, la razón del despido fue por no ceder a presiones político partidistas para favorecer nombramientos y contratos de confianza.
El documento exhibe que Alomar Jiménez le solicitó, en numerosas ocasiones, a Haddock Acevedo que facilitara y organizara la concesión de contratos por parte de la Universidad a personas y entidades afiliadas al PNP, solicitudes que el entonces presidente ignoró repetidamente.
Entre estas, en 2019, Alomar Jimenéz le exigió a Haddock Acevedo que seleccionara a Wilma Santiago Gabrielini, en ese entonces rectora interina del Recinto de Mayagüez (UPRM), para el puesto oficial, pues pertenecía al PNP. Luego de un proceso de evaluación, Haddock Acevedo seleccionó otro candidato.
“Cuando Alomar se enteró de que Haddock no recomendaría a Wilma Santiago para el puesto de rectora, se enfureció y exigió que Haddock recomendara a Wilma Santiago para ese puesto, que él (Haddock Acevedo) tenía que aceptar las recomendaciones del PNP para la designación de candidatos para puestos claves en la Universidad”, lee el documento.
Haddock Acevedo alegó en la demanda, las presiones en las que Alomar Jiménez le ordenaba a contribuir con el nepotismo en la Isla.
Al no ver participación para ofrecer los contratos, en junio de este año Colón Beltrán, el entonces presidente de la Junta, recibió instrucciones de Marrero Díaz, actual Secretario de Estado, para despedir a Haddock Acevedo. Durante el pasado julio se hizo oficial la terminación de su cargo.
“Cuando se escribió la carta el 2 de julio de 2021, la Junta de Gobierno no había sido debidamente convocada para discutir la terminación de Haddock como presidente, la Junta no había votado para terminar a Haddock como presidente de la Universidad, la Junta no había preparado un informe con la evaluación del desempeño de Haddock, ni habían discutido esa evaluación con Haddock, como lo requiere la Sección Decimocuarta del Contrato”, expone el documento.
Según la cláusula decimocuarta del contrato de Haddock Acevedo como presidente de la UPR, la cancelación del mismo sólo tiene lugar si: Haddock incurrió en negligencia, violó alguna condición de su contrato o no cumplió con las normas institucionales en cuanto a sus deberes y obligaciones, después de haber sido notificado por dicha infracción o conducta y haber tenido la oportunidad de expresarse sobre tales presuntas violaciones; o si Haddock Acevedo falla tres evaluaciones anuales consecutivas de su desempeño, con derecho a una audiencia sobre las razones de la terminación del contrato.
El contrato fue rescindido por Colón Beltrán y Velasco Bonilla sin otorgarle una audiencia a Haddock Acevedo, tal como requiere el acuerdo. Tampoco imputaron al expresidente con algunos de los hechos o conductas contempladas como causa de rescisión del contrato, según establecido en la cláusula.
Solicitan investigación
Por su parte, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto riopedrense solicitó a los presidentes de ambas cámaras de la asamblea legislativa que realicen una investigación sobre los alegados actos de Marrero Díaz que presenta la demanda.
Dichas acusaciones constituyen una posible violación al estándar número siete sobre gobernanza institucional exigido por la Middle States Commission on Higher Education, según un comunicado de prensa del CGE.
“Toca al tribunal confirmar o negar la argumentación del doctor Haddock Acevedo. Sin embargo, intromisiones político-partidistas basadas en beneficios individuales son las que han puesto nuestra universidad en el panorama que hoy se encuentra”, expresó Delvin Caraballo Rodríguez, representante estudiantil ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras.
Según las declaraciones escritas, también se exhorta que en la investigación legislativa, se cite a todas las personas señaladas en la demanda Haddock Acevedo, y que se refieran a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para investigar alegaciones de discrimen por razón política, que ocasionaron la salida de la periodista Istra Pacheco de la posición de comunicadora en la Administración Central de la UPR.
