Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: ENDI
Tres miembros de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentaron hace minutos su renuncia ante el entre universitario, el cual está jugando un papel importante en la huelga estudiantil.
El presidente, Carlos Pérez Díaz, el vicepresidente, Carlos H. del Río y Frank Catalá Morales dimitieron hoy a sus puestos, según un comunicado de prensa.
Para «dar oportunidad a otras personas» que «aporten a la Universidad soluciones, con el mismo empeño que hemos tenido de protegerla, pero con mayor respaldo de quienes han tomado control de sus portones y de los que tienen el control de sus fondos» fue que los tres importantes miembros dejaron sus cargos, en una situación que la UPR se encuentra en una huelga estudiantil.
Igualmente, se especifica que se envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicándole que los recortes que se le quieren hacer a la institución son «desproporcionados, desmesurados, injustos y definidos muy livianamente».
«Ponen en grave riesgo, no solo la integridad física de la UPR, sino la capacidad que todavía posee de atraer docentes de altísima calidad, de liderar importantes investigaciones y de formar profesionales extraordinarios en una gran variedad de campos de las artes y las ciencias”, dice la misiva al Gobernador, la cual agrega que para “revertir esa ruta, la Universidad necesita unidad de propósitos, con objetivos comunes, que la salven y la ayuden a salir del lugar tan complicado en que se encuentra», escribieron los funcionarios a Rosselló Nevares.
Al entender que «falta apoyo» del gobierno a la situación de incertidumbre que vive la institución pública del país, los renunciantes entendieron que «lo correcto en este momento es que demos espacio para que el nuevo gobierno asuma plenamente su responsabilidad con la Universidad y con lo que ella representa para el país».
Mientras, dos nuevos miembros…
Dos nuevos miembros fueron designados hoy por el gobernador Rosselló Nevares para formar parte de la JG de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El profesor Walter Alomar Jiménez y la licenciada Zoraida Buxó Santiago esperarán a ser confirmados por el Senado en los próximas días, para pasar a formar parte oficial del cuerpo.
Alomar Jiménez es abogado en práctica privada y es profesor adjunto en la Escuela de Derecho UPR, donde imparte cursos en Propiedad Intelectual, Derecho de Patentes y Procedimiento Civil. Su doctorado es en Derecho en la universidad pública del país.
Mientras, Buxó Santiago se desempeñó como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y mantiene su práctica como abogada.
«Tal y como fue nuestro compromiso, realizo estas designaciones luego de una evaluación profunda sobre las cualificaciones de los nominados para llenar dos de las vacantes disponibles en la Junta de Gobierno de la UPR. No tengo duda que con su experiencia y sensibilidad ambos designados guiarán por el mejor camino a la Universidad», sostuvo Rosselló Nevares.
Las dos designaciones se dan tras varios meses en los cuales el primer ejecutivo y su equipo administrativo seguía dándole largas al asunto comentando que harían los nombramientos «pronto».
Al momento de efectuar las nominaciones a la JG, el mandatario manifestó que «para que se produzca una apertura de la Universidad, la propia comunidad universitaria debe evidenciar que tiene la voluntad de regresar al trabajo; el deseo de reanudar las labores académicas y el regreso a la normalidad en los recintos».
Estas expresiones se dan en el contexto de la retirada de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Mesa de Diálogo Multisectorial tras el rechazo de los Movimientos Estudiantiles a los preacuerdos que se alcanzó ese grupo, y después de la supuesta negativa de la JG para continuar negociando una apertura de los portones.
Según un rotativo del país, se mantendrían así hasta que «se abran los portones del Recinto de Río Piedras».
El gobernador terminó pidiendo que no se vuelva a clases sin que haya una voluntad para así hacerlo. «Pretender lograr la apertura de la Universidad, sin que la comunidad universitaria demuestre tener la voluntad de regresar a las labores académicas y administrativas, seria provocar situaciones de violencia frente a los portones que deben evitarse», agregó el gobernador.
