Un grupo de profesores de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) envió una carta a la Junta de Gobierno de la institución pidiendo que se considere la condición socioeconómica de los estudiantes antes de imponer un aumento a los créditos de los programas de la Escuela.
La misiva, remitida el pasado miércoles, 30 de mayo, responde a la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno, de un incremento que elevará el costo del crédito del programa de Juris Doctor (JD) a $200, mientras que la Maestría en Derecho (LLM) verá su crédito alcanzando los $500.
“Cuando se plantea el aumento al costo de los créditos de estudios graduados no debe asumirse que los egresados de la Escuela de Derecho obtienen empleos con mayor poder adquisitivo que el resto de los estudiantes graduados”, lee parte de la misiva, que también fue firmada por la decana de la Escuela, Vivian I. Neptune Rivera.
“El perfil socioeconómico de los estudiantes admitidos a la Escuela en el 2016 refleja que el 79.69% de los estudiantes tiene un ingreso anual no mayor de $14,999.00. Para los años 2015-16, el 58% de los estudiantes solicitó préstamos y para el año 2016-2017 lo hizo el 50%”, argumentan los docentes, exponiendo también que varios de los estudiantes son jefes de familia que tendrían a su cargo tanto menores de edad, como personas de edad avanzada o de diversidad funcional.
Además, en la comunicación, explican que los estudiantes graduados en el año 2017 reportaron ingresos de $39,000 o menos. Asimismo, los docentes enfatizan que los bufetes han cambiado sus prácticas de contratación, favoreciendo los servicios subcontratados por encima de empleos directamente como asociados, lo que redunda en que los graduados devengan menos.
“En los proyectos de fondos externos que hemos desarrollado en la Escuela para proveer servicios a personas afectadas por el huracán María a los abogados se les compensa entre $25.00 y $30.00 la hora. Los grandes bufetes que en el pasado extendían ofertas de empleos a asociados muchos han desaparecido o evolucionado a prácticas pequeñas en las cuales no emplean abogados sino que sub contratan servicios en las mismas cantidades antes empleadas”, lee el documento, que cita posteriormente al Labor Study UPR Law, estudio elaborado por la doctora María Enchautegui.
Asimismo, los docentes citan como ejemplo la contratación de profesores con doctorados para el Recinto de Río Piedras de la Universidad, los cuales –según la carta- son reclutados con un salario anual de $59,400.
“Este es el mismo salario con el que se recluta a un Catedrático Auxiliar con Maestría en Derecho (LLM) que equivale a un doctorado para efectos de reclutamiento en la Escuela de Derecho”, puntualizaron.
Intentan evitar el descenso de la cantidad de solicitudes
Mientras, los docentes hicieron hincapié en la disminución de solicitudes tanto a la Escuela, como en programas graduados en la Universidad, y en el efecto que tendría el aumento del costo en ellas.
“El aumentar el costo del crédito solo abonaría a una disminución mayor y que los posibles solicitantes opten por otras carreras profesionales o emigren a los Estados Unidos como ya muchos han hecho. Los estimados realizados para el plan fiscal tienen que ser atemperados a la realidad de esta baja en solicitudes en estudios graduados y los efectos que tendría un incremento en el costo del crédito graduado”, declararon los catedráticos.
De la misma manera, aseveraron que el alza en el costo amenazaría su misión de “promover el acceso a la justicia”, lo que, según los docentes, comienza con el acceso a la educación legal. A la vez, destacaron que el desarrollo económico del país es posible mientras se continúe la formación de profesionales productivos.
“El solo brindarles la opción de endeudarse para cumplir sus sueños profesionales no es saludable para un país en quiebra. La movilidad social que esta Universidad ha hecho posible para generaciones de puertorriqueños, solo se concretiza si se mantiene el crédito graduado a niveles accesibles y razonables», aseguraron los profesores.
La misiva culmina con los profesores afirmando que la Escuela ha ampliado los programas con el propósito de allegar mayores fondos, y solicitado que se apoyen sus esfuerzos por ampliar el programa de Maestría en Derecho y reclutar más estudiantes para que esos recaudos reúnan los fondos necesarios antes de aumentar el crédito para el Juris Doctor. El grado en Derecho se realiza antes de la Maestría, y es necesario para optar a ella.
