Los congresistas demócratas plantearon la posibilidad de enmendar la ley Promesa o hacer cambios en la Junta de Control Fiscal.
Por: Efraín Montalbán Ríos/ ADT
Un grupo de sindicalistas puertorriqueños se reunieron ayer, sábado, con cerca de 30 congresistas del Partido Demócrata sobre la situación que enfrenta la clase trabajadora del país a raíz de la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, indicó el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, José Rodríguez Báez.
La reunión fue presidida por Antonio Cardenas, presidente de Caucus hispano demócrata, y participaron congresistas como el puertorriqueño Darren Soto y Bob Menéndez. Fue la primera vez en la historia que los sindicatos tuvieron la oportunidad de dirigirse a una gran cantidad de congresistas estadounidenses.
“Expresamos a los congresistas que Promesa y la Junta han sido nefastos para la familia trabajadora puertorriqueña que ha recibido injustamente todo el peso de las medidas fiscales, y que es necesario que el Congreso produzca alternativas de desarrollo económico para que Puerto Rico pueda superar la grave crisis que enfrentamos”, expresó Rodríguez Báez.
Según el líder sindical, en la reunión se solicitó que el Congreso haga audiencias en Puerto Rico para que se sepa el sentir del pueblo, dado a que la Junta de Control Fiscal ha creado un desbalance en la democracia, pues no rinden cuentas a nadie y toman medidas unilaterales.
“Los congresistas entendieron nuestros reclamos, se mostraron dispuestos a tomar acción e incluso nos plantearon la posibilidad de enmendar Promesa. incluso. Les dijimos que tienen la posibilidad de hacer cambios a la Junta”, añadió Rodríguez Báez.
Asimismo, aseguraron que la Junta de Control Fiscal no ha tomado acciones para mejorar la economía y que están desbaratando los sistemas de protección social de las familias y la educación tanto en las escuelas como en la Universidad de Puerto Rico.
“Otro punto que se trajo es la alta preocupación de nuestras matrículas en el sector público por la orden de la Junta de reducir un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados lo que los llevaría a una pobreza extrema”, puntualizó el portavoz.
Alegaron que el gobierno ha seguido al pie de la letra la receta de la Junta de Control Fiscal con leyes y órdenes ejecutivas que han atentado contra las condiciones de trabajo como las siguientes: congelación de convenios y beneficios económicos hasta el 2021, la reforma laboral en el sector privado, el empleador único, la declaración de emergencia fiscal y de infraestructura que abre las puertas a construcciones ilegales y atentados contra el ambiente.
Los sindicalistas expresaron que el acuerdo de Cofina “condenará” al pueblo a pagar los impuestos más altos de todas las jurisdicciones de Estados Unidos por un período de 40 años.
“Ante esta realidad, rechazamos tanto los intentos de la Junta de Control Fiscal y de la administración Rosselló de poner todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora puertorriqueña. Y demandamos que antes que se realicen pagos a los fondos buitres, y se implementen nuevas medidas de austeridad, se realice una auditoria comprensiva, independiente y ciudadana de la deuda”, reza la declaración del Movimiento Sindical por Puerto Rico.
Participaron de la reunión: Héctor Sánchez, director ejecutivo de la Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA), y representantes de la Federación Central de Trabajadores (FCT-UFCW), la Asociación de Maestros (AFT-AMPR), Servidores Públicos Unidos (SPU-Afscme), Labor International Union of North America (Liuna), la Unión de Trabajadores de Oficina (Opeiu), la United Auto Workers (UAW) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (Seiu), entre otras.
