La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció el pasado martes, 28 de mayo, un posible conflicto de interés en la contratación de Doing Business in Puerto Rico (DBPR) por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
La líder del sindicato, Jannell Marina Santana Andino, alegó que el conflicto surge porque el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, es parte del bufete legal DBPR Legal LLC contratado por la Aafaf, los encargados de hacer los planes fiscales del primer centro docente del país.
Según Santana Andino, dicha membresía viola la cláusula undécima del contrato que establece que “los consultores certifican que ninguno de los socios, directores, ejecutivos, oficiales o empleados reciben salario ni ningún tipo de compensación por rendir servicios regulares por cita (o de otra manera) de ninguna agencia, instrumentalidad, corporación o municipalidad del gobierno de Puerto Rico”, ya que Alomar también es profesor de la Escuela de Derecho.
Además, señaló gastos excesivos con la ceremonia de investidura del nuevo presidente de la Universidad, Jorge Haddock, y la contratación de suplidores y cabilderos.
“Es irresponsable y totalmente injusto que mientras los empleados y profesores tenemos sueldos sumamente bajos, se nos reducen beneficios importantes como el plan médico y al estudiantado le aumentan los costos de estudiar, la administración universitaria ande dando contratos y gastando sin medida”, manifestó la presidenta de la unión.
Por otra parte, sostuvo que, en la negociación sobre sus exenciones, el abogado la Universidad abandonó la mesa de negociación cuando se le señaló que añadieron un elemento nuevo a la propuesta.
Los gastos
Según los documentos provistos por la HEEND, los gastos y contratos que denuncian son:
- $3,525 para unas vestiduras de la ceremonia de investidura.
- $902,000 para un contrato de asesoría sobre asuntos de la Ley PROMESA.
- Un consultor financiero que, desde el 2017, lleva una factura total de $214,529.
- $40,000 para un cabildero que, según la líder sindical, duplica las funciones que se supone que haga la Vicepresidencia de Fondos Externos de la UPR.
- Hasta $200,000 para los servicios de DBPR Legal LLC.
La administración responde
Por su parte, Haddock tildó, mediante un comunicado oficial, a las alegaciones como “absurdas” y justificó los contratos y gastos como parte de querer “transformar la Universidad en una institución moderna a tono con las exigencias del siglo XXI”.
“Es increíble que califiquen como innecesarios los contratos de recursos que trabajaron en el proceso para que la Universidad cumpliera los requerimientos de las agencias federales y que nos ayudaron a lograr la extensión de la acreditación. Es absurdo que critiquen iniciativas que permitirán incrementar los fondos externos para la creación de nuevas oportunidades y herramientas para nuestros estudiantes y empleados”, expresó el también ingeniero en el comunicado.
Añadió que las togas compradas “se adquirieron para que puedan participar en las graduaciones de los distintos recintos universitarios y ceremonias oficiales, según lo requiere el protocolo institucional”.
A pesar de hablar sobre los contratos de la Aafaf, Haddock no mencionó el posible conflicto de interés que surge de la contratación de DBPR Legal LLC.
