Tras años de reclamos de distintos grupos feministas, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, declaró hoy, domingo, un estado de emergencia “ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico”, según la Orden Ejecutiva (OE) que firmará mañana, 25 de enero.
La medida legal busca atender a la violencia de género como un asunto que es responsabilidad del gobierno puertorriqueño, y requerirá, entre otras cosas, un compromiso de todas las agencias gubernamentales y del sector privado para acabar con la violencia que atenta contra las vidas de las mujeres.
‘’Combatir la violencia de género requiere de un esfuerzo multisectorial y no tan solo del sector gubernamental. Este esfuerzo debe incluir el insumo y la cooperación del sector privado y de las organizaciones sin fines de lucro”, sostuvo el ejecutivo en el documento.
El gobernador designará a un oficial de cumplimiento que trabajará a tiempo completo para asegurar que se cumplan con las disposiciones de la OE. Este oficial designado pertenecerá al mencionado “esfuerzo multisectorial”, que establece la creación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).
Por su parte, el Comité PARE recomendará “medidas y políticas establecidas para cumplir con los objetivos de esta Orden Ejecutiva”, y consistirá tanto de representantes de diversas agencias gubernamentales como de un representante de la academia, un representante de los medios de comunicación y tres representantes de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a erradicar a violencia de género en la Isla.
La Secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien enfocó sus estudios doctorales en la violencia de género, presidirá el comité y asistirá al gobernador en seleccionar a ciertos miembros de PARE.
El organismo sustituirá y continuará los esfuerzos iniciados por la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (COMUVI), comité creado por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, siete días antes de las pasadas elecciones generales, para atender la violencia contra las mujeres como un servicio prioritario para el gobierno de Puerto Rico.
En comparación a COMUVI, el Comité PARE aumentó a tres la representación de las líderes de las organizaciones sin fines de lucro que luchan contra la violencia de género y brindan servicios a mujeres sobrevivientes.
Además, el Comité evaluará y brindará recomendaciones acerca del Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres en Puerto Rico, que se rige por los siguiente cuatro pilares de la protección de los derechos de las mujeres: prevención, atención efectiva, manejo adecuado y rendición de cuentas.
Otra de las responsabilidades del organismo será realizar vistas públicas para recibir recomendaciones sobre la erradicación de la violencia de género y establecer mecanismos de capacitación para que los funcionarios públicos mejoren el manejo de casos de violencia de género.
Por otro lado, también deberá promover mecanismos para agilizar las pruebas forenses necesarias para identificar y atender los casos de violencia y acoso sexual.
Del mismo modo, PARE revisará el “sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre las muertes violentas de mujeres en Puerto Rico” junto a los procedimientos de solicitud y expedición de órdenes de protección.
La OE también impone el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles mediante la cual las víctimas de violencia de género puedan solicitar ayuda en situaciones de emergencia.
Con respecto a la identificación de recursos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), acompañada de las diversas agencias gubernamentales, deberá identificar los fondos disponibles para cumplir con los esfuerzos de la OE.
“Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, enfatizó Pierluisi Urrutia mediante un comunicado de prensa.
Las expresiones del actual gobernador se contraponen a los planteamientos de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien justificó, en octubre del año pasado, el no haber decretado un estado de emergencia por violencia de género al asegurar que “las palabras no hacen la diferencia”.
Ante los ojos de la también ex procuradora de las Mujeres, lo esencial era identificar las prioridades del gobierno, y no “el título que le pongamos a las cosas”.
Vázquez Garced se reunió, en septiembre del 2019, con sobre 60 organizaciones, para dialogar sobre alternativas para enfrentar la crisis de violencia de género en la Isla. La exmandataria, sin embargo, optó por decretar una alerta nacional, una decisión criticada por organizaciones feministas.
Pese a que el reclamo de declarar un estado de emergencia ha sido rechazado por diversos sectores del país, el Senado aprobó el jueves de la semana pasada una resolución para que el Gobernador emitiera dicha Orden Ejecutiva.
La resolución pasó en el Senado, con una mayoría de votos, y con el voto en contra de los senadores Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz. Asimismo, los senadores del Partido Nuevo Progresista Gregorio Matías Rosario y Keren Riquelme Cabrera se abstuvieron.
Organizaciones feministas reaccionan al estado de emergencia
Varias organizaciones feministas celebraron que la medida es un primer paso para comenzar a atacar el problema de la violencia de género en la Isla.
“Nos sentimos encaminadas en la dirección correcta. Este ha sido un mal que ha trastocado a nuestro país por años, y los esfuerzos para la declaración han sido nuestro enfoque por los últimos dos. Este es un paso importante para aceptar que en Puerto Rico sí existe un problema de violencia de género, y que existen alternativas que pueden atacar el asunto desde la raíz”, expresó la organización feminista Taller Salud mediante una publicación en las redes sociales.
Pese a que Taller Salud reconoció la declaración de la OE como una “victoria feminista”, la organización afirmó que se encuentra ‘’estudiando la orden para ver si ha acogido las propuestas’’ que ha presentado el movimiento feminista al Gobierno de Puerto Rico en ocasiones previas.
Por su parte, la Colectiva Feminista en Construcción expresó su alegría “por el adelanto que implica para la lucha feminsita de Puerto Rico y el mundo, el haber logrado que el Estado reconozca su responsabilidad y obligación en atajar la crisis de violencia de género que nos atraviesa. […] ¿Quién dijo que luchar no da resultados”?
Sin embargo, la Colectiva reconoció que, más allá de ser una celebración, la declaración de un estado de emergencia por violencia de género “refleja la gravedad de la violencia machista y la cotidianidad del patriarcado’’ que atenta contra la integridad y el bienestar de las mujeres a diario.
Mientras, el Movimiento Amplio de Mujeres comunicó, mediante las redes sociales, su alegría “al ver que al fin el Gobierno ha decretado el Estado de Emergencia para erradicar la violencia de género. Es un paso necesario para garantizar la vida y seguridad de todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias particulares de vida”.
“Estamos analizando la orden y su contenido a la luz de las propuestas que sometimos al señor gobernador y nos comprometemos a emitir comentarios una vez culminado el proceso de análisis”, expresó el Movimiento, en sintonía con Taller Salud.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de diciembre de 2020, en Puerto Rico se reportaron 60 feminicidios, cifra que incluye a 6 transfeminicidios, según el Observatorio de Equidad de Género. Precisamente, el alza en feminicidios es uno de los motivos principales de los reclamos de las organizaciones feministas hacia el Estado para la declaración del estado de emergencia.
Sin embargo, la lucha por la implementación de un estado de emergencia a raíz de la situación de violencia de género en Puerto Rico no es un asunto nuevo. En noviembre del 2018, el Plantón 23N, una manifestación convocada por la Colectiva Feminista en Construcción, protestó con el fin de atender la crisis consecuente de los feminicidios.
Según portavoces de la Colectiva Feminista en Construcción, en el 2019, la declaración de un estado de emergencia por violencia de género buscaría identificar y atender las fallas del gobierno mediante la implementación de campañas de prevención, educación con perspectiva de género y atacando el asunto de la impunidad con respecto a los casos de agresión sexual.
‘’Aún queda un largo camino por recorrer: no dejaremos atrás la educación con perspectiva de género, la protección a las mujeres trans y la fiscalización de las acciones de la Policía y sus procesos de investigación. Seguiremos activas para asegurar la implementación de esta medida’’, concluyó Taller Salud.
