Por: Camila R.Medina Santiago / CMRC
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está en desacuerdo con las revisiones recomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al último Plan Fiscal, entregado el 5 de abril de 2019.
“La UPR está totalmente en desacuerdo con la opinión de JSF de que el Plan Fiscal presentado requiere más revisiones para alcanzar los objetivos fiscales establecidos, como condición previa a su certificación de Promesa. Además, la UPR no está de acuerdo con varias medidas recomendadas por la Junta, como los aumentos de costos de matrícula para graduados y estudiantes universitarios, la eliminación de exenciones estudiantiles, la eliminación del Bono de Navidad y las medidas poco realistas para el Sistema de Pensiones UPR, que no consideran medidas de implementación sensibles y las necesarias para mitigar cualquier impacto adverso”, manifestó la Junta de Gobierno en la carta.
Costos de las pensiones de los empleados
La Junta de Gobierno mencionó que la JSF no puede tomar decisiones impulsadas por datos y políticas sostenibles hasta que se le entregue información actuaría confiable.
La UPR estableció que están en proceso de recibir datos financieros actualizados de las pensiones, pero tardarán ocho semanas en recibirlos.
Al momento, la Junta de Gobierno entregó, según establece en la carta, información solicitada por la JSF relacionada con datos del censo del año fiscal 2018.
“Teniendo en cuenta que en la actualidad la JSF carece de información actuarial confiable, la UPR le proporcionará información financiera y actuarial actualizada, una vez que esté disponible. Por lo que las decisiones sobre este elemento importante estarán impulsadas por datos y políticas sostenibles, y no por creencias o suposiciones no respaldadas”, sostuvo la Junta de Gobierno.
Los costos de las pensiones cumplirán con las versiones anteriores del Plan Fiscal de al UPR, según la carta. No obstante, el Comité del Sistema de Retiro de la UPR recomendó a la Junta de Gobierno un plan de financiamiento, que será entregado a la JSF cuando se apruebe el plan certificado.
“A la luz de esto, la JSF no debe obligar a la Universidad a tomar decisiones apresuradas, ni mucho menos obligar a cumplirlas en un plan certificado, sin que se le permita finalizar todos los informes actuariales y financieros necesarios, y solicitar la aprobación de la Junta de Gobierno de la UPR, de acuerdo con la ley y normativa universitaria. También se debe permitir a la Universidad que tome todas las medidas necesarias para implementar con éxito los cambios tan necesarios en el sistema de retiro e informar a todas las partes interesadas dentro de la Universidad, en particular a los empleados activos con y sin derechos adquiridos, así como a los jubilados”, comentó la Junta de Gobierno.
Medidas de ingresos
La Junta de Gobierno estableció que un incremento adicional “sería perjudicial para los programas de posgrado de la Universidad, y, sin duda, dificultará el acceso de los estudiantes a una educación asequible”.
En la carta mencionan el aumento por crédito a los estudiantes y indican que la escuela graduada alcanzó los costos de las universidades privadas.
En cuanto a las exenciones académicas y deportivas, la Junta de Gobierno especificó, en la carta, que fueron revisadas. Las políticas incorporadas establecen que se otorgarán en base a los méritos de los estudiantes y fortalecerán los estándares de cumplimiento para los empleados, sus dependientes y otros beneficiarios. Los cambios resultarán, según la carta, en $10 millones en ingresos.
“Las exenciones son parte de las herramientas que la universidad planea utilizar para atraer a estudiantes talentosos en diferentes campos, mientras sigue siendo una institución viable y asequible”, afirmó la Junta de Gobierno.
