Ante alegaciones de que las medidas protectivas de los fondos del 9-1-1 son incompatibles con las disposiciones fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los senadores José Vargas Vidot y Henry Neumann Zayas, radicaron, en febrero, una resolución legislativa para investigar la implementación de la Ley 32-2020.
La Resolución del Senado 104 surge tras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitir una certificación de incumplimiento, a la JSF, que alega contradicciones entre el plan fiscal y las protecciones para los fondos del Sistema de Emergencias.
Los legisladores buscan una justificación de parte de la AAFAF dado que los fondos del 9-1-1 no se nutren del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. A pesar de ello, se han desviado fondos del Sistema durante la pasada década, por lo que la R. del S. 104 rendirá cuentas sobre la legislación que entró en vigor el año pasado.
‘’Durante años, se han transferido fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 al Fondo General para otros asuntos no relacionados con el sistema de emergencias, en violación a las leyes federales y en menoscabo de la seguridad pública”, sostuvo Vargas Vidot en expresiones escritas.
La Ley 32-2020 fue radicada para evitar incumplimiento con disposiciones federales que exigen un único uso para los fondos otorgados al 9-1-1. Según la medida, la Isla “entró en incumplimiento con las regulaciones federales”, debido a que los fondos del Sistema se comenzaron a transferir al Fondo General para “atender otros asuntos”.
En octubre del 2020, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) informó, que entre 2014 y 2017, se desviaron $12 millones en fondos del 9-1-1.
Asimismo, los fondos del Sistema de Emergencias se nutren de cargos individuales, tales como los débitos que se cobran a teléfonos celulares, convirtiendo al negociado en uno autónomo y autosuficiente. De esta forma, la solicitud de la AAFAF necesita ser fundamentada ante la JSF para esclarecer la conexión entre los fondos y el plan fiscal.
Por su parte, Vargas Vidot reiteró que la Ley 32-2020, “ha sido obstaculizada por el propio gobierno con ayuda de la Junta de Control Fiscal”.
Conforme a lo que se constituye en el recurso del Senado R. del S. 104 , la Comisión de Seguridad Pública rendiría, no más tarde de 90 días después de entrar en vigencia, un informe que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones de acciones legislativas y administrativas que se adopten en relación con el manejo de fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1.
