Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Senado de Puerto Rico/Twitter
El Senado aprobó hoy darle paso a la medida legislativa de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para derogar la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, tras una ronda de turnos a favor y en contra de los bandos políticos en sala.
Asimismo, mientras se discutía darle paso o no, profesores y estudiantes llegaron a protestar a las afuera de la Casa de las Leyes en contra de la eliminación del cuerpo que verificaría las emisiones de deuda. En la vía final de discusión, el líder estudiantil Francisco Santiago trató de pasar a los policías apostados a la entrada del lado sur y fue detenido.
«Esto no es una agenda política, esto es una agenda de auditoría por el bien de Puerto Rico. Derogar esta comisión, a la larga, lo que causará será más daño para el pueblo. Es muy fácil tener la mayoría y aplastar la voz de oposición de lo que sea, y yo lo que quiero es recalcar una y otra vez es que si en Puerto Rico falta una comisión de reconciliación, una comisión para llegar todos a un solo sitio [y] una comisión de país, esta es esa comisión», dijo Eduardo Bhatia Gautier, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en su turno en contra.
Igualmente, el senador propuso —en cambio— no eliminar la auditoría, sino que fuera el PNP quien nombrara a los integrantes y a los comisionados.
«Que me saquen hasta a mi y a las delegaciones de minoría, pero no hay nada más lógico que crear una comisión que audite la deuda», argumentó, entretanto mencionó a Portugal, Argentina y Grecia como ejemplos de países que crearon comisiones iguales a estas para lidiar con sus problemas fiscales.
La PS 428 dispone que, al borrar el grupo, se destinarían los fondos remanentes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a «otros fines relacionados». Unos $600,000 de acuerdo con información que obtuvo el senador Juan Dalmau, representante de la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
«Si ese es el remanente no creo que vaya a la médula de lo que necesita la Universidad, y si fuera más dinero no creo que se acerque a los 450 millones que está pidiendo la junta que se le recorte», enfatizó el ‘pipiolo’, a su vez que recordó que presentó el PS 345 para que se auditara la deuda emitida por la UPR y que así el estudiantado tome decisiones informadas.
El proyecto, bajado por descargue hoy en la tarde y trabajado por la delegación senatorial penepé, señala en su exposición de motivos que, además de ser un «gasto público adicional e innecesario», sería una dualidad de los trabajos que puede hacer la Junta de Control Fiscal (JCF).
José «Chaco» Vargas Vidot, senador independiente, tomó un turno largo para explicar el interés que tiene en que la «búsqueda intensiva en la transparencia» y la «búsqueda de redención» vuelvan a la legislatura, cosa que según dijo se perdió.
«El precio que paguemos para lograr que el pueblo descanse en la esperanza de una transparencia construida sobre la honestidad, es un precio importante pagar. Vale la pena [y] es vital para nuestro país», sostuvo Vargas Vidot al inicio de su turno en contra.
«Imaginemos que no se trata de rojos, azules ni verdes; imaginemos que no se trata de insultar y de lograr consenso y sí se trata de reparar errores; imaginemos que partimos del hecho de quién tuvo la culpa o a quién vamos a identificar, quién robo, quién hizo las gestiones indebidas o quién asumió la agenda oscura e inconfesable. Imaginemos eso y saquemos del medio toda la discusión esa incapacidad de vernos en esta disyuntiva que siempre nos polariza y no nos dejo encontrar consenso», animó el senador en su primer cuatrenio.
Vargas Vidot dejó claro, de igual forma, que está a favor de «hacer lo que tengamos que hacer» después que sea lo que el pueblo quiera.
Asimismo, y de la mano con lo que ha dicho el gobernador Ricardo Rosselló desde que entró al poder, la delegación liderada por su presidente, Thomas Rivera Schatz, indica que los foros «pertinentes» para que se audite la deuda son los tribunales.
La comisión tenía como propósito escudriñar la deuda pública del país, que ronda unos $71 billones.
Ahora el documento irá a la Cámara de Representantes, donde no debe tener problemas para aprobarse y llevarlo a la firma de Rosselló.
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