La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, Natalie A. Jaresko, envió una carta el pasado jueves a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la que detalló las medidas que el cuerpo propone para que la institución logre afrontar la disminución de fondos que recibirá del gobierno central.
La carta llegó tras la reunión que sostuvieron miembros de la Junta de Gobierno de la institución con la directora ejecutiva de la JSF en la fecha límite para la entrega del plan fiscal de la institución, el pasado 9 de marzo. En ese momento, Jaresko expresó inconformidad con las medidas plasmadas en el documento.
“Como le fue comunicado previamente al gobierno y a la UPR luego de la entrega del Plan Fiscal del 1 de agosto de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal cree que la UPR no puede continuar trabajando de la misma manera. Para asegurar la viabilidad de la UPR, y para beneficiar las futuras generaciones, la UPR debe tomar medidas para salvarse del colapso financiero” explicó Jaresko en la carta.
La directora ejecutiva propuso, en la misiva, un aumento de matrícula para el estudiantado. No obstante, Jaresko manifestó que la Junta no ha expresado de cuánto debe ser el aumento para adquirir el balance fiscal.
Asimismo, Jareskó argumentó que, como mínimo, el plan fiscal debe incorporar una presunción de una baja en estudiantes de acuerdo a la tendencia de baja poblacional que es presentada en el plan fiscal del gobierno y evitar depender de un aumento en la cantidad de alumnos de poblaciones estudiantiles minoritarias, tales como los estudiantes extranjeros. Además, debe incluir un calendario de aumentos en la matrícula que sea relativo al nivel proyectado de ayuda que recibirán de la beca Pell los estudiantes de mayor necesidad.
De la misma manera, Jaresko promovió una “beca ajustada a ingresos” con miras a proteger a los estudiantes más vulnerables financieramente absorbiendo parte del aumento.
También, la directora ejecutiva recomendó la consolidación de recintos, ya sea centralizando departamentos y recursos o cerrando campuses cuya matrícula está por debajo de la norma.
“Como mínimo, el Plan Fiscal debe proveer un plan de implementación que especifique los esfuerzos para la consolidación de recintos, incluyendo detalles en torno al rediseño de funciones con enfoque a servicios compartidos, el mejor uso de facilidades, y la eliminación de programas académicos que resulten redundantes o poco efectivos” afirmó Jaresko, quien destacó que la Junta no ha expresado cuál consolidación es requerida para adquirir el balance financiero.
Asimismo, en la carta se enfatizó que las medidas de reducción de nóminas solamente provee ahorros temporeros a menos de que se acompañe de una eliminación de la posición dejada vacante o del servicio provisto.
“Cualquier ahorro asociado con la reducción de nómina debe incluir una descripción de los pasos tomados hacia la eliminación de posiciones.y servicioes a nivel de campus y departamento”, declaró Jaresko.
Además, la Junta destacó creer que la administración de la UPR debe atender los asuntos del Sistema de Retiro Universitario, plasmando en el documento las medidas a establecer para asegurar la estabilidad del retiro a largo plazo.
Por último, el ente rector de las finanzas del gobierno de Puerto Rico sugirió reuniones entre la Junta de Gobierno de la UPR, la Autoridad de Asesoría Fiscal y Agencia Financiera de Puerto Rico (AAFAF) y la JSF al menos una vez por semana hasta la certificación del Plan Fiscal, ya que estas reuniones “ayudarían a asegurar la cooperación y transparencia”.
El plan fiscal enmendado debe ser sometido en o antes del próximo 21 de marzo del 2018, y requiere ser certificado por la JSF, organismo que se reserva la capacidad de intervenir directamente e implementar su propio plan fiscal para la institución.
