En el país que se vive en un negativo constante, a veces resulta sencillo dar las cosas por sentadas. Se internaliza la crisis de modo que todo lo que se hace como consecuencia de ella o para resolverla se puede enmarcar como algo positivo, e incluso, necesario.
Hace falta descontextualizarse del país en el que los servicios públicos son pésimos, la transportación pública es deficiente, y un sinnúmero de quejas razonables más para darse cuenta de que las personas, en crisis o no, son privados de derechos. La ineficiencia de una institución no justifica sus consecuencias; no hay por qué normalizar los atropellos a la dignidad humana, y las medidas de austeridad disfrazadas de mediocridad institucional.
Pulso Estudiantil se opone al cierre de la única residencia estudiantil accesible que, hasta hoy, permanece abierta: Residencia Campus, espacio que albergaba, promedio, entre 350 y 400 estudiantes por semestre en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
Dicho espacio ha albergado miles de estudiantes de escasos recursos que han adquirido movilidad social gracias a la accesibilidad de la residencia. Han proveído a sí mismos y a sus familias una mejor calidad de vida, y hoy día, muchos son profesionales que trabajan en el mismo campus riopedrense.
El cierre de la residencia por rehabilitaciones ignora las necesidades del estudiantado. Advertir con anticipación el cierre no resuelve la pobreza de los individuos. Más allá, la falta de alternativas provistas por parte del recinto, las encuestas acerca de necesidades estudiantiles sin medidas posteriores, y el cierre previo de la adicional residencia estudiantil accesible en junio de 2018, Torre del Norte, evidencia la falta de compromiso de la administración universitaria con los estudiantes.
Sin embargo, las necesidades no se limitan a los escasos recursos. También incluyen estudiantes que no tienen hogares a donde regresar, sobrevivientes de acoso sexual que no pueden volver a sus hogares, estudiantes cuyos familiares los rechazan por sus identidades, y ciudadanos de otras naciones que no pueden cruzar fronteras cerradas por la crisis mundial del coronavirus.
El desalojo, incluso, no debe ser forzado en pandemia ya que la Orden Ejecutiva (OE-2020-041, 5ta sección) más reciente exime del toque de queda a las residencias temporeras hasta el 15 de junio para evitar la propagación del COVID-19.
La administración universitaria falló en su deber de ayudar a los estudiantes en el 2018 al no proveer los estipendios que ofrecieron para aquellos con necesidad y que no fuesen aceptados en Resi Campus, tras el cierre de Torre Norte. Esto ocurrió pese a las decenas de solicitudes denegadas para ResiCampus que estipulaban necesidad económica.
Dos años después del cierre de Torre del Norte, aún la vivienda universitaria se encuentra en estatus de planificación, según el desglose de proyectos de mejoras del recinto riopedrense disponible en su página en línea.
¿Cómo se puede confiar con certeza que la Residencia Campus estará abierta dentro del lapso de tiempo que estipula el recinto? ¿A caso no se corre el riesgo que ocurra lo mismo que ocurrió con Torre Norte y se aplace la reapertura aún más? ¿Quién garantiza que las residencias serán accesibles una vez vuelvan a abrir?
Las preguntas permanecen sin respuestas por la falta de transparencia de las autoridades del recinto. Pareciera que las necesidades del estudiantado se cumplen por edificios deteriorados y no por iniciativas reales de parte de la administración universitaria; edificios que no necesitarían ser rehabilitados si fuesen mantenidos responsablemente.
Reiteramos nuestro apoyo hacia los residentes de ResiCampus, y reconocemos la importancia de que haya un espacio accesible de vivienda para los estudiantes con mayores necesidades económicas y sociales que el resto de la población estudiantil. La austeridad no es simplemente cerrar un edificio, es cerrar las oportunidades a tener una vida digna y libre.
ARAB
