El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, se opuso al proyecto del Proyecto del Senado 172, tras expresar que la medida legislativa pone en riesgo la acreditación otorgada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) al primer centro docente de la isla.
Haddock Avecedo compareció, el pasado jueves, 13 de mayo, ante la Comisión de Educación, Cultura y Turismo del Senado de Puerto Rico, donde se condicionó el endoso del proyecto de Reforma Universitaria, que establecería una “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, para atender la gobernanza universitaria, las acreditaciones de sus programas académicos, y la asignación presupuestaria original de la institución universitaria.
En el mes de febrero, el senador independiente, José Vargas Vidot, celebró la radicación del P. del S. 172 presentada por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU), ente compuesto por docentes, no docentes y estudiantes de la UPR. Sin embargo, el legislador clarificó que, en el cuatrienio pasado, ya se había presentado el Proyecto del Senado 1536, un precursor del P. del S. 172 que también buscaba reformar a la Universidad. A causa de la pandemia del COVID-19, la consideración de la medida nunca fue retomada.
Según las propuestas de la CMRU, el Consejo Universitario sustituirá la actual Junta de Gobierno. El nuevo organismo académico estaría compuesto por 13 miembros seleccionados por el gobernador que saldrían en una lista de la Junta Universitaria que, también, recibirían los nombres de los senados académicos de los 11 recintos.
No obstante, el presidente universitario estableció, en un memorial explicativo, que una entidad educativa “se debe regir por un cuerpo compuesto por miembros externos a la comunidad universitaria, libre de intereses personales para que sus determinaciones y decisiones sean imparciales, saludables y razonables”.
Asimismo, Haddock Acevedo explicó que el P. del S. 1536 y el P. del S. 172 son medidas “prácticamente idénticas”, pues, para el presidente, las modificaciones realizadas en la nueva versión, no cambian la propuesta del proyecto de ley.
Acorde con la acreditación de la MSCHE, el presidente universitario recalcó que, según el estándar VII de la organización, se requiere que los centros docentes tengan un cuerpo rector legalmente constituido.
“No solo el modelo de gobernanza propuesto se aleja típicamente del utilizado en las corporaciones, sino que al establecer que el cuerpo rector es el Consejo Universitario, se incumplen con los criterios del Estándar VII de la MSCHE, poniendo en peligro la acreditación de la Universidad”, reza el memorial explicativo.
Por su parte, el rector del recinto universitario de Mayagüez, Agustín Rullán Toro, aseguró, para el rotativo El Nuevo Día, que transferir los poderes a la Junta Universitaria provocaría que la UPR sea regida “por comités” que tendrían que llevar cada decisión “a debates y votaciones”.
Al momento, la UPR estableció que la propuesta del proyecto de ley “no es cónsona con prácticas efectivas, ni estructuras organizacionales, ni procesos de gobernanza de universidades como modelos a seguir”.
