Al son de consignas y cacerolas cientos de personas marcharon el pasado lunes, 6 de septiembre, en contra del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La marcha partió desde la Avenida Chardón en Hato Rey y terminó frente al edificio del Tribunal de Apelaciones en la Avenida Muñoz Rivera.
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Construyamos Otro Acuerdo, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, VAMOS PR, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, EDUCAMOS y la Federación de Maestros de Puerto Rico formaron parte de las 43 organizaciones que se unieron a la coalición Todo Puerto Rico contra la Junta.
El Plan de Ajuste de la Deuda está en discusión en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, presidido por la jueza Laura Taylor Swain.
Para los representantes del sector trabajador en el archipiélago, la implantación del plan económico significa la reducción de pensiones, en contra de lo estipulado en la Ley para Un Retiro Digno, y crearía inestabilidad en los servicios esenciales, las administraciones municipales y el sistema de la Universidad de Puerto Rico por reducciones a sus fondos.
La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Mollini, destacó que las consecuencias del Plan de Ajuste de la Deuda “nos promete al menos 25 años de austeridad y una segunda quiebra”.
“La misma Junta de Control Fiscal acepta que de aquí a ocho años, bajo el Plan de Ajuste de la Deuda, vamos a caer en un impago. Así que, este plan va a limitar los presupuestos para las agencias y no va a permitir que la ciudadanía tenga servicios”, añadió Nogales Mollini.
La representante del MVC enfatizó que las políticas de austeridad continuarán la inmigración masiva de puertorriqueños en búsqueda de mejores oportunidades.
Las organizaciones denunciaron que después de cinco años de políticas de austeridad que han visto el embate de huracanes, una secuencia sísmica y la pandemia del COVID-19, los efectos del Plan de Ajuste de la Deuda son una carga insostenible para el pueblo puertorriqueño. Por eso, los manifestantes exigieron la salida inmediata de la JSF y la derogación de la Ley Promesa.
“Han habido daños al país, en las pensiones y en la municipalización. Están aumentando los costos de vida, los peajes y están cerrando escuelas. Hay una cantidad de situaciones que obliga a que la Junta se vaya de Puerto Rico”, expresó la presidenta del grupo magisterial EDUCAMOS, Migdalia Santiago.
La actividad culminó cerca del mediodía cuando los manifestantes dedicaron mensajes individuales a los integrantes de la JSF. Reclamaron las conexiones de los miembros con la empresa privada y sus salarios excesivos, en especial los $625 mil anuales que gana la directora ejecutiva Natalie Jaresko.
