Por: Isabel Burgos Rossy, Ana P. Rivera Negrón y Kamilha Soto Villanueva
El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez, fue el único aspirante a la gobernación que compareció al Foro por la Gobernación 2024: Políticas públicas y posturas jurídicas, el pasado viernes en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Dalmau Ramírez apeló a las generaciones más jóvenes, y logró entrar en detalles sobre las propuestas que incluye su plataforma de gobierno, en el foro que originalmente estaba pensado para servir como espacio de debate entre los cuatro aspirantes a la gobernación en las elecciones del 2024.
Según el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (CEED), Jay Blanch Santa, los demás candidatos no trataron el foro con el respeto que merecía, y dijo que, desde los comienzos de la organización del evento, solamente “Hubo un candidato que estuvo comprometido con el proceso”, refiriéndose a Dalmau Ramírez.
Blanch Santa compartió que el aspirante a la gobernación por la alianza del PIP y el MVC sostuvo conversaciones completamente abiertas con los organizadores del evento, y que “Nos dijo desde el principio cuáles eran las fechas que tenía disponible, a qué acuerdos habían llegado las campañas, cosa que con las otras campañas no tuvimos”.
Aunque no especificó quién, el presidente del CEED añadió que “Hubo otro candidato que luego de que intentáramos hacer los arreglos, ajustarnos a su agenda, cambiar el espacio, enviarle el formato de la actividad y estar dispuestos a negociar el formato de la actividad para que pudiese comparecer, no lo hizo”.
“Ustedes son una generación invencible”
En contraste, Dalmau Ramírez aprovechó para dirigirse a los presentes quienes, en su mayoría, eran universitarios. “Son una generación que han pasado los procesos de la crisis permanente, y han podido mantenerse sobre sus pies de cara al sol. Y, tienen que utilizar esa voluntad que han ejercido, como un estímulo fundamental para saberse que pueden reescribir la historia del país”, expresó.
Añadió que “Nosotros tenemos una responsabilidad histórica en este momento. En estas elecciones se nos va la vida. Y, se nos va la vida porque en 55 años de cogobiernos del Partido Popular y del PNP, las consecuencias han sido, y no es una opinión, las consecuencias han sido pobreza, marginación, LUMA, quiebra, Junta de Control Fiscal, menos facultades democráticas, menos derechos civiles”, así continuó detallando las situaciones que los jóvenes puertorriqueños han tenido que superar.
El foro, organizado por la colaboración del CEED con el Capítulo Nilita Vientós Gastón de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho (ANED) y Probono Democracia y Participación Ciudadana, fue ideado para que la comunidad jurídica estudiantil pudiera evaluar cómo las propuestas de los candidatos impactarían el sistema judicial y los derechos fundamentales de la ciudadanía puertorriqueña.
“Este evento es de vital importancia para la comunidad jurídica de Puerto Rico, ya que nos brinda la oportunidad de escuchar, analizar y cuestionar las propuestas de quienes aspiran a liderar nuestro país”, sostuvo el moderador del foro, el estudiante de Derecho Pedro Guevara Reyes.
Las respuestas de Dalmau Ramírez
El foro se dividió en nueve preguntas presentadas por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cada pregunta abordaba un tema distinto sobre políticas públicas y posturas jurídicas. También, contó con la participación de la estudiante de maestría del programa universitario para personas privadas de su libertad Omayra Torres quien, a través de la profesora y licenciada Iris Rosario Nieves, preguntó sobre la propuesta de Dalmau Ramírez para reformar el sistema penal de Puerto Rico.
Al ser el único candidato presente, Dalmau Ramírez no escatimó con sus respuestas:
¿Qué mecanismos y estrategias utilizaría para implementar, de forma efectiva, política pública que fomente un verdadero desarrollo económico sostenible y detener el éxodo masivo de puertorriqueños dentro de un marco legal colonial agravado por la Junta de Control Fiscal?
El candidato a la gobernación sostuvo que su plataforma de gobierno propone crear un fondo de inicio para el desarrollo empresarial puertorriqueño y un instituto para el desarrollo empresarial del país.
“Yo siempre, cuando estuve en la Universidad de Puerto Rico, me cuestionaba por qué hay una facultad que se llama Administración de Empresas, en lugar de una escuela de empresarismo. Y, es que, estábamos arrastrando la idea de que nosotros, los puertorriqueños, somos intermediarios de capital extranjero, y administramos empresas de otros, y no somos capaces de establecer nuestras propias empresas”, compartió Dalmau Ramírez.
El candidato también habló sobre el Impuesto Mínimo Global que entrará en vigor en enero de 2025, y propuso crear legislación para imponer la contribución de un 15% que establece este acuerdo internacional a las empresas que son subsidiaras de matrices ubicadas fuera de Puerto Rico. Esta propuesta incluye ofrecer beneficios no contributivos a estas empresas para mantener la competitividad del mercado puertorriqueño.
El también licenciado explicó que, si Puerto Rico no establece esta legislación, las empresas tendrían que pagar en su lugar de origen o en cualquier jurisdicción en donde haya subsidiaras de la empresa, y que haya legislado sobre el acuerdo.
“Si no hacemos eso, nos va a pasar como las 936”, sostuvo el candidato refiriéndose a la Sección 936 del Código de Rentas Internas del gobierno federal que les ofrecía un privilegio contributivo a las empresas estadounidenses ubicadas en Puerto Rico, y que fue eliminado, en 1995, lo que resultó en la pérdida de decenas de miles de empleos, según sus expresiones.
Con relación a la contratación gubernamental, usted (Dalmau Ramírez) ha propuesto la cancelación del contrato de LUMA y Genera PR. ¿Cuáles son los fundamentos legales específicos que respaldan esta propuesta de cancelación? Y, ¿cómo operaría la contratación gubernamental de cara a otro operador?
El licenciado expuso tres maneras que se pueden llevar a cabo la cancelación del contrato de LUMA Energy y Genera PR. Explicó que se pudiera buscar la anulación del contrato, ya que hay argumentos para defender la postura de que el contrato fue hecho bajo la falsa representación de las condiciones de la empresa LUMA.
Otro escenario, sería cancelación a base del contrato. En caso de que LUMA haya cumplido con todas sus obligaciones, esta vía implicaría penalidades al gobierno de Puerto Rico, planteó Dalmau Ramírez.
“Hay otra cara de esa moneda, cuando una parte incumple sus obligaciones. En este caso, LUMA tiene, la propia empresa, un expediente de incumplimiento continuo con respecto a sus obligaciones”, expresó el aspirante a la gobernación. También, insinuó que la manera correspondiente a la situación actual con las empresas sería la tercera.
Dalmau Ramírez explicó que “el propio contrato dispone que hay un proceso de transición. LUMA continuará en lo que se establece un nuevo modelo de gobernanza energética. Dirigida sí a lo que es energía renovable”, entre otros aspectos que incluyen la participación ciudadana y de peritos locales.
¿Qué tres asuntos usted entiende que se deben atender mediante enmiendas constitucionales?
El candidato mencionó que su plataforma de gobierno impulsa la segunda vuelta o balotaje en caso de que, durante alguna elección, ningún candidato logre alcanzar el porcentaje de votos que la ley determina como mayoría absoluta.
Dalmau Ramírez abundó sobre su postura a favor de la unicameralidad “que debe tener apellido. Y, el apellido es con representación proporcional”, dado a que él entiende, por su tiempo como senador, que algunos partidos están sobrerrepresentados en la legislatura.
Finalmente, el aspirante a la gobernación mencionó, como un error en la constitución, el hecho de que la legislatura no evalúa todos los proyectos que los legisladores presentan, por lo que algunos proyectos no son considerados.
Dalmau Ramírez explicó que “Los legisladores, esta es mi teoría jurídica, se nos evalúa por cómo votamos. Pero, en la legislatura, no se vota por todo lo que se presenta. Y, por lo tanto, eso limita el derecho del electorado evaluar dónde están parados sus representantes, sus legisladores“.
El candidato también expresó que otro asunto constitucional que atendería sería el nombramiento de juezas y jueces, pero abundó más sobre esto en otra respuesta.
¿Cómo usted manejaría una situación en la que llega a su escritorio un proyecto de ley que restringe el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo? ¿Lo vetaría, lo aprobaría?
“Lo vetaría. Esa fue fácil”, contestó firmemente Dalmau Ramírez entre aplausos.
Aclaró que no hay una correlación entre la fe y los derechos humanos de los individuos. Aprovechó para recalcar la amenaza que presenta, para la democracia, mezclar temas de fe con temas de gobierno y las tendencias que limitan los derechos adquiridos.
¿Cómo usted atendería las medidas administrativas, entiéndase reglamentos, órdenes ejecutivas, que se invocan en este gobierno actual sobre ese asunto de derechos reproductivos una vez entre al gobierno, si es que entrase? Y, ¿cómo desde el derecho administrativo, usted atendería el asunto de derechos reproductivos?
Sobre esto, Dalmau Ramírez estableció que, de entrar en poder del gobierno, toda reglamentación que limite el derecho de autodeterminación de un individuo sobre su cuerpo quedaría sin efecto inmediatamente. Añadió que “El deber del Estado es proteger al máximo la dignidad del ser humano y los derechos humanos”.
¿Qué medidas usted implementaría para atender la situación de vivienda en Puerto Rico, dentro de un ordenamiento jurídico que salvaguarda el derecho a la propiedad privada y su libre enajenación?
Dalmau Ramírez dividió su respuesta en dos. En la primera parte de su contestación, se refirió a la revitalización de cascos urbanos y el aprovechamiento de las estructuras vacantes en Puerto Rico para no continuar el esparcimiento de la construcción en áreas verdes, reservas naturales y reservas agrícolas. También, mencionó la utilización de los cientos de escuelas cerradas para programas de vivienda asequible.
Después, mencionó la eliminación de medidas legislativas, como el capítulo dentro de la Ley 60 que trata sobre la antigua Ley 22 porque ha creado “un sistema de apartheid contributivo y económico versus los que somos residentes en Puerto Rico, sino que, además ha habido un efecto social de desmantelamiento de comunidades”.
El licenciado detalló que esta medida no presenta una exigencia de creación de empleo ni de inyección económica, y que sus beneficiarios gozan de exenciones contributivas al nivel local y federal sin aportar significativamente a la economía de Puerto Rico.
“Una cosa es venir con el reconocimiento y el respeto de nuestra cultura y la identidad de nuestras comunidades. Y, otra cosa, es venir como capataz de finca para desarticular comunidades y no respetar las culturas locales y regionales de nuestro país. Son dos cosas distintas. Y, la Ley 22 ha estimulado la segunda por eso creo en su eliminación”, cerró así su respuesta a esta pregunta.
¿Qué proceder interpretativo favorece usted en el quehacer judicial?
Dalmau Ramírez dijo que se encontraba más inclinado al ajuste de la interpretación de la constitución y de las interpretaciones que hacen los tribunales con respecto al contexto histórico social. Sobre esto, utilizó como ejemplo los debates que han surgido en los Estados Unidos sobre la Segunda Enmienda, y cómo la voluntad de los autores originales tendría que ser ajustada al contexto social actual.
¿Qué cualidades en un juez no estaría dispuesto usted a transar en un proceso de negociación con el Senado?
El licenciado aprovechó para reflexionar sobre los nombramientos de jueces y fiscales. “Yo no creo en el modelo de que las ramas políticas sean quienes designen jueces y fiscales”, estableció apoyándose en sistemas de justicia europeos que asignan estos puestos por mérito y no por asociación. Expresó que, de esta manera se pudiese lograr un sistema de justicia con autonomía.
Dalmau Ramírez enfatizó que él, como gobernador al momento de nombrar jueces al Tribunal Supremo, ejercería una disciplina ejecutiva de evaluar los nombramientos a través de las escuelas de Derecho, colegios profesionales de la profesión, entes éticos reguladores de la profesión, entre otros aspectos que midan el mérito del candidato a ser nombrado.
La Carta de Derechos de nuestra constitución establece que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respaldo de los derechos y las libertades fundamentales. ¿Cómo se garantizaría ese derecho de la niñez y las estudiantes? ¿Cómo se garantiza ese derecho en caso de las personas adultas?
Dalmau Ramírez dijo que, para atender el problema del acceso a la educación para los estudiantes de Educación Especial, emitiría una orden ejecutiva que ordene al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación cesar los pleitos contra los padres y madres de los niños del programa de Educación Especial. También, mencionó que empezaría un proceso de transición de cumplimiento con la ley del programa.
Luego, el candidato mencionó la descentralización del manejo del presupuesto del Departamento de Educación. Esta descentralización no sería a través del programa Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) porque el programa “lo que ha hecho es crear pequeños departamentos de educación con los mismos malos manejos de la política partidista”, según Dalmau Ramírez.
El licenciado explicó que su enfoque, para garantizar el derecho a la educación de las personas, se centraría en educar con respecto a la nueva demandada laboral. Dalmau Ramírez dijo que reestablecería materias que han sido eliminadas del currículo, como las bellas artes y las artes industriales, pero que incluiría materias nuevas cónsonas con la realidad actual, como modelos de comercio y la educación para finanzas personales.
“El currículo escolar se ha ido reduciendo. Se han concentrado en las materias que son materias de las pruebas estandarizadas. Y, tenemos que entender que ahora tenemos que educar a una población para la tercera década del siglo 21 con respecto a la nueva demanda laboral”, estableció el candidato.
¿Cuál sería su propuesta para reformar el sistema penal de Puerto Rico, y que herramientas utilizaría para hacerlo?
Sobre este punto, Dalmau Ramírez urgió al tratamiento del tema de la salud mental puertorriqueña. Propuso fortalecer los profesionales de la psicología en las escuelas para que logren identificar conductas que pueden ser consideradas antisociales desde temprana edad. Añadió que estos profesionales tengan las herramientas para reconocer determinantes de condiciones mentales en la unidad familiar y comunitaria del estudiante, y otros indicadores de violencia, pobreza, entre otros factores.
También, priorizó el atender la violencia de poblaciones vulnerabilizadas y el fortalecimiento de la rehabilitación dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
“Yo no creo en una actitud militarizada y criminalizante con respecto a, lo que debe ser, atender determinantes sociales que causan conductas antisociales”, puntualizó el candidato.
