Por: Jorge E. Rosa Vidal
El pasado 8 de agosto de 2023 la Universidad de Puerto Rico (UPR) publicó un comunicado con datos que evidenciaban un aumento en la cantidad de estudiantes graduados de escuela superior que habían solicitado, sido admitidos o confirmado su matrícula en la UPR para el año académico 2023-2024, en comparación al año académico 2022-2023. El comunicado también figuró en las páginas de El Nuevo Día en la mañana del 9 de agosto del 2023, y destacó que el aumento de estudiantes rompía una tendencia de matrícula decreciente durante los pasados 6 años. Según el presidente de la UPR, el alza en estudiantes se debe, en parte, a la nueva Política de Admisión del sistema universitario.
El vínculo entre la Política de Admisión y los datos publicados por la institución, aunque parcialmente razonable, aún no se ha establecido. Hipotéticamente, factores demográficos y académicos podrían explicar los aumentos en solicitantes y admitidos. Datos más específicos y representativos de un intervalo de tiempo mayor son necesarios para establecer formalmente ese vínculo. Aun así, vale la pena especular sobre la relación entre la Política de Admisión y la evidencia que publicó la UPR.
En su comunicado, la institución destacó tres áreas de aumento: estudiantes solicitantes, admitidos, y confirmados. Abordaré primero la última de estas categorías. ¿Es posible establecer un vínculo entre las políticas de admisión y los estudiantes que, una vez admitidos, deciden matricularse en la UPR? Difícilmente. Me parece más probable que otros factores, como el costo del crédito -que, contrario a lo previsto, no aumentó para este año fiscal- o el prestigio de la institución sean más influyentes en la decisión de un estudiante ya admitido, que la Política de Admisión de la Universidad. Después de todo, y aunque parezca circular, el estudiante ya fue admitido.
Por el contrario, entre la cantidad de estudiantes admitidos y la Política de Admisión el vínculo es evidente. Es precisamente el propósito de una política de admisión determinar qué solicitantes son admitidos. Por lo tanto, si la Universidad desea admitir más estudiantes -como es claramente el caso debido a las circunstancias presupuestarias de la institución- cambiará -y cambió- sus estándares de admisión para admitir más estudiantes. Por esta razón la relación entre la cantidad de estudiantes admitidos y la Política de Admisión genera toda otra serie de cuestionamientos. Entre ellos, han de esperarse preguntas sobre el impacto del cambio en la política de admisión en los ofrecimientos de la UPR, sus tasas de graduación, su prestigio y los estudiantes que no habrían sido admitidos de no ser por el cambio a la política de admisión. Si se asume que la rigurosidad del sistema ha permanecido igual, entonces existirá quien -justamente- cuestione la base para el cambio en la política de admisión. No debe ser irracional que algunos presenten reservas a estos cambios cuando aumentar la matrícula para generar más ingresos les parece ser el motivador determinante.
La relación entre el aumento en solicitantes y la nueva Política de Admisión toma un poco de los dos vínculos que ya se han discutido. Un estudiante puede solicitar a la UPR movido por factores que también pueden influenciar, una vez admitido, la decisión de matricularse en la UPR o en otra universidad. Ese grupo de factores puede incluir el costo del crédito y el prestigio de la institución. Similarmente, un estudiante puede solicitar a la UPR por la Política de Admisión que, últimamente, decidirá si es o no admitido. Puesto de forma simple, un estudiante puede decidir solicitar admisión a la UPR porque considera que la Política de Admisión le hace fácil la entrada. De modo que, aunque es evidente que el cambio en política de admisión está vinculado al aumento en estudiantes admitidos, es más complejo, y requiere más datos, establecer una relación entre el aumento en solicitantes y la Política de Admisión -aunque parezca ser razonable.
Asumiendo que esa relación es real, la política de admisión de una institución puede ser catalogada, junto al costo del crédito, el prestigio, y otros factores, como posibles atractivos para solicitantes prospectivos. En efecto, eso ayuda a describir lo que la UPR intenta para solucionar su problema presupuestario y de matrícula: hacerse más atractiva.
Sin embargo, me parece que en la UPR no se han discutido seriamente los cambios a las secuencias curriculares como una manera de hacer la institución más atractiva, sin el riesgo de degradar su calidad académica, y con la posibilidad de mejorarla. En específico, la UPR debería considerar una reforma al componente de Educación General que sus grados requieren.
Actualmente, el componente de Educación General en el Recinto de Río Piedras suele ser de 42 créditos; cosa que, por el tiempo promedio que toma completarlo, los estudiantes simplemente catalogan como 2 años -de lo que se supone sean bachilleratos de 4 años. Este componente consiste en seis créditos de Español, seis de Inglés, seis de Ciencias Sociales, seis de Ciencias Naturales, tres de Pensamiento Lógico Matemático, seis de Humanidades, seis de Literatura, y tres de Arte. Tomando como ejemplo el Bachillerato de Educación Secundaria en Historia, los cursos de Educación General son más que los cursos Medulares (38 créditos) y los de Concentración (36 créditos).
Esto no es atractivo para los estudiantes, y menos cuando otras instituciones universitarias utilizan “Entra directo a lo que te apasiona” como punto de venta. Adicionalmente, vale la pena preguntar lo siguiente: ¿Cuántos estudiantes dejan la UPR porque desprecian tener que tomar cursos de Educación General por dos años antes de adentrarse en su concentración? ¿Cuántos no solicitan a la UPR porque prefieren instituciones y grados que les requieran menos cursos de Educación General? No supongo que la UPR tenga esos datos, pero las preguntas siguen siendo importantes.
Más aún, el modelo mediante el cual se administran e imparten estos cursos suele ir de lo redundante a lo desorganizado y falto de propósito.
Cuando un estudiante es admitido a la UPR utilizando el método tradicional, se le coloca en secciones de Español e Inglés Básico, Intermedio o Avanzado de acuerdo con la puntuación que arrojó para esa materia en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) que imparte College Board, y que la UPR utiliza para evaluar solicitantes. A primera vista, no sería descabellado asumir que cada curso está diseñado para desarrollar en estudiantes de diferente nivel de aptitud sus destrezas de comunicación y lectura en ambos idiomas. Sin embargo, una mirada individualizada a cada curso revela tantas discrepancias como para poner esa idea en tela de juicio. Para efectos prácticos, cada profesor de uno de estos cursos lo maneja como le plazca. Un curso de Inglés Intermedio puede ser enteramente de gramática y lingüística, mientras que un curso de Inglés Básico podría ser de facto un curso de literatura. La pregunta fundamental, entonces, es la siguiente: ¿Cuál es el propósito real de estos cursos? Me sospecho que nadie sabe en realidad. Otra pregunta importante: ¿Existe verdaderamente la necesidad de que un estudiante que cualifica para Inglés o Español intermedio o avanzado tome un curso de Educación General? Sin pensarlo dos veces contestaría que no. De hecho, no me parece posible contestar esa pregunta en lo afirmativo sin, por razones de integridad, verme en la obligación de cuestionar si los estándares de la PAA y la Política de Admisión de la UPR son verdaderamente de calibre universitario.
Aun así, es importante mencionar que existen vías para evitar estos cursos. Un estudiante podría, en adición a la PAA, tomar Pruebas de Nivel Avanzado (PNA) -producto que vende College Board- de Español y de Inglés. De haber obtenido una puntuación de 4 o 5 en cada prueba ese estudiante podría someter sus resultados a la UPR y no tendría que completar los 12 créditos combinados de Español e Inglés. La situación es idéntica para obviar el requisito de Pensamiento Lógico Matemático. Sin embargo, este proceso termina por enfrentarse a una de las preguntas ya planteadas: ¿Exista verdaderamente la necesidad de que un estudiante que cualifica para Inglés o Español intermedio o avanzado tome un curso de Educación General?
Las PNA no son una buena estrategia para resolver el problema de atractividad y falta de propósito entre los cursos del componente de Educación General. Al considerar que las PNA implican un costo para el estudiante o su familia, se resalta el carácter económicamente prohibitivo de esta estrategia. Además, aunque la Universidad también ofrece un examen para convalidar los créditos generales de Inglés mediante Certificación 88, el examen tiene el costo de esos créditos.
Pero, habiendo expuesto esto, no es necesariamente imperativo deshacerse del componente de Educación General -aunque admito que vale la pena considerarlo. No es difícil pensar en posibles beneficios del componente de Educación General. Podría argumentarse que este componente sirve para dotar a los estudiantes de una educación holística y que les ofrece la perspectiva de otras áreas del conocimiento. Esa, puesto que personalmente valoro el concepto, me parece la defensa más fuerte del componente de Educación General. Algunos podrían también argumentar que este componente ayuda a los estudiantes a decidir finalmente lo que les interesa estudiar, y otros más podrían decir que ayuda a preparar y adaptar a los estudiantes para la rigurosidad de los estudios universitarios. Sobre esta última justificación ya antes me he mostrado escéptico.
No obstante, aún valorando significativamente todas las consideraciones en favor de la Educación General, no es posible defender su modelo actual como uno que atienda de manera efectiva y atractiva dichas consideraciones. A continuación, se discuten varios modelos alternos. Cada uno presta un grado distinto de atención a las consideraciones en favor y en contra del componente de Educación General, y muchos son combinables entre sí. No me queda duda de que considerar y aplicar alguna de estas posibilidades haría a la UPR más atractiva, y, en el mejor de los casos, permitiría aliviar otros problemas, como la falta de múltiples secciones para ciertos cursos, cuya raíz es presupuestaria.
La alternativa más drástica es eliminar del todo el componente de Educación General en los grados de la UPR. Sus 42 créditos pueden ser convertidos en otros cursos medulares, de concentración, y electivos. En un caso como este, siendo innecesarios algunos de los cursos para cumplir con el componente de Educación General, el presupuesto que estos representan puede ser redirigido a otras facultades de manera que estas puedan abrir nuevos cursos que integrar a sus grados, o abrir más secciones para cursos ya existentes.
Este modelo no solo es atractivo para los estudiantes porque les permite entrar de lleno a los cursos de su bachillerato, si no que, asumiendo una redistribución parcial de los 42 créditos que habrían sido de educación general como cursos electivos adicionales, les permite diversificar su experiencia educativa. No me sorprendería que, con esa nueva disponibilidad, más estudiantes decidan perseguir “minors” y segundas concentraciones. Aun así, estas aseveraciones deben estar apoyadas por datos y encuestas al estudiantado -que hasta ahora me parece no existen- antes de implementar un nuevo modelo.
Algunos podrían estar preocupados por lo que un cambio como este significaría para el personal. Sobre esto no es posible tener certeza en el ejercicio de la especulación. Sin embargo, asumiendo que la reacción inmediata sería caracterizar el nuevo modelo como uno de despidos y recortes al personal, es necesario notar la posibilidad de que, luego de la redistribución presupuestaria a otras facultades, el número de fondos y el número de personal neto permanezcan igual.
Ahora bien, no es posible, sin datos y en un mero ejercicio mental especulativo, tener certeza de lo que la administración universitaria y la Junta de Supervisión Fiscal intentarían en medio de un cambio de esta magnitud. De la misma forma que podrían dejar intacto el presupuesto, podrían utilizar la oportunidad para recortar presupuesto y personal. De ninguna de esas posibilidades se puede tener seguridad, pero la interrogante persiste ante la presencia o ausencia de un cambio de modelo. Tan solo es necesario observar la trayectoria de recortes que se ha dado sin que un cambio de modelo como el que se propone aquí haya ocurrido. Con o sin el cambio, hay una amenaza de recortes. Por lo tanto, utilizar esa incertidumbre para desacreditar la posibilidad de beneficios institucionales y educativos a través de un cambio en el componente de Educación General es, a mi juicio, deshonesto.
Una segunda alternativa -que es compatible con el modelo que se acaba de discutir- sustituye el componente de educación general por un requisito de segunda concentración o grado menor. Partiendo de lo ya expuesto, en la redistribución del presupuesto atado al componente de Educación General las demás Facultades tendrán la posibilidad de engrandecer sus ofrecimientos. Eso de por si hará más fácil que los estudiantes persigan segundas concentraciones o “minors” adicionales, sean o no requeridas.
Más aún, este modelo puede adaptarse para atender consideraciones de educación holística. Además de requerir que cada estudiante realice cierta cantidad de segundas concentraciones o “minors”, la Universidad podría requerir que al menos uno -o el número que determine- de los grados adicionales sean de una Facultad distinta a la Facultad de su bachillerato.
Otra posibilidad, una que es tan sencilla como para ser un posible paso de transición, es reducir a tres créditos aquellos cursos de los cuales actualmente se requieren seis créditos para cumplir con el componente de Educación General. De manera práctica, se vería reducida la cantidad de cursos de Español, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades, y Literatura. Similar a lo discutido en las otras alternativas, esos 18 créditos que quedarían disponibles podrían reasignarse a cursos medulares, de concentración, o electivos adicionales, y el presupuesto equivalente a las secciones de cursos que ya no serían necesarias se podría utilizar para desarrollar nuevos cursos o aumentar la disponibilidad de secciones en otras Facultades.
El componente de Educación General también puede modificarse para ofrecer distintas opciones a los estudiantes. Asumiendo que al menos parte del propósito de estos cursos es la preparación para el rigor universitario, la UPR podría reemplazar algunos de los requisitos de Educación General por cursos de redacción. En combinación, se podrían ofrecer selecciones limitadas de otros cursos que, reduciendo el número total de créditos de educación general, aun dirijan al estudiante hacia otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, a un estudiante se le podría requerir un curso de redacción en español, un curso de redacción en inglés, un curso de entre los de arte, literatura o música, un curso de entre los de biología, física o matemática, etc. Un modelo como este también tiene la versatilidad de ser adaptable a cada grado que la universidad ofrece. Sería posible ofrecer a los estudiantes distintas selecciones de cursos que sean más específicas y directamente relevantes al grado que persiguen.
Como último modelo, y partiendo de lo que la Universidad ya hace al ubicar estudiantes en cursos básicos, intermedios y avanzados dependiendo de su puntuación en la PAA, se pueden catalogar algunos de los cursos del componente de Educación General como opcionales, recomendados y requeridos dependiendo de la puntuación de los estudiantes en dicha prueba.
No todos los cursos del componente de Educación General son iguales en contenido y en -alegado- propósito. Con eso en mente, vale la pena volver a enfatizar la posibilidad de combinar muchas de las opciones y modelos que se han discutido. Además, estos pocos modelos ni se acercan a la totalidad de posibilidades que la Universidad podría y debería considerar para hacerse más atractiva.
La Universidad está en busca de soluciones. Así lo demostró cuando reinventó su Política de Admisión para atraer más solicitantes, aumentar el número de estudiantes admitidos, y generar un mayor ingreso a base de pagos de matrícula. Por ahora no abordaré una caracterización sobre cuán sabia fue esa decisión -quizás, en el futuro, las tasas de graduación harán eso por sí solas. Aun así, algo sigue siendo claro; si los problemas presupuestarios de la Universidad son terribles, y la estrategia para enfrentarlos es hacer la institución más atractiva, entonces es insensato ignorar la propuesta que considera este escrito.
Para ello se necesitan datos concretos. No sería prudente adoptar una de estas propuestas sin primero encuestar a estudiantes actuales y posibles solicitantes para determinar si en realidad estos cambios harían a la UPR más atractiva. Similarmente, se necesitan estudios sobre las repercusiones y posibilidades prácticas de una redistribución presupuestaria -que, esperemos, no incluya recortes.
Muchos otros aspectos de lo aquí discutido también requieren atención profunda, y esa es precisamente la idea. La Universidad no debe considerar -y adoptar- unos cambios a su sistema, mientras que, por tradición, resistencia interna, falta de datos, o cualquier otra razón, ignora otras posibilidades de beneficio. Una situación tan peligrosa como la que enfrenta la UPR demanda el esfuerzo -ya sea de investigación, análisis, o cualquier otro tipo- y la consideración de cambios en el componente de Educación General. De otro modo, la Universidad estaría enfrentando sus problemas con una mano atada tras la espalda.
