Por: Randiel J. Negrón Torres
No hay dudas de que la pandemia del Covid-19, mejor conocido como Coronavirus, afecta biológicamente a todo el mundo sin discriminar. Pero ¿el coronavirus afecta a todo el mundo por igual según el nivel de ingreso o el tipo de empleo? La respuesta es no. Una pandemia no es solo el virus que la caracteriza, sino la crisis que se genera alrededor de su propagación. Una pandemia arrastra consigo toda una serie de problemas entre los cambios que genera en la salud, el ordenamiento social y la economía en general.
Esta crisis ha agravado la situación económica de miles de personas que han perdido sus empleos y otras miles que han sido diagnosticadas con el virus alrededor de todo el planeta. La situación en Puerto Rico no es diferente a los países que no cuentan con planes de emergencia para tratar una crisis de salubridad, y nuevamente es la clase trabajadora quién más afectada se ve dentro de esa falta de preparación.
En Puerto Rico, al igual que el resto de los países en el continente americano, la situación se ha agravado en las últimas semanas. Las medidas del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus han obligado a cerrar pequeños, medianos y grandes comercios en el sector privado donde trabaja la mayoría de la población (más de 700,000 personas) . La Orden Ejecutiva, aprobada por la Gobernadora Wanda Vázquez, ha establecido un toque de queda y el cierre de aquellas empresas que no sean un servicio esencial. Una decisión muy reproducida en muchos países como método de evitar el contagio del virus. El Gobierno de Puerto Rico no ha establecido ninguna ayuda directa, más allá de la que se otorga por concepto de desempleo para personas asalariadas que están en el paro y para quienes se agrava la situación económica conforme pasa el tiempo y no generan ingresos.
La rama legislativa ha considerado varios proyectos relacionados a la emergencia provocada por el COVID-19. El pasado 19 de marzo la Cámara de Representantes aprobó el proyecto 2428 que permite a los patronos liquidarle a sus empleadxs cinco días de enfermedad en la emergencia, y luego liquidar las horas acumuladas en vacaciones. Inicialmente el proyecto otorgaba una licencia de enfermedad para 20 días, pero el Senado de Puerto Rico redujo la cantidad a cinco. Esta medida provoca que, al cabo de los cinco días, sea la misma clase trabajadora quién se subsidie y gaste los días de vacaciones acumulados hasta el momento. Luego de la Reforma Laboral de 2017, el número de horas necesarias para acumular días de vacaciones aumentó, lo que provoca que muchas personas cuenten con pocos o ningún día de vacación.
El mismo 19 de marzo, la Cámara derrotó el proyecto del Senado 1538 que establecía una garantía en el pago salarial de la fuerza laboral que se encuentra sin poder trabajar debido al toque de queda. El proyecto también establecía que los patronos no podían hacer liquidaciones en las licencias de enfermedad o vacaciones para las personas que no estén trabajando. Según el proyecto, ningún arrendador podía exigir el pago de renta a sus arrendadxs mientras durara la declaración de emergencia. Es de conocimiento público que estas viviendas son el hogar de la mayoría de la gente pobre y negra en nuestro país. El proyecto ni se discutió.
El 24 de marzo, el Senado aprobó, sin modificaciones, el plan establecido por la Gobernadora y la Junta de Control Fiscal que desembolsa una cantidad de 787 millones de dólares como parte de las medidas económicas para atender la crisis. La Cámara había añadido una enmienda para que se realizara un pago de $500 a todx empleadx del sector privado.
Esta enmienda quedó derrotada por el Senado. Así bien, el paquete establece una serie de incentivos económicos y garantía de pago salarial en el sector público. Entre ellas se destacan los 75.6 millones al Departamento de Seguridad Pública, 60 millones al Departamento de Desarrollo Económico para brindar un incentivo de hasta $1,500 a las pequeñas y medianas empresas y 112.6 millones al Departamento de Hacienda para un incentivo de $500 a personas que trabajan por su cuenta, muchas de estas personas no rinden información al Departamento de Hacienda por temor a resultar inelegibles para ayudas sin las que no pudieran llegar a fin de mes.
Otras determinaciones de la medida para atender la crisis es la otorgación de 124.2 millones al Departamento de Educación para la compra de equipo tecnológico, incluyendo tabletas electrónicas, y recordemos que bajo la administración de Julia Keleher se iban a comprar 140 mil tabletas ; 16.8 millones al Departamento de Corrección para brindar un incentivo de hasta $3,500 a los oficiales de corrección en servicio; y sólo 1.7 millones a la Universidad de Puerto Rico para financiar investigaciones relacionadas al Covid-19 etc. Ningún dólar de este paquete irá dirigido al bolsillo de la clase trabajadora asalariada del sector privado. Al menos no directamente.
La crisis del coronavirus es para la clase trabajadora
Entendiendo todas las consecuencias en la salud provocada por el COVID-19, es importante estar atentxs a las consecuencias económicas que la crisis provocará en nuestro país. Puerto Rico está en el top tres de los países con mayor desigualdad económica en el mundo, y tiene una deuda pública que supera los 70 mil millones de dólares. El coronavirus agudiza la situación financiera de las personas pobres, negras, excluidas de los medios de producción, aisladas de los espacios de poder, personas institucionalizadas y personas que se encuentran en su ‘etapa productiva’ que viven del crédito con obligaciones en préstamos, hipotecas etc.
Recientemente más de 2,000 empleadxs de la industria hotelera en Puerto Rico fueron cesanteadas de su trabajo a causa de la crisis del coronavirus. Hay que sumarle los despidos en masa en compañías grandes en los últimos dos años en la isla. Pero estos despidos en medio de la crisis que estamos viviendo en el 2020 no se limitan a las grandes corporaciones. Algunos economistas anticipan la cesantía de miles de personas en medianos y pequeños comercios en la isla, como ocurrió a principios de año a causa de los terremotos en el área sur.
Evidentemente las personas cesanteadas no son las únicas afectadas en el contexto laboral. Lxs empleadxs de la industria de restaurantes han sentido cambios drásticos en sus trabajos. Según la Orden Ejecutiva, esta industria tiene el permiso de operar al ser considerada como servicio esencial. Muchos establecimientos han cerrado por prevención de contagio o porque la situación no les es viable económicamente, algunos han redistribuido el personal en otros comercios, y otros han optado por mantenerse operando, arriesgando la salud del personal que confecciona los alimentos. La Orden Ejecutiva no contempla ningún protocolo de seguridad para que estos comercios aseguren la vida de su fuerza laboral. El miércoles 26 de marzo, la Gobernadora anunció que los supermercados cerrarán los domingos para garantizar el descanso de lxs empleadxs. Garantizar este derecho era también el objetivo, al menos en teoría, de la Ley de Cierre, que luego fue derogada con la Reforma Laboral de 2017. Por tanto, la reciente acción de la gobernadora demuestra que, en tiempos en los que está en juego la vida de todas las personas, Puerto Rico no cuenta con algunas protecciones laborales porque se han ido borrando del panorama en función del beneficio de los grandes intereses económicos.
Por último, el Gobierno de Estados Unidos aprobó el desembolso más grande de su historia al asignar 2.2 trillones de dólares para atender la crisis causada por el coronavirus. De este proyecto, irá dirigido un solo pago de $1,200 a cada persona mayor de 18 años con ingresos menores a los $75,000 anuales. Según Kaiser Family Foundation, el tratamiento para combatir el COVID-19 en los Estados Unidos, si los síntomas no son graves, podría ser de $9,764, pero, si se llega a complicar, podría ser de hasta $20,000. Toda esta situación sucede en medio del debate sobre un sistema de salud universal en los Estados Unidos.
Estamos muy lejos de países que se han posicionado del lado de sus pueblos y han establecido programas de ayudas para garantizar el bienestar económico y la salud de las personas más desventajadas. Nuestro gobierno está reaccionando a la crisis en lugar de tomar acciones para prevenirla. Muchos países como China, Corea del Sur, Singapur, Cuba y otros han establecidos planes muy diferenciados al nuestro con resultados más efectivos. En Puerto Rico llegó a haber más personas arrestadas que pruebas realizadas durante los primeros nueve días de implementada la Orden Ejecutiva que estableció el toque de queda el 15 de marzo. Esta es una estadística que debe entenderse desde la perspectiva de mundo que tiene la administración gubernamental. El Gobierno tardó mucho en comenzar a realizar pruebas, aunque fue de los primeros en activar un toque de queda de dudosa constitucionalidad. Estamos encerradas en nuestras casas. Algunas chispas de acción social representadas en cacerolazos, que siempre han sido desde la comodidad del hogar, y mensajes en redes sociales no garantizan una mejor dirección en el manejo de la situación alrededor del coronavirus. Debemos repensar en quién nos gobierna y para quién gobierna. Después de todo, los grandes cambios se dan en tiempos de crisis, y la clase trabajadora organizada ya ha curado otros virus en el pasado. Es momento de vernos en un sistema diferente, uno pos-capitalismo.
Las expresiones vertidas en este escrito no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil.
GCP
