Los representantes del sector docente ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) atribuyeron el retiro de la acreditación para el programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por los recortes millonarios que ha impuesto al presupuesto de la UPR.
La representante claustral de la unidad de Arecibo, Rosa González Muñiz, expresó que el ente fiscal y su “política de austeridad extrema para pagarles a los bonistas” ha ocasionado problemas con las agencias acreditadoras, que “toman en consideración el estándar de acreditación sobre planificación y recursos económicos”.
“Es necesaria una acción concertada para convencer a la agencia acreditadora que el programa cuenta con los recursos necesarios para que no se pierda un programa crítico para la salud pública en Puerto Rico. De lo contrario, nuestros estudiantes tendrán que salir del país para prepararse en esa especialidad, con una alta probabilidad que no regresen a la isla”, indicó González Muñiz a través de un comunicado de prensa.
Según una notificación que recibió el director del programa, Caleb Feliciano, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada (ACGME, por sus siglas en inglés) retirará la acreditación del programa de Neurocirugía. Si la administración no logra apelar la decisión del ente acreditador, el programa tendrá que cerrar en junio de 2022.
Según González Muñiz, antes de que implementaran la JSF, el dinero asignado del Fondo General del gobierno de Puerto Rico a la UPR eran $833 millones. Sin embargo, para el 1 de julio, el ente fiscalizador pretende destinar solo $407 millones al sistema público universitario, que representa la reducción total del 51% del presupuesto.
En entrevista con Pulso Estudiantil, la representante claustral alterna del RCM, Lida Orta Anés, indicó que el retiro de “esta acreditación presenta la primera explosión que se da a consecuencia de una pérdida de presupuesto” y que, de seguir el corte de fondos, se perderán otras acreditaciones, una preocupación que docentes del Recinto han presentado desde el verano del 2020.
Inacción de la administración de la UPR
Los representantes claustrales también denunciaron que la administración universitaria es igualmente responsable por la amenaza a la acreditación del programa de residencia de Neurocirugía.
La doctora Orta Anés aseguró que el RCM conocía desde hace dos años que el programa de Neurocirugía estaba en probatoria y que, por lo tanto, “nadie puede decir que lo cogió por sorpresa”.
“Esto es un banderín rojo que por dos años ha estado flotando y moviéndose entre nosotros. Por alguna razón, no hubo una intervención en respuesta a esa alerta que nos estaban dando. Hay una responsabilidad a la administración del recinto”, afirmó la también catedrática del RCM.
Orta Anés comunicó que inicialmente, para cumplir con unas exigencias de la agencia acreditadora, el Departamento de Salud asignó $8 millones. No obstante, la profesora alertó que “no se sabe en qué se utilizó [el dinero] y los informes de progreso requeridos se han entregado incompletos y atrasados”.
Por su parte, el director del Departamento de Cirugía del RCM, William Méndez Latallani, comentó, a través de declaraciones escritas, que todavía se desconocen las razones para la determinación de la ACGME. Además, el galeno mencionó que contemplan reunirse con la JSF porque “gran parte de la situación que enfrenta el programa es de carácter financiero”.
Con relación a los estudiantes que pertenecen al programa y los que fueron admitidos, Orta Anés señaló que el Recinto se enfrentará a un “proceso agresivo” para transferir a los alumnos a otras universidades.
“Es responsabilidad de la institución mover estas personas a otras instituciones. Aún con el corte presupuestario, nosotros tenemos que buscar el financiamiento para pagarles la carrera a estas personas en las instituciones que decidan aceptarlos.Ya todas estas admisiones se dieron. Ya hay estudiantes admitidos para empezar en verano en esa residencia”, agregó.
De igual forma, Orta Anés mencionó que la pérdida del programa de Neurocirugía afectaría la salud pública del país.
“Tenemos una atención médica en la capacidad de aprender trauma en Centro Médico, en el Hospital de Trauma, que es el único en el país. Vamos a tener una reducción en el personal que existe actualmente que, prácticamente, lo cargan los residentes que se están quedando sin sus acreditaciones”, dijo Orta Anés.
Según la profesora, tomará años desarrollar una estructura necesaria para recuperar la acreditación del programa.
“El proceso de volver a capturar esta acreditación va a ser un proceso riguroso y va a ser cuesta arriba. Es más fácil arreglar algo que está en proceso que garantizar que tu logras capturar algo que ya perdiste”, agregó.
Orta Anés, quien pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, afirmó que el presidente de la UPR es responsable de “verificar qué pasó y asegurarse de que no vuelva a pasar”.
“Ante esta situación, tiene que haber una estrategia muy enérgica y asertiva de la administración de la Universidad de Puerto Rico hacia la legislatura, hacia el gobernador y hacia la Junta de Control Fiscal para garantizar que haya dinero necesario para resolver este problema, para que este proceso no siga en un efecto dominó y sigan perdiéndose las acreditaciones”, sostuvo.
