Contrario a lo establecido por la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el senador independiente, José Vargas Vidot, y el colaborador en asuntos legislativos de la Comisión Multisectorial de la Reforma Universitaria (CMRU), Ricardo Raola Don, negaron que el proyecto de Reforma Universitaria sea una amenaza para la acreditación de la institución educativa.
Ambos defensores del proyecto del Senado 172 responden a una misiva en la que la institución académica alega que las disposiciones de la medida “no cumplen con el Estándar VII de la Middle States Commission on Higher Education”.
El portavoz de CMRU explicó que la medida cumple con el estándar VII del Middle States porque hay una “autoridad nominadora clara y segundo, deja a la Universidad fuera de influencia política y partidista”.
Asimismo, el legislador independiente justificó que “ahora mismo, en la forma en que está constituida la gobernanza ha impedido que se nutra del personal que ha sido exigido por la Middle States (Commission on Higher Education) y agencias acreditadoras”.
Al reclamo por parte de la UPR de que la reforma crearía condiciones más burocráticas y trasladaría el poder decisional “a miembros que no tienen la responsabilidad fiduciaria”, Vargas Vidot respondió a Primera Hora que el propósito de la propuesta es “todo lo contrario” porque aumentaría la autonomía de la universidad y permitiría procesos más democráticos y despolitizados.
El nuevo proyecto evitaría que el gobernante de turno arbitrariamente escoja a los miembros de la Junta de Gobierno, a la que se le conocería como Consejo Universitario, y que estos sean cambiados en medio de cada transición gubernamental, mencionó el senador independiente.
Por su parte, los rectores también establecieron que la medida no cumple con las directrices de la Oficina del Contralor reunidas en su opúsculo Deberes, responsabilidades y funciones de los miembros de las juntas directivas de las corporaciones públicas.
Raola Don destacó que los cambios propuestos provocarán que puestos importantes en la UPR, como el de rector, ya no sean de confianza, sino ganados por méritos. “A nosotros nos parece que es la preocupación que ellos tienen”, comentó a Primera Hora.
Asimismo, la medida transferiría mayor peso a la Junta Universitaria en la que el estudiantado, los profesores y los rectores tienen más participación.
“La UPR responde a una estructura que es política y está ajena a la institución. Obviamente, algunas personas van a protestar, porque se despolitiza la UPR y deja de ser un zafacón para políticos perdidos y fracasados”, afirmó el senador a Primera Hora.
La Reforma Universitaria mantendría la composición del Consejo Universitario, aunque cambiaría la forma de seleccionar a sus miembros. La medida permitiría que se nombren a personas que estén en una lista de nominados provista por la Junta Universitaria, después de realizado un proceso para recibir nominaciones de la misma comunidad universitaria a través de sus Senados Académicos.
La Comisión Multisectorial rechazó el planteamiento de la administración de la UPR sobre que la Junta Universitaria limitaría los poderes del Consejo Universitario porque, según la medida, las decisiones de la Junta tendrían que ser ratificadas por el Consejo.
El Consejo Universitario, como ente rector que brinde dirección a la UPR, “será responsable de ratificar los planes de desarrollo sistémico, establecer los principios que rigen los reglamentos universitarios, autorizar la creación, modificación y reorganización de unidades institucionales, centros colegios, escuelas, facultades, departamentos, y otras unidades institucionales universitarias o dependencias de la Universidad, a propuesta de la Junta Universitaria’, establecer política universitaria y velar por el buen funcionamiento del Sistema como fiduciario y garante del buen uso de los fondos públicos asignados a la universidad del estado”, planteó Raola Dos en entrevista con Primera Hora.
El portavoz de CMRU también especificó que la propuesta busca que el Consejo Universitario no esté a cargo del micromanejo y permita a los recintos formular sus propias políticas.
Tanto el senador independiente como el representante de la CMRU expusieron que la Junta tarda años en aprobar cambios curriculares y que, para evitar esto, esas determinaciones podrían estar en manos de cada recinto. Asimismo, informaron que las agencias acreditadoras establecen unas exigencias por recinto que, en muchas ocasiones, la Junta de Gobierno no aprueba.
Como ejemplo, Vargas Vidot mencionó que hay un requerimiento de un ente acreditador para la Escuela de Derecho de llenar tres plazas de docentes y la Junta solo aprobó una.
Asimismo, dejó claro que, luego de seleccionado, el rector responderá al recinto y no a la Junta Universitaria.
La propuesta legislativa también establece que el rector sería elegido por un término de cinco años; los miembros del Consejo Universitario, entre cinco a siete. Los estudiantes y profesores son los únicos miembros de la Junta Universitaria que estarían por un año.
“Lo más que estamos insistiendo es que los términos fijos no cuadren con términos electorales”, expuso Raola Don en entrevista con Primera Hora.
Vargas Vidot opinó que existe voluntad legislativa para atender la propuesta porque 10 de 14 miembros de la Comisión de Educación del Senado figuran como autores de la medida.
Acerca de la posibilidad de que el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, firme la medida, el senador comentó a Primera Hora que tiene entendido que el mandatario no lo ve con malos ojos. “Hay que ver hasta donde sus rodillas se mantienen firmes”, añadió.
