Por: Víctor Torres Montalvo
Foto: Víctor Torres Montalvo/Pulso Estudiantil
En contra de la opresión colonial impuesta, conscientes de las repercusiones directas a los universitarios y reafirmándose en negativa en torno a un aumento de matrícula, fue cómo el Consejo de Estudiantes de Humanidades (CEH) del recinto de Río Piedras se posicionó, hoy, mediante comunicado de prensa ante la Junta de Control Fiscal impuesta por PROMESA.
El CEH hizo referencia a siete artículos que incluye la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) como puntos que «ponen en riesgo y amenazan nuestra Universidad». Estos son:
- Artículo 4: Cláusula de Supremacía
- Artículo 104(e): Regalos, Herencias y Legados
- Artículo 104(h): Autoridad para Ejecutar Algunas Leyes del Territorio Abarcado
- Artículo 108: Autonomía de La Junta de Control
- Artículo 209: Terminación de la Junta de Control
- Artículo 403: Primer Salario Mínimo de Puerto Rico
- Artículo 503: Proyectos Críticos
De acuerdo con el parte de prensa, el consejo está «en contra de estas y todas las medidas de austeridad que impondrá la Junta de Control Fiscal, de su efectividad y estancia en nuestra Isla». Asimismo, se unieron a la negativa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la cual se pronunció en contra de «cualquier cuota que afecte a los estudiantes socioeconómicamente desaventajados».
Como solución, el CEH aprobó dar su respaldo a la «Ley Especial para Fortalecer el Plan de Práctica Intramural de la Universidad de Puerto Rico y Asegurar la Calidad de Contratación de Servicios del Estado Libre Asociado» (P.C 2883), proyecto que pretende dar prioridad a la institución pública a la hora de prestar servicios a las agencias públicas. No obstante, este proyecto -radicado por petición del Consejo de Estudiantes de Río Piedras- no ha pasado de la primera lectura en la Cámara de Representantes, el pasado 2 de mayo.
Asimismo, también respaldó la ley que buscaba ordenar al Departamento de Educación (DE) a crear un programa que trasladara los servicios de tutorías que provee el Programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES) a la UPR, con el fin de que esos servicios los dieran sus estudiantes y profesores(as). La ley -P.S. 1050- sufrió enmiendas de su cuerpo de origen y luego la Cámara sometió un sustitutivo. El pasado 25 de junio se remitió a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, y aún sigue ahí.
La presidenta del CEH, Anissa M. Ortega Díaz, se mostró en son de fiscalizar y abogar por los estudiantes y la Universidad, mientras explicó que el estudiantado no debe mirar solamente a la institución, sino también a las agencias públicas.
«Como estudiantes del sistema público del País, debemos procurar no solo por nuestra Universidad, sino por toda aquella agencia pública que se verá afectada tras la implantación de la Junta de Control Fiscal y PROMESA. Como representantes estudiantiles, es nuestro deber fiscalizar y abogar por nuestros pares de la mejor manera posible. Como puertorriqueños, tenemos por obligación que señalar y oponernos ante dicha opresión, sin embargo, como jóvenes puertorriqueños es nuestra responsabilidad ayudar a levantar el País y así lo haremos», puntualizó Ortega Díaz.
En el día de hoy, la JCF tuvo su primera reunión en Puerto Rico -a puerta cerrada- en el hotel El Conquistador en Fajardo. Uno de los once deponentes en la reunión, fue el estudiante de Derecho y exmiembro de la Junta de Gobierno de la UPR, Christian Arvelo Forteza.
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