Por: Gabriela Carrasquillo Piñeiro / ANLS
La vista pública preliminar para dar seguimiento al caso de los siete estudiantes que fueron acusados por delitos tras la interrupción de una reunión de la Junta de Gobierno fue pospuesta por falta del tiempo.
En la mañana de hoy, miércoles, los estudiantes Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Alexa Figueroa Carrasquillo, Thaliangelly Torres González, Verónica Figueroa Huertas, Gabriel Díaz Rivera y Juan Collazo Vázquez fueron citados a una vista pública en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
El inicio de la vista estaba pautado para las 9:00 a. m., pero no fue hasta las 12:05 del medio día que la jueza Wanda Cruz Ayala, luego de haber atendido otros 23 casos, comenzó la vista.
La vista pública fue celebrada un año y seis meses después de los hechos ocurridos el 27 de abril de 2017 durante la huelga estudiantil. El licenciado Edwin Vélez Collazo expresa que “esto es muestra de lo que es la represión del estado… tenemos estudiantes universitarios que llevan casi dos años en un proceso que está todavía gateando”.
En la sala comparecieron tanto acusados como testigos con su respectiva representación legal. Entre los testigos se encontraba la expresidenta de la Universidad del Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, la licenciada Sandra Espada Santos, Andy Rodríguez, el sargento José Rivera, Rosa Gómez Ocasio y Manuel Valentín de la compañía Security Service.
Por falta de tiempo, la jueza decidió tomar juramento a los testigos presentes en la vista y coordinó tres fechas para las próximas vistas preliminares en alzada a celebrarse el 14, 22 y 31 de enero del próximo año.
Randiel Negrón, Thaliangelly Torres y Verónica Figueroa fueron acusados por violación al Artículo 199 por daño agravado, y el Artículo 242 por motín. Este último, según el Código Penal de la Ley 146 de 2012, fue por emplear o amenazar con algún tipo de fuerza o violencia que perturbe la tranquilidad pública.
El estudiante Juan Collazo fue acusado de violar el Artículo 179 por delito menos grave contra el derecho de reunión lícita y pacífica.
Gabriel Díaz y Francisco Santiago también fueron acusados por la violación del Artículo 199 y el 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. Alexa Figueroa, quien enfrenta la mayor cantidad de cargos, no solo se le acusa de haber violado los Artículos 199, 245 y 179, sino también por violar el 156 por restricción de libertad agravada.
Collazo Vázquez compartió que los acusados entienden que el estado está invirtiendo recursos donde no tiene que invertirlos. “Ya llevamos un año y medio más o menos en este proceso legal por unos sucesos que entendemos no ameritan este tipo de persecución”, señaló.
Además, añadió que, según revela el proceso, es preocupante la cantidad de gente que ha sido “carpeteada” y la recuperación de información a nivel digital solamente para “montar el caso”.
“Entendemos que eso es completamente inaceptable y preocupante para la democracia de este país”, exclamó el estudiante.
Hasta el momento, los testigos han provisto varios discos con pruebas de los daños causados. Una de las licenciadas en defensa de una estudiante señaló que aún los testigos no les habían entregado todas las evidencias que presentarán en el juicio, por lo que los estudiantes no podrán prepararse bien hasta que les fueran provistas.
