Por: Yulianna Otero Asmar
Según las propias proyecciones del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), del 2017 al 2026, habrán cerrado más de 500 escuelas, afectando a miles de estudiantes, para cumplir con los planes fiscales propuestos por la Junta. Con la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, el gobierno se verá obligado a hacer todavía más recortes en la educación pública para poder cumplir con los pagos insostenibles que conlleva el mismo. Desafortunadamente, estas medidas de austeridad en la educación, y por consecuencia su impacto en la educación sexual, proponen un futuro incierto para la juventud puertorriqueña. De manera especial, afectará a las mujeres y personas gestantes jóvenes, pues la falta de estos servicios les conlleva a sufrir alto riesgo de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, inseguridad y violencia en relaciones, entre otros riesgos físicos y emocionales.
Actualmente, la educación sexual en Puerto Rico se ofrece de manera incompleta, superficial, y hasta tardía cuando ya les jóvenes están actives sexualmente. Un efecto de esto es que, en el 2019, 1,876 de jóvenes puertorriqueñas entre las edades de 15 a 19 años dan a luz a embarazos no planificados. Los embarazos no deseados en jóvenes de estas edades obligan muchas veces a que abandonen sus estudios. Más allá, por su edad, estas comúnmente sufren complicaciones en el parto que causan grandes riesgos a su salud y hasta la mortalidad materna e infantil. Otro efecto recae en que miles de jóvenes en escuela superior han sobrevivido algún tipo de maltrato o violación en relaciones. Aunque la política pública de la educación sexual de la isla exige la capacitación del magisterio en estos temas y supervisión de la implementación adecuada de la política, esto no ocurre en gran parte de las escuelas. Según Ortiz Resto, (2017), una buena educación sexual en el país “requiere de una gran reestructuración del Programa de Salud Escolar y una inversión económica” significativa. Con los continuos recortes educativos presentes y futuros, la ya precaria educación sexual se verá aún más afectada, impactando especialmente la vida y seguridad de la juventud.
Para atender esta problemática, las comunidades escolares que participaron del estudio de Ortiz Resto resaltan que se debe “reglamentar formalmente la enseñanza obligatoria de salud sexual en todos los grados y niveles educativos acorde con las dudas, necesidades y problemáticas de la población estudiantil.” Por esta razón, es de suma importancia que, como jóvenes, luchemos por escuelas que velen por la salud sexual de nuestres pares, ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana. Como ejemplo, podríamos redactar un proyecto de ley que prohíba más cierres y recortes a la educación irrespectivo de la posibilidad de impago de la deuda, y vele especialmente por un currículo exhaustivo de salud sexual compulsorio (con perspectiva de género y los requisitos internacionales de derechos humanos). Más allá, basado en la recomendación de Ortiz Resto, el proyecto debe exigir personal capacitado (psicología, trabajo social, etc.) en las escuelas para asegurar y apoyar al magisterio en la implementación adecuada de la política. Para asegurar el adiestramiento y la implementación adecuada, podríamos exigir la creación de un comité de educadores (podría ser del Comité PARE) que se asigne a brindar talleres de adiestramiento en las escuelas del país. También, crear programas de voluntariado en nuestras universidades para aliarnos con las escuelas cercanas, proveer talleres de adiestramiento, y establecer programas de monitoreo y evaluación continua de la política.
Si bien el Plan propuesto solamente empeorará la situación de la juventud puertorriqueña ya vulnerabilizada, tenemos la responsabilidad de luchar por poner a nuestra juventud primero, exigiendo la cancelación de la deuda y priorizando los servicios esenciales que protejan la vida y el desarrollo seguro y justo de las mujeres y les jóvenes gestantes en Puerto Rico.
