La atropellada aprobación del nuevo Código Civil, firmado el 1 de junio por la gobernadora no electa Wanda Vázquez Garced, ha suscitado, sobretodo, confusión. Más allá de los problemas de estructura y contenido del documento, es importante observar el proceso de aprobación de este, que dice mucho sobre la falta de compromiso democrático del gobierno de turno con la ciudadanía.
El documento aprobado nunca pasó por vistas públicas. Luego de un constante ir y volver entre la Cámara de Representantes y el Senado, fue enmendado múltiples veces sin tomar en consideración las voces ciudadanas. En el último momento, aprobaron un borrador que no estuvo disponible de inmediato y que había sufrido enmiendas en el mismo piso del Senado.
Nunca hubo reunión con los grupos que Wanda Vázquez alega haber escuchado. Nunca hubo contestación a las cartas enviadas por diversas asociaciones de derechos civiles como El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) en donde exponían puntualmente los artículos problemáticos de la nueva pieza legislativa.
A tres días de su aprobación, siguen surgiendo voces expertas que afirman que este Código es un error. CABE, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y el CAAPR han sido algunas de las organizaciones de derechos civiles que se han expresado en contra de este Código Civil. Sobre estas organizaciones, junto a otros catedráticos y catedráticas de derecho, ha recaído la responsabilidad de desmentir las alegaciones de la gobernadora y de explicar el contenido confuso, contradictorio y ambiguo del documento jurídico.
Algunos señalan que este Código aprobado es un avance y que es mejor que el que teníamos. Aunque no se puede negar que, en efecto, hay ciertas mejoras, es importante recalcar que NO es el Código que merecemos. De hecho, es un Código incompleto, que no incluye un historial legislativo, que tiene problemas procesales, de estructura y de contenido, y que, según advierte el portavoz de CABE, Osvaldo Burgos, “resultará en litigios en los tribunales que le costarán al pueblo cuando el gobierno tenga que defender su constitucionalidad, ya que hay derechos que son vulnerados”.
La promesa de futuras enmiendas demuestra que fue un error firmarlo. ¿Cómo es posible que se apruebe un documento a sabiendas de que va a necesitar cambios inmediatos? A esto, se le suma el corto periodo de 180 días antes de que entre en vigor, periodo que, según líderes del CAAPR, debería ser extendido por lo menos a un año.
Luego de que el Senado aprobara, hace tres semanas, la ahora versión oficial del documento, el descontento y el coraje reinó en las redes, al igual que la desinformación. Hoy, muchos se preguntan cómo es que el documento aprobado, según lo describió la gobernadora en su conferencia de prensa, resultó ser tan diferente a lo que se había visto en un principio en las redes sociales.
Si bien es cierto que habían circulado fotos con información incorrecta acerca del nuevo Código Civil, es importante subrayar que las atrocidades difundidas no fueron creíbles solamente por ingenuidad. Fueron creíbles porque eran posturas que ya habíamos escuchado antes en este gobierno, porque eran medidas que han estado impulsando desde hace años y porque sabemos que este gobierno es capaz de eso.
El liderato PNP, fundamentalista y homofóbico de este país ha amenazado, por años, los derechos adquiridos de las mujeres y de la comunidad LGBTTQI+. Hemos tenido que organizarnos en contra de proyectos de libertad religiosa, de prohibición del aborto y de legalización de las terapias de conversión. Estos temas no nos son ajenos, y por eso no nos sorprendió la posibilidad de que se plantearan nuevamente en esta versión del código civil.
A pesar de las mentiras afirmadas por la gobernadora no electa, este Código sí vulnera derechos, en la medida en que sus contradicciones complican el proceso jurídico y dan cabida a la discriminación. El nuevo Código Civil también promoverá controversias legales en la práctica del derecho de familia. Además, está lleno de silencios y ambigüedades que abren la puerta para que ocurran injusticias.
Sin duda alguna, la aprobación de este nuevo Código Civil, el documento jurídico de mayor importancia después de la Constitución, es un ejemplo más de cómo legisla este gobierno: atropelladamente, a base de mentiras y a espaldas del pueblo.
Las expresiones vertidas en este escrito no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil.
LDAP
