La investigación “Vulnerabilidad en personas con desórdenes de adicción en Puerto Rico: su relación con la trata de personas” del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reveló una violación de los derechos de las personas sin hogar y con trastornos de adicción a drogas, participantes de proyectos de traslado de Puerto Rico a Estados Unidos, a través de conductas ilegales y actuaciones delictivas, incluyendo posible trata humana.
Ante la necesidad de documentar la naturaleza y los efectos de las operaciones de los proyectos de traslado en Puerto Rico y Estados Unidos, el estudio, conducido por los catedráticos de la UPR Carmen E. Albizu-García y Oscar Miranda Miller, se enfocó en explorar los gestores, el modo de operación, las experiencias de los reclutados y la motivación detrás de los programas de traslados de personas sin hogar con trastornos de abusos de sustancias.
Ambos catedráticos coincidieron en que “la prevalente norma social que considera a las personas victimizadas como carentes de valor y prescindibles pueda superarse y resulte en acciones decisivas para hacer valer sus derechos a justicia social y de salud.”
El estudio confirmó que cientos de personas, principalmente sin hogar y desórdenes de adicción, fueron trasladas a hogares no reglamentados en varios lugares en Estados Unidos, carecían de acceso a tratamientos efectivos y eran víctimas de marginación social y discriminacion.
A través de testimonios y fuentes de índole científico, gubernamental y periodístico, la investigación dedujo que estos proyectos de traslado, gestionados aparentemente por entidades públicas, no-gubernamentales y religiosas, se condujeron bajo esquemas engañosos que incrementaron la situación de vulnerabilidad de las víctimas que permanecieron sin acceso a mejores oportunidades de tratamiento.
De acuerdo con la investigación, la promoción de estos proyectos de traslado se relaciona a un estigma contra las personas con trastornos de uso de sustancias, particularmente de opioides, tipo de droga que incluye la heroína, al punto de limitar su acceso a tratamientos efectivos basados en medidas aprobadas por entidades científicas y de salud.
Albizu-García y Miranda Miller acordaron que esta problemática amerita de acciones gubernamentales y medidas de política pública para resolverse. Por esta razón, refirieron un reporte del estudio a funcionarios políticos, entidades del gobierno y a organizaciones sin ánimo de lucro para involucrar a estos sectores en la búsqueda de soluciones.
Cabe mencionar que ambos catedráticos recomiendan que se retome la Resolución del Senado 95, que pretende investigar exhaustivamente los programas de rehabilitación en Estados Unidos utilizados por el Gobierno de Puerto Rico para las personas adictas a las sustancias controladas en la Isla, para enmendar ciertas leyes que prevengan la vulnerabilización de estos individuos.
“La situación amerita esfuerzos intersectoriales del estado y de organizaciones no-gubernamentales, incluyendo la reforma de leyes de control de drogas que parten de posturas ideológicas y moralistas, en lugar de principios de salud pública, y de aquellos consensuados basados en evidencia científica”, concluyeron Albizu-García y Miranda Miller.
