Por: Adriana Santa
Foto por: Amigos del Mar
Por décadas, científicos, ambientalistas, organizaciones proambiente, residentes de comunidades afectadas y otros puertorriqueños y puertorriqueñas han impulsado movimientos para defender los recursos naturales del país. A continuación, resaltamos cinco luchas ambientales destacadas en la historia de Puerto Rico desde mediados del siglo 20 hasta el presente.
1) Paz para Vieques
En 1939, la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzó a realizar prácticas de bombardeo en Culebra. En 1941, 1947 y 1948, la Marina expropió tierras de propietarios de Vieques, así apoderándose de tres cuartas partes de la isla municipio. La población civil de la Isla Nena se concentró en el área central, donde permaneció por las próximas seis décadas, mientras la Marina realizaba ejercicios de bombardeos aéreos y navales con munición real, además de desembarcos de infantes.
Múltiples manifestaciones se llevaron a cabo a nivel local e internacional, desde mediados del siglo 20, a favor de la salida de la Marina de las islas municipio.
En las décadas de 1960 y 1970, residentes de Vieques se manifestaron en varias ocasiones en contra de los bombardeos, e interfirieron,más de una vez, para paralizar las maniobras militares. Luego, en 1975, la Marina abandonó Culebra.
A finales de la década de 1990, el Departamento de Salud de Puerto Rico realizó un estudio sobre la incidencia del cáncer en Vieques, y concluyó que la incidencia fue 27 por ciento mayor que para el resto del país.
La lucha a favor de la salida de la Armada se intensificó en 1999 tras la muerte del guardia de seguridad David Sanes Rodríguez, ocasionada por una bomba de la Marina que fue lanzada por error en la Isla Nena.
La Marina admitió haber usado uranio empobrecido, napalm y una serie de otros químicos tóxicos durante las prácticas militares en Vieques.
El 21 de febrero de 2000, una protesta masiva tomó lugar en el expreso Las Américas en ruta a San Juan. La “Gran Marcha pro Paz para Vieques” contó con la participación de cerca de 150 mil manifestantes, y es considerada uno de los eventos más concurridos en la historia de Puerto Rico.
Finalmente, el 1ro de mayo de 2003, el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente el cese definitivo de las prácticas militares en Vieques tras más de 60 años de bombardeos. No obstante, décadas después del cese de entrenamiento militar, aún queda terreno por limpiar de municiones y materiales tóxicos. Un informe de la Oficina de Contraloría General, publicado en 2021, estima que los esfuerzos de limpieza en los antiguos sitios militares en Vieques y Culebra se extenderán hasta el 2032.
2) Lucha antiminera
La posibilidad de desarrollar la industria minera en Puerto Rico fue un tema de auge en el siglo 20, pues la minería parecía prometer oportunidades de empleo y desarrollo económico.
En las décadas de 1960 y 1970, la organización Misión Industrial y un pequeño grupo de científicos comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre las propuestas de minería a cielo abierto en la región central de la isla.
Luego, en 1980, nace el Taller de Arte y Cultura de Adjuntas, hoy Casa Pueblo, una organización comunitaria dedicada a proteger los recursos naturales, culturales y humanos de Puerto Rico. Dicha entidad encabezaría un movimiento de oposición ciudadana a las propuestas gubernamentales de minería a cielo abierto por los próximos 15 años.
Unos 17 yacimientos de oro, plata y cobre en los pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya se vieron amenazados por los intentos del gobierno de realizar una explotación minera. Según los ambientalistas, el proyecto causaría una catástrofe ecológica y afectaría a las comunidades que residen en dichos municipios.
En 1995, el gobernador Pedro Rosselló González prohibió la extracción de minerales metálicos mediante métodos de minería a cielo abierto. Además, se designó, al terreno que habría sido afectado, como el Bosque del Pueblo, tras la lucha de Casa Pueblo por transformar la zona rescatada en un bosque protegido por ley.
3) No a las cenizas de carbón
En 1994, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) realizó un Acuerdo de Compra de Energía y Operación con la empresa Applied Energy Systems (AES), que establece que la AEE le comprará energía eléctrica a base de carbón, así dando paso al establecimiento de la planta de carbón de la AES en Guayama.
Dicho contrato, cuyo vencimiento es en 2027, establecía que los residuos y las cenizas que se generan por la quema de carbón serían exportados, de forma que no se depositaran en Puerto Rico por más de 180 días desde su producción. Los desechos comenzaron a depositarse en Arroyo Barril, República Dominicana, donde residentes en comunidades aledañas a los residuos empezaron a presentar problemas de salud como, por ejemplo, problemas respiratorios, gastrointestinales y complicaciones en los embarazos.
La AES genera entre 400 a 1,600 toneladas de cenizas de carbón diariamente, que se comenzaron a depositar en un vertedero en Peñuelas en 2015. Además, la AES empezó a distribuir el producto Agremax, que consiste en cenizas de carbón mezcladas con agua, tras la firma de la Ley 40 de 2017, que legalizó dicha práctica.
Más de un millón de toneladas de cenizas de carbón quedaron enterradas bajo carreteras en el sur de la isla, y se utilizaron como relleno para la construcción de urbanizaciones, estacionamientos y otros proyectos de infraestructura.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha concluido que el arsénico inorgánico es un carcinógeno humano, pues la exposición a este puede provocar cáncer de pulmón, piel, vejiga, hígado y riñón. Según la agencia federal, el límite de seguridad aceptado de arsénico en suelos residenciales es 0.68 partes por millón. Sin embargo, un análisis comisionado por la organización Earth Justice, y realizado por el laboratorio AlChem, recogió muestras de suelos en Salinas, que sobrepasaron 22 veces el límite aceptado.
Por décadas, ambientalistas se han manifestado para exigir el cese de la disposición de cenizas de carbón en el país y el cierre de la planta de la AES en Guayama. En 2017, se realizaron 18 operativos de la Policía, en Peñuelas y Guayama, para escoltar los camiones de la AES que transportaban las cenizas hacia el vertedero de Peñuelas. Durante la movilización de los camiones, ciudadanos se enfrentaron a la uniformada en varias ocasiones, resultando en la detención de algunos.
La Ley 5 del 2 de enero de 2020 prohibió el depósito de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en el país y su uso como relleno en cualquier proyecto. No obstante, tan reciente como el pasado febrero, sureños se manifestaron frente a La Fortaleza en contra de la AES, pues solicitan el cese inmediato de las operaciones de la carbonera en la isla, y exigen la prohibición del uso de carbón como fuente de generación de energía en Puerto Rico.
4) Oposición a la construcción del Gasoducto del norte
En 2009, la AEE propone el proyecto del Gasoducto del norte, también llamado Vía Verde, una construcción de una línea de gas natural que se extendería desde la EcoEléctrica, en Peñuelas, hasta las centrales generatrices en Arecibo, Toa Baja y San Juan. Según el gobernador Luis Fortuño Burset, la tubería de 92 millas, cuya construcción impactaría a 13 municipios, era la forma más costo efectiva para llevar gas natural a las termoeléctricas del norte.
Sin embargo, una evaluación de la Comisión Científica y Técnica de Casa Pueblo estableció que el proyecto operaría con un déficit de al menos $4 millones anuales. “El costo de la obra, los riesgos de salud, los daños ambientales no justifican su inversión”, expresó el director de Casa Pueblo Alexis Massol González en un comunicado de prensa emitido el 15 de octubre de 2010.
El gobernador declaró una emergencia energética, así acelerando los trámites para la construcción del gasoducto. Según el primer ejecutivo, con la construcción de la tubería, para diciembre de 2014 el 71 por ciento de la electricidad se generaría por gas natural, el 12 por ciento a través de petróleo y el resto por fuentes renovables.
Los ambientalistas se opusieron al proyecto, pues aseguraron que la construcción del gasoducto afectaría a los bosques y acuíferos a lo largo de la ruta, ocasionando graves daños a los ecosistemas de la isla.
Múltiples manifestaciones en contra del gasoducto se llevaron a cabo desde el 2009 hasta el 2012. Una de las protestas más destacadas fue la “Marcha Nacional: Puerto Rico firme contra el Gasoducto” el 19 de febrero de 2012, convocada por Casa Pueblo, que contó con la asistencia de más de 6,000 personas que se manifestaron desde el Capitolio hasta La Fortaleza.
El 11 de octubre de 2012, el entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE José Ortiz hizo pública la carta que sería enviada al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, por el director ejecutivo de la AEE Josué Colón, poniéndole fin al proyecto Vía Verde.
5) Las playas son del pueblo
Grupos de ambientalistas y miembros de comunidades costeras han luchado desde la década de 1970 contra la destrucción y privatización de las costas de Puerto Rico.
En 2009, el grupo de Comunidades Costeras en Resistencia comenzó una campaña para forrar al país con pasquines que leen: “Alto a la destrucción y privatización de las costas de Puerto Rico”, según El Nuevo Día.
En 2021, se realizaron protestas frente al condominio Sol y Playa, en Rincón, en defensa de la zona marítimo terrestre que se veía amenazada por la construcción de una piscina. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla emitió una sentencia en la que declaró nulo el permiso de construcción, y ordenó la paralización y demolición de las obras que se realizaban en la playa Los Almendros.
Asimismo, otras luchas en contra de la apropiación del espacio público y del desarrollo desmedido se han desatado alrededor de la isla.
