La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó establecer un sistema de contribución definida al Sistema de Retiro de los empleados con menos de 10 años de experiencia y los entrantes a partir de 2022.
Emilio M. Colón, presidente de la Junta de Gobierno, expresó que las modificaciones no afectarán a los pensionados efectivos, no habrá cambios en sus pensiones, ni cambiará los beneficios de las personas que han trabajado durante una década o más. En consecuencia, el 88 por ciento de los participantes del plan de retiro no serán afectados.
El Sistema de Retiro de la UPR tendrá dos métodos para la implementación de los cambios, uno para los empleados nuevos y con menos de 10 años laborando y otro, para los trabajadores con 10 años o más de experiencia. Además, se establecerá un programa de alfabetización financiera para los empleados y la comunidad general.
La modificación, que será efectiva el 31 de diciembre de 2021 y creará un plan de contribución definido a partir de enero de 2022, incluye congelar el plan de beneficios definidos para los empleados con menos de 10 años.
El plan sería lo contrario al actual, pues no importa cuánto dinero haya aportado el trabajador, el retirado recibirá una pensión calculada basada en el salario como empleado. Actualmente, los empleados reciben una pensión de acuerdo con las aportaciones realizadas mientras trabajó.
“Es nuestro deber proteger a la Universidad del riesgo de tener que acogerse a Título III (reestructuración de deuda bajo la ley Promesa) o de llevar sus pensiones a un sistema de Pay Go, que sería insostenible para la institución”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno.
Colón manifestó que la decisión tomada con relación al Sistema de Retiro trata de conciliar y hacer un balance para lograr no afectar a los pensionados de la Universidad ni a sus empleados con 10 años o más en la institución.
A su vez, agregó que la situación con el retiro compromete la sostenibilidad del proyecto universitario y, que busca tener una solución a largo plazo al problema de la deuda acumulada, que supera los $4,700 millones.
