Por: Claudia M. Rivera Cotto/ KMCV
El Senado refirió al Departamento de Justicia las alegaciones de hostigamiento sexual por parte de una profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, que denunció ser víctima de represalias tras querellarse contra un colega de la institución universitaria.
“Esta Comisión Especial entiende pertinente y meritorio solicitar al Departamento de Justicia realizar una investigación sobre la posibilidad de radicar cargos por el delito de hostigamiento sexual o cualquier otro delito y cualquier otro remedio que proceda en derecho, incluyendo protecciones legales contra represalias”, lee parte del primer informe parcial rendido el jueves por la Comisión Especial para Investigar los Protocolos sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo en el Gobierno de Puerto Rico.
Según denunció la educadora Carmen de Lourdes Cáez Rodríguez, durante una reunión en el edificio Arturo Morales Carrión de la UPR en Cayey el 17 de marzo de 2016, Luis Alberto Lugo Amador la agarró por los brazos, la besó en la cara y trató de besarla en la boca hasta que ella pudo zafarse. Por su parte, Lugo reconoce que la besó en la mejilla, pero niega que haya sido por la fuerza.
El proceso culminó dos años y medio después con la querellante sin empleo, el querellado suspendido, pero con permanencia, y la senadora Zoé Laboy Alvarado, en una vista pública realizada en Cayey el pasado 2 de abril, diciendo que le levanta “banderas” la manera en que se manejó este caso.
“Me parece que necesita ser investigado con mucho detalle este asunto, porque levanta bandera que una profesora con 18 años de experiencia a la que anualmente se le renovaba el contrato, casualmente, luego que hace la denuncia de que ha sido víctima de acoso sexual, ya no hay necesidad de sus servicios”, expresó Laboy Alvarado.
Cáez Rodríguez, sostiene que fue dejada sin clases en agosto de 2018 en represalia por haber denunciado a Lugo Amador, en violación a la Certificación 130 del el reglamento de hostigamiento sexual de la UPR, que prohíbe alterar el estatus laboral de quien se haya querellado por actos de esa naturaleza.
La educadora indicó que las irregularidades en la UPR comenzaron luego de que entregó, el 4 de abril del 2016, una denuncia escrita al director del Departamento de Humanidades, Harry Hernández Tirado.
Hernández Tirado negó haber recibido dicha carta. Sin embargo, la rectora Rosario y el asesor legal de Cayey, Francisco Moreno, dijeron en la vista de Laboy que la carta llegó al Decanato de Asuntos Académicos, donde el entonces decano, Raúl Castro, la archivó sin tomar acción.
A causa de la desaparición de la carta, tomó más de dos años dilucidar un asunto que, según la Certificación 130, debe ser resuelto en no más de seis meses.
En la estipulación, la UPR se comprometió a no imponer ninguna otra sanción a Lugo Amador a raíz de la denuncia de Cáez Rodríguez. “En el caso mío, no había interés de protegerme a mí, sino de protegerlo a él. Durante todo el proceso, eso fue lo que yo vi”, alegó la profesora.
Por otra lado, Laboy Alvarado solicita a Justicia que determine si la UPR, al manejar el caso, violó dos artículos de la Certificación 130, que prohíbe cambios en el ambiente laboral de una víctima de hostigamiento sexual.
