Por: Randiel J. Negrón Torres
Las últimas semanas se han caracterizado por una persecución estatal a personas que, supuestamente, han cometido fraude federal por necesitar, solicitar y recibir el cheque del PUA (Pandemic Unemployment Assistance). Hasta este momento, más de 3,500 personas han devuelto cheques del PUA porque entienden que han cometido fraude al solicitarlo; hablamos de hasta $5.6 millones de dólares. Según el secretario del Departamento del Trabajo (DT), Carlos Rivera Santiago, sobre 100,000 personas y 10,000 empleadxs públicos han cometido este fraude.
Recordemos que nos encontramos en una crisis de salud nunca vista en el presente siglo, y que sus consecuencias han llevado a que en Estados Unidos y Puerto Rico se alcanzaran números históricos en el desempleo y cierre de empresas. La falta de un sistema de salud universal, la desinformación sobre el virus y la negligencia gubernamental han creado la crisis social más grande de los últimos tiempos.
Puerto Rico sigue siendo el país con mayor desigualdad en todo el continente americano, y ahora más. Recordado esto, intentaré argumentar sobre la validez de solicitar y exigir todas las ayudas federales posibles y, por otro lado, denunciar la campaña sistémica de asustar y crear pánico sobre el supuesto fraude de solicitar el PUA.
Las solicitudes al PUA se han disparado en toda la nación americana, no solo en Puerto Rico. La diferencia especial con nuestro país es que se trata de una colonia que no tiene independencia ni soberanía económica.
Como colonia, somos un paraíso fiscal de los Estados Unidos. Las condiciones de vida en la isla están en su punto más precario desde la creación del ELA y eso impulsa a nuestra gente a buscar mejores oportunidades en los estados. Personas recién graduadas de diferentes niveles de escolaridad se nos van. La fuga de capital financiero es evidente cada vez se otorgan exenciones contributivas a compañías de afuera y el capitalismo lleva al cierre de empresas locales medianas y pequeñas.
Miles de jóvenes se inscriben en las filas del ejército de Estados Unidos. Hablamos de la primera potencia mundial. No importa cuál sea su opinión sobre la relación colonial, es un deber exigir la otorgación en masa de auxilios económicos. Para un estadista, es parte del reclamo del trato igualitario y de la anexión a la nación el lograr mejoras en la salud económica de lo que sería el estado 51.
Si, al contrario, crees en la soberanía y la libertad política, un teórico del coloniaje como Franz Fanon nos enseña que de los primeros pasos después de la independencia hacia la dignidad del nuevo pueblo es recuperar las riquezas que por tanto tiempo se nos han expropiado. Claro que indigna ver cómo personas que no pasan necesidades económicas solicitan el PUA, lo reciben, y otras personas en peores condiciones de vida no. Lo que planteo es que no se trata de pelearnos por quién lo merece más, sino de exigir que cada boricua obtenga este ‘’derecho’’. Al final, quién más o quién menos, se ha visto afectadx por la pandemia, terremotos y huracanes en los pasados años. Estados Unidos tiene una colonia y debe responder por ella.
Por otro lado, el Departamento del Trabajo le pidió un millón de dólares al gobierno de Estados Unidos para ‘’combatir’’ el fraude al PUA. Esto no significa que el trabajo del FBI queda desplazado por el DT; al contrario, ese millón es para fortalecer la división de Robos a Bancos y Fraude de la Policía de Puerto Rico que colabora con el FBI.
Los medios de comunicación con más llegada en Puerto Rico han reseñado los recientes arrestos a personas que cometieron el supuesto fraude; esto ha tenido un efecto directo en la devolución en masa de cheques del PUA al DT. Nada garantiza que personas desinformadas estén devolviendo el cheque cuando sí tenían derecho a recibirlo. Eso crea otro problema.
En los pasados días vimos como se le fijó una fianza de $800,000.00 dólares a una madre y su hija que solicitaron el PUA. A Tata Charbonier y a Nelson del Valle se les impuso una fianza de sólo $25,000 por los mismos cargos, pero sólo una parte de esta historia es marginada.
La comisionada residente, Jenniffer González, advirtió recientemente que las consecuencias de este ‘’fraude’’ serán severas cuando dijo’’allí no es que te dan un ‘cantacito’ en la mano y te vas’’, refiriéndose al ente federal. La Comisionada comentó que estas acciones limitan la llegada de otros fondos federales, pero hasta el momento, no ha comentado sobre los patronos que recibieron fondos de la ley CARES para mantener a sus empleadxs y aún así se despidieron deliberadamente, aparte de su nómina por supuesta causa del Coronavirus.
Entre el millón que recibió la Policía y los más de 5 millones que se han devuelto en cinco días (millón por día) el Gobierno maneja otros 6 millones que podrían estar ayudando a combatir la crisis de salud, social y económica que vive Puerto Rico a causa de la pandemia.
Si en vez de estar persiguiendo a quienes tratan de sobrevivir persiguieran a lxs verdaderxs criminales en el país, tal vez tendríamos menos mujeres desaparecidas y asesinadas que personas pobres en la cárcel.
La solución es bastante sencilla: que la comisionada y el Gobierno se encarguen de exigir que se flexibilice la otorgación de esta ayuda al pueblo de Puerto Rico; no que se refuerce la persecución por solicitar el PUA. Se nos persigue por necesitar el PUA. Se nos persigue por ser pobres.
Las expresiones vertidas en este escrito no necesariamente representan el sentir de Pulso Estudiantil
