El título de este editorial es la recomendación del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para atender la crisis causada en el planeta por la pandemia COVID-19.
“Tenemos un mensaje sencillo para todos los países: pruebas, pruebas, pruebas”, recomendó el doctor Adhanom Ghebreyesus hace tres días en un mensaje de la OMS al mundo.
Precisamente, la epidemióloga puertorriqueña Cruz María Nazario enfatizó ayer, miércoles, en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, la importancia de seguir las recomendaciones realizadas por el director de la OMS.
“En el último comunicado, el director de la Organización Mundial de la Salud hizo un énfasis bien grande y dijo ‘pruebas, pruebas, pruebas’. Repitió la palabra ‘pruebas’ tres veces porque esa es la clave. De los países que han sido exitosos en controlar la epidemia, esa ha sido la clave”, manifestó Nazario, quién también es profesora en el departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Hasta ayer, el gobierno de Puerto Rico solamente ha autorizado realizar pruebas a 57 pacientes sospechosos de portar el coronavirus. Sin embargo, son 627 las llamadas que, hasta el pasado martes, recibió el Departamento de Salud de personas que sospechan ser portadores del virus.
En cada conferencia de prensa convocada, la gobernadora insiste en que se han tomado las medidas adecuadas, que el ‘task force’ ha respondido efectivamente, y repite hasta la saciedad que la cifra de contagiados por COVID-19 en Puerto Rico es de solo cinco personas – cifra que aumentó a seis en la tarde de ayer.
Estas expresiones, premeditadas o no, transmiten al país una falsa sensación de control y seguridad ante la crisis, y pretenden ocultar la realidad de que las medidas implementadas por el gobierno de Puerto Rico han sido tardías; el 26 de febrero, el virus ya había llegado a latinoamérica.
Ante la propagación exponencial del virus en el mundo, reseñada por el reportero Harry Stevens para el Washington Post, en Puerto Rico no se tomaron las medidas adecuadas de prevención, más allá de la creación de un ‘task force’ el pasado 25 de febrero. No se consideraron anticipadamente medidas como el toque de queda, y otras, para evitar la propagación del COVID-19. Tampoco, el impacto que tendrían estas decisiones en la población puertorriqueña ante nuestra realidad socioeconómica y cultural.
A 12 días del primer caso sospechoso registrado de COVID-19 en la isla, los ciudadanos experimentan dificultades para realizarse la prueba para la detección del virus. Mientras, apenas el pasado martes se estableció el primer grupo de la Guardia Nacional para hacer la revisión de temperatura en el aeropuerto Luis Muñoz Marín; no obstante, aún hay otros aeropuertos de menor tráfico sin los controles adecuados.
La emergencia se extenderá mientras no se conozca la cantidad real de infectados por el virus. El gobierno debe flexibilizar los protocolos de acceso a las pruebas del COVID-19 de modo que se pueda conocer el alcance actual de la propagación de la enfermedad en la isla.
Mientras se extienda la emergencia, la situación económica del país afectará principalmente a ese 50.3 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza, según los informes del 2012 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Las decisiones que se están tomando no son suficientes porque son tardías, así como también serán tardías las medidas para amortiguar el impacto económico que se suma inevitablemente a la recesión.
Aún estamos por descubrir las consecuencias de esta pandemia en Puerto Rico, evento que marca un precedente en la historia de nuestro país. Ante esta realidad, la clase política en la isla se ha convencido de estar tomando las medidas correctas para atender la emergencia. Mientras, nos aseguran que hay solo seis contagiados por coronavirus en la isla, al igual que lo hicieron con las 64 muertes tras el paso del huracán María.
