Por: Eunice M. Ortiz Nieves
Puerto Rico se encuentra en su momento crítico a nivel fiscal, ocupando el tercer lugar en los países de mayor desigualdad económica en el mundo y el primero en toda América, según datos del Banco Mundial. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nos ha despojado del acceso a servicios de salud, vivienda, trabajo, salario digno y hasta de nuestras tierras. Nos ha impuesto el pago de una deuda pública ilegal de $70,000 millones que no ha sido auditada. La deuda pública ha producido unas políticas de austeridad que han impactado directamente la educación superior pública. Contexto que ha obligado a la juventud a asumir jornadas de trabajo dobles o triples para sufragar gastos universitarios. Es precisamente en ese escenario de opresión, pobreza y austeridad, donde la juventud le ha tocado vivir el día a día, a la vez que lucha por sus derechos humanos, de los cuales pasadas administraciones gubernamentales se han enriquecido.
El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), se ejecuta en un periodo donde la educación ha sido impactada con recortes de más de $96 millones menos en su presupuesto. El PAD establece una asignación presupuestaria de $500 millones por cinco años, siendo esto una disminución a una cantidad insuficiente para el funcionamiento adecuado de la universidad. De acuerdo con una investigación realizada por Kilómetro 0 “¿País de policías o de estudiantes y universidades?” durante el 2017 y el 2021 el Fondo General de la UPR se redujo hasta un 36%, mientras que al Negociado de la Policía recibió un aumento de un 26%. Múltiples expertos, como el director de la Oficina de Finanzas de la UPR, han expresado que la UPR no resiste un nuevo recorte presupuestario, el cual se traduce en aumento de matrícula, disminución de programas académicos, pérdida de acreditaciones, menos oportunidades para el estudiantado y como desenlace, la privatización o cierre de la universidad.
El activismo de la juventud puertorriqueña por el acceso a servicios esenciales, por ejemplo, a la educación pública, se ha convertido en un mecanismo de defensa ante el trágico escenario que le ha correspondido forjar su futuro. La lucha estudiantil contra el Plan de Ajuste de la Deuda ha sido fundamental para denunciar la importancia de la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial y exigir los recursos necesarios para continuar con su misión educativa y social. Desde manifestaciones, paros y huelgas indefinidas son tan sólo algunos mecanismos de organización universitaria frente a los recortes presupuestarios a la UPR. La comunidad estudiantil ha sido enfática en que las medidas de austeridad hacen cada vez menos accesible la educación superior pública y pudiesen desembocar la desaparición del primer centro docente del país.
La educación pública es una herramienta para fomentar el desarrollo de profesionales en diversas áreas que aporten a la transformación de las sociedades. Aporta a la erradicación de problemáticas sociales que reproducen la desigualdad y la opresión que nos mantienen en el estatus quo. La solución no está en reducir presupuesto, privatizar o cerrar la UPR, sino despolitizar y asignar los fondos correspondientes para el funcionamiento máximo de sus recintos. De manera que, la educación continúe siendo herramienta indispensable para la construcción de una mejor sociedad puertorriqueña.
Es necesario exigir y ocupar los lugares de gobernanza de la universidad, de manera que podamos incidir en las decisiones que afectan a la comunidad universitaria. Crear alianzas entre organizaciones estudiantiles para elaborar estrategias dirigidas a exponer las razones por las que la UPR debe declararse como un bien esencial para el desarrollo socio-económico del país. Involucrarse en la política pública de la universidad como la Reforma Universitaria dirigida a establecer a la UPR como un bien esencial para el desarrollo socio-económico de Puerto Rico, otorgar a la UPR una gobernanza autónoma y democrática y fortalecer su financiamiento restableciendo la fórmula original del 9.6%. Promover que se les dé la oportunidad a estudiantes en formación a proveer servicios gubernamentales remunerados, representando un ahorro en costos por servicios y una experiencia de preparación para estudiantes. En fin, priorizar la participación estudiantil en todos los escenarios posibles donde se gestionen esfuerzos para la continuidad de una educación pública accesible, gratuita, asequible y de calidad.
Continuemos la lucha por la educación pública como uno de los mecanismos más efectivos de organización para hacer posible una sociedad más justa, equitativa y participativa. La juventud está convencida que este no es el país que merecemos, por lo tanto, seguirán combatiendo contra cualquier injusticia que violente el derecho a formarse en la universidad pública. Como dice una consigna muy reconocida en las luchas sociales, ‘’esta lucha sigue, cueste lo que cueste.’’ Por una UPR accesible, gratuita, de calidad y posible para esta y las próximas generaciones. Sin universidad, sin acceso a la educación estamos perdidos, nos quedamos sin país y sin futuro.
