La fiscalía federal dejó impune a los profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que participaron, en el 2011, en investigaciones subvencionadas por organizaciones intergubernamentales (OIG), y que presentaron informes falsos acerca del tiempo y esfuerzo del uso de los fondos, provenientes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés).
En el caso, que no fue procesado criminalmente, la fiscalía federal decidió que la UPR entregara, al gobierno de Estados Unidos, el pasado 21 de noviembre $1.8 millones, como parte de un acuerdo.
La investigación contra los educadores reveló que las certificaciones que entregó la UPR respecto a la nómina de las distintas subvenciones del año académico 2011 no coincidían con los montos reportados a la NASA, el DOE y la NSF.
Por su parte, la NSF visitó la UPR antes de la investigación e identificó irregularidades. Junto a otras OIG que proporcionaron fondos, requirieron documentos a la Universidad a través de un citatorio, y entrevistaron empleados. Luego, refirieron el caso a la fiscalía federal, que, debido al acuerdo con la institución universitaria, la NSF recibió $800,000 de los $1.8 millones.
Reacción de la UPR
La administración de la UPR no ha tomado acción contra los profesores acusados de fraude.
No obstante, la representante claustral ante la Junta de Gobierno, la profesora Mayra Olavarría Cruz, expresó en entrevista con Hoy en las Noticias, de la estación Radio Universidad, que buscan remediar la situación.
“Los representantes claustrales ante la Junta de Gobierno hemos trabajado con el tema. Se elevó una certificación, la numero 29 de Junta Universitaria 2018-2019. Se elevó a la junta de Gobierno, y allí se aprobó esa certificación que pide que se investiguen ambos casos y que se tomen las medidas, ya sean criminales o económicas de restitución de fondos, contra estas personas involucradas”, dijo Olavarría Cruz.
Además, la también doctora en Psicología explicó que dos de las personas involucradas en la investigación no están bajo la jurisdicción de la Universidad: uno de ellos se retiró, y la otra persona no trabaja en la UPR. Sin embargo, añadió que los representantes claustrales elevaron “a presidencia esa resolución”, y están “en espera de que se haga la investigación y que se tomen medidas contra ellos”.
Por otra parte, uno de los involucrados formará parte del Comité de Ciencias, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes federal, informó, el 10 de junio, el portal Press Release. Ante la noticia, Mayra Olavarría Cruz sostuvo: “Hasta que las personas no salgan a la luz quiénes son los que incurrieron en esa conducta les asiste su derecho de seguir trabajando, de seguir estando en la Universidad y seguir haciendo las investigaciones y lo que sea. Ahí lo que aplica es que esta investigación se haga lo más rápido posible y que se determine qué vamos a hacer con estas personas, y una posibilidad es que ya no estén ahí y no estén haciendo trabajos a nombre de la Universidad, y en la Universidad”. Además, explicó que no pueden sancionar a los profesores “previo a que se conozca quiénes son y cuál fue su participación en ese asunto”.
Editado por: Ángeles R. Rodríguez Negrón
