La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) exigieron un cierre de actividades públicas en denuncia a la incapacidad del Gobierno de Puerto Rico en combatir la alza de contagios por COVID-19 durante las últimas semanas.
La presidenta de la Heend, Jannell M. Santana Andino, solicitó, en un comunicado de prensa, medidas concretas al gobierno debido a la época navideña que se aproxima y la fatiga que cargan el personal médico, enfermeros y otro personal especializado.
“No podemos esperar al colapso de los hospitales ni del personal. Los contagios no paran y siguen subiendo las hospitalizaciones, la gente en intensivo y las muertes. Puerto Rico está enfrentando una escalada. Estamos entrando al período más crítico de la pandemia y no vemos una respuesta del gobierno”, declaró Santana Andino en expresiones escritas.
De igual forma, alarmó sobre la bandera roja que emitió los Centros de Enfermedades Contagiosas (CDC) sobre viajes a Puerto Rico como una señal de que el gobierno está perdiendo control de la situación, un riesgo que vulnerabiliza a la Isla ante una reducción constante en la cantidad de profesionales de la salud.
“La gobernadora debe escuchar la voz de los expertos médicos. Es momento de actuar a favor de la salud de la gente”, sostuvo Santana Andino.
Por su parte, la APPU advirtió sobre el incremento prolongado de casos por COVID-19 durante más de un mes y reclamó al gobierno que le dé prioridad a la salud de los puertorriqueños.
“En Puerto Rico llevamos más de un mes con un incremento constante en el número de contagios de COVID19, hospitalizaciones y, más triste aún, muertes por causa del COVID 19. Es momento de poner la salud de todas las personas que residimos en el archipiélago puertorriqueño por delante de cualquier otra consideración económica y política”, señaló en expresiones escritas el presidente de la asociación, Ángel Rodríguez Rivera.
El cierre propuesto por la APPU exige la participación activa y responsable del Gobierno en la protección de las condiciones de vida de los sectores empobrecidos de Puerto Rico.
“No es solamente el asunto de la inmediatez salubrista. Cerrar el país implica que el Gobierno tiene que tomar acciones afirmativas para que la pobreza no se siga agudizando a causa de la pandemia. Exigimos que el Gobierno de Wanda Vázquez use dinero separado para pagar a los bonitas para asegurar que ningún/a puertorriqueño/a tenga que pasar necesidades económicas por culpa de la pandemia y de las medidas necesarias para atajar este problema. El Gobierno tiene que asegurarse de que ningún/a puertorriqueña tenga que decidir entre pasar hambre o mantenerse saludable. Esa es una decisión imposible de tomar y violenta los más elementales derechos humanos de cualquier población”, afirmó Rodríguez Rivera.
La APPU mostró su completa disposición en participar en el proceso de ayuda al gobierno y recomendó buscar alternativas al toque de queda.
“La salud pública, ni ningún otro elemento, deben usarse como excusa para la eliminación permanente o temporera de derechos democráticos de cualquier población. Toques de queda implican la ausencia de derechos democráticos. Llevamos 8 meses en esta situación. Debemos dar paso a otras alternativas. Confiemos en los/as puertorriqueños/as. La desconfianza, represión y los ejercicios de culpar a la población han sido infructuosos. El Gobierno tiene que hacer algo distinto. Estamos en la disposición de participar en el proceso”, puntualizó.
