En contra del recorte de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) que resultaría en un aumento de matrícula para el año fiscal 2022, estudiantes, profesores y empleados del primer centro docente del país marcharon el pasado viernes, 11 de junio, desde el Capitolio hasta La Fortaleza.
La protesta, que convocó el Consejo General de Estudiantes (CGE), la Asociación de Profesores y Profesoras Universitarios (AAPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, exigió la restitución de la fórmula 9.6 por ciento del Fondo General, e insistieron en que se detenga la disminución del presupuesto universitario.
“Nosotros lo que esperamos con esta marcha es que la administración (la Administración Central), quienes son los que se supone que estén batallando por nuestra universidad y el estado, comiencen a movilizarse, luchar y dejar las posturas de neutralidad. La Junta de Control Fiscal no nos responde a la universidad, el gobierno y la administración sí y nos continúan fallando. Nos toca a nosotros, los sectores de la comunidad universitaria, a salir a pelear”, expresó la presidenta del CGE del recinto de Aguadilla, Brenda Ferrer Lasalle.
Ferrer Lasalle también señaló su apoyo al desarrollo del proyecto de ley de Reforma Universitaria, Proyecto 172, el cual “nos quieren derogar” debido a que los rectores y el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, se oponen a un plan que “protege a nuestra universidad” y restituiría la fórmula del 9.6 que declara al proyecto educativo como servicio esencial.
Foto por: Carlos J. Carreras Reyes
Por su parte, la coordinadora de la AAPU, María del Mar Rosa Rodríguez, detalló la necesidad de impulsar “desde la calle” el proyecto de la Reforma Universitaria dado a que “los diferentes sectores sabemos que hay un montón de problemas de la universidad y todos redundan en el presupuesto y los recortes”.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el pasado 27 de mayo el recorte de $94 millones a pesar de la oposición por parte del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, la vicepresidenta de la Junta de Gobierno y dos integrantes de la JSF, quienes plantearon el efecto negativo que tendría en la matrícula del alumnado.
Según Haddock Acevedo, al eliminar los fondos, la institución pública estaría operando con, aproximadamente, $427 millones, aumentando el crédito del estudiantado subgraduado a $145 y dejando alrededor de 400 acreditaciones afectadas.
A causa de los recortes, la Educación Médica Graduada desacreditó recientemente el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), efectivo desde el mes de junio del 2022, por tener un déficit de equipo y personal médico.
Los representantes del sector docente ante la Junta Universitaria de la UPR atribuyeron la desacreditación del programa a la JSF y a la Administración Central, ya que la necesidad de pagarles a los bonistas ha causado problemas con agencias acreditadoras, explicó en un comunicado de prensa, la representante claustral de Arecibo, Rosa González Muñiz.
En respuesta a la decisión de la JSF, el gobernador reasignó recientemente $94 millones para el primer centro docente, efectivos durante el año fiscal 2022.
Según informó la Junta de Gobierno en su comunicado de prensa, la asignación económica se distribuirá en $40 millones para el Sistema de Retiro, aumentando el presupuesto a $160 millones anuales que eliminaría la reducción de los beneficios a pensionados; $10 millones hacia el RCM, a causa del impacto de la pandemia COVID-19; $20 millones para el pareo de fondos en el año fiscal 2022; $20 millones para el fondo de reservas para emergencias que decreció desde el 2018; y $4 millones para la revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes.
Sin embargo, para la presidenta del CGE del recinto riopedrense, Fabiana Marini Martínez, la reasignación de los $94 millones “son una curita. Están este año y ¿dónde van a estar el año que viene? No es que nos resuelvan y apaguen los fuegos al momento, es que nos den el dinero y el presupuesto porque nosotros somos la universidad del estado y el estado tiene que proveer”.
Asimismo, el excandidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, agregó en entrevista con Pulso Estudiantil que “la universidad debe tener, como política presupuestaria, unas finanzas robustas para (fortalecer) la oferta académica, […] la oportunidad para estudiantes deescasos recursos, poder tener una educación universitaria.”
“Los que estamos aquí, los que hemos sido producto de la Universidad de Puerto Rico y, aquellos que sin ser reconocen ese valor, lo hacemos con un gesto de no solamente de dignidad y de nuestro patrimonio universitario, pero además porque se nos va el presente y el futuro del país”, concluyó Dalmau Ramiréz.
Foto por: Cris Seda Chabrier
Los manifestantes reiteraron la necesidad de conservar una universidad accesible a través de consignas y pancartas y aseguraron que “con mi educación no se juega”.
