La Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) premió al egresado Carlos Santa Arroyo con la Medalla Microjuris por integrar la tecnología en su preparación jurídica.
“El principio de lo que es revenge porn, en general, es crearle un daño a esa persona para que no pueda posteriormente ni conseguir un trabajo, ni tener acceso a la justicia, porque conoce que no le van hacer nada, porque conoce que no pueden llegar a ellos tan fácil”, aclaró Santa Arroyo.
La investigación comenzó en el 2018 como un proyecto grupal para su clase de Leyes Cibernéticas o Ciber Law. Después de entregar el trabajo final y completar el curso, no dejaba de pensar sobre el tema predispuesto por su profesor.
No fue hasta septiembre de 2019 que decidió retomar el tema e investigarlo por su cuenta.
“Siempre estuve pendiente del tema porque son cosas que preocupan, no solo como una persona que estudia derecho o un profesional, sino también como ser humano común y corriente, y ciudadano de Puerto Rico”, agregó Santa Arroyo.
El graduado solicitó permiso para utilizar la información previamente recolectada y usarla en su nueva fase.
El trabajo se basó en comparar una lista de leyes y artículos en Estados Unidos sobre la pornovenganza con la legislación de Puerto Rico.
“El proyecto original se basaba más en el ámbito internacional, y yo quise darle ese giro y darle foco a Puerto Rico”, subrayó el graduado jurídico.
Una vez tome la reválida, le queda por completar el trabajo con las indicaciones necesarias antes de publicarlo.
Al Santa Arroyo culminar su curso de Ciber Law en el 2018, el presidente Trump aprobó las siguientes leyes federales: Ley de lucha contra el tráfico sexual en línea (FOSTA, por sus siglas en inglés) y Ley de la deshabilitación de traficantes de sexo (SESTA, por sus siglas en inglés). Estas leyes penalizan a las páginas web que publican anuncios de prostitución.
Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense expresó que la vaguedad del texto legislativo podría implicar que las penas fuesen retroactivas, lo que sería «inconstitucional», y que la norma podría acabar haciendo más difícil atrapar a los traficantes sexuales, establece un artículo de la vanguardia.
A la vez, en el Senado de Puerto Rico, se aprobó de forma unánime el proyecto del Senado 813, con la autoría de la Senadora Zoé Laboy Alvarado; no obstante, no se dio seguimiento fuera de la comisión, dejando a Puerto Rico sin legislación penal sobre la pornovenganza.
“Es más que un proyecto vanguardista, serviría como una protección para las personas que hayan sufrido las repercusiones, tanto en la familia como en el trabajo”, opinó Santa Arroyo.
A pesar de todo, víctimas de la violencia pornográfica pueden acudir a la Ley 54, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. MicroJuris.com publicó un artículo con remedios disponibles sustentados por la licenciada Grecia Díaz-Sánchez.
“Es un problema social donde no podemos acusar a la víctima porque ‘ella se lo buscó’; es un problema de que hay personas que quieren hacerte el mal con daños irreparables a tu persona”, dijo el ahora abogado.
Santa Arroyo se propone comenzar una maestría en derecho de salud en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), pero no descarta la posibilidad de seguir dedicándose a investigar la venganza pornográfica y cómo fungir de ayuda para las víctimas.
CMRC
