El Senado de Puerto Rico aprobó unánimemente una medida, de la autoría del senador independentista Juan Dalmau Ramírez, que ordena al secretario de Hacienda detener los desembolsos destinados a cubrir los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal.
«Esta Junta, lejos de fungir como un organismo que viabilice la reestructuración y/o condonación de la deuda en términos favorables para el pueblo y el Gobierno de Puerto Rico, se ha formulado como una agencia de cobros supra-estructural que auspicia el desmantelamiento objetivo de todo nuestro andamiaje laboral y de justicia social”, lee parte de la exposición de motivos de la resolución, que cuenta con la autoría de los senadores José Vargas Vidot, Aníbal José Torres, Miguel Pereira, Cirilo Tirado, y Rossana López.
La Resolución Conjunta 215 obligaría al Departamento de Hacienda a detener inmediatamente los pagos que emitidos a la Junta por conceptos de salarios, gastos operacionales y servicios a través del corriente y los próximos dos años fiscales. La Junta contó, en su primer año, con un presupuesto de 31 millones, que se duplicó para el año fiscal presente y que el ente pidió que aumentara a 80 millones para el próximo año.
«Este patrón de malbaratación de fondos, sin beneficio alguno para el pueblo es inaceptable en cualquier país, pero especialmente ofensivo para un sistema en quiebra. Igualmente injustificados resultan los salarios que sus componentes devengan. Según expuesto en la página web de la Junta, el costo anual de esos salarios para el pueblo de Puerto Rico es de $1,695,000 anuales, lo que incluye el sueldo exorbitante de $625,000 al año atribuido a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko”, dice el documento.
Asimismo, la medida argumenta que “es tiempo de que el gobierno de Puerto Rico, en todas sus ramas y dependencias, actúe ante los abusos de la Junta de Supervisión Fiscal Colonial”.
Por su parte, el autor de la resolución, Dalmau Ramírez, argumentó, en declaraciones escritas, que, “mientras más se profundiza” la crisis fiscal del país, «mayor penalidad por parte de la JSF que propone austeridad, ajustarnos el cinturón, el desmantelamiento de servicios públicos y del sistema de educación universitario y ellos operan como si no tuvieran cinturón que ajustarse”.
De ser aprobada y convertida en ley, la medida crearía una controversia directa con lo dictado en la Ley Federal PROMESA, estatuto que crea la Junta, ya que dicta que “la Junta de Supervisión usará sus poderes con respecto al presupuesto del territorio que supervisa para asegurar que haya fondos suficientes para cubrir todos los gastos de la Junta”.
Apoyo bipartito a la medida
Tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como el portavoz de la delegación de mayoría, el senador Carmelo Ríos Santiago, se expresaron a favor de la medida presentada por Dalmau Ramírez.
“Lo cardinal es el mensaje que queremos enviar desde aquí para que claramente entiendan que no nos doblegamos, respondemos a la gente que nos eligió y defendemos a los ciudadanos puertorriqueños y a los ciudadanos americanos que viven en la Isla”, manifestó Rivera Schatz.
«Si hay alguien que defienda la Junta lo exhorto a que nos diga si el sueño americano y si los principios de libertad y democracia que inspiraron la creación de la nación norteamericana acepta como bueno que la directora ejecutiva de la JSF gane $650 mil con todos los beneficios de lujo posibles y que viva a expensa del pueblo de Puerto Rico mientras se pretende eliminar un bono (de Navidad) al trabajador de la empresa privada o del gobierno. También, reducir su jornada o eliminarle sus vacaciones”, enfatizó el presidente del Senado.
Asimismo, el senador Ríos Santiago declaró que “si el Congreso cree que la Junta es tan necesaria pues que la paguen ellos”.
De la misma manera, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla Alvelo, el senador independiente José Vargas Vidot y el popular Cirilo Tirado Rivera manifestaron estar de acuerdo con la medida.
