El gobernador Ricardo Rosselló radicó hoy, jueves, una demanda ante el Tribunal Federal contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que rija el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa.
En entrevista con Radio Isla 1320, el ejecutivo dijo que los abogados del gobierno someterán un interdicto y una sentencia declaratoria.
Con estos recursos legales se espera que la jueza federal Laura Taylor Swain clarifique que “todo asunto de política pública y administrativa, dictadas por la JSF, son meramente recomendaciones”.
«Para mí como ejecutivo, yo tengo la situación ahora de que se tienen que determinar dos cosas: número 1, que el Gobierno es quien establece la política pública y número 2, que la Junta no puede administrar», sostuvo el mandatario.
Por su parte, la JSF estableció en declaraciones escritas que “defenderá energéticamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del Presupuesto y el Plan Fiscal”.
El presupuesto operacional que aprobó la Junta fue de $8,757 millones para cubrir los gastos ordinarios de las agencias que componen el Ejecutivo, así como la Rama Judicial y la Asamblea Legislativa. Además, merma partidas de la Policía de Puerto Rico y la Legislatura, entre otros particulares.
Mientras tanto, el presupuesto firmado de modo «simbólico» por el gobernador es de $8,709 millones.
Tras la movida legal de Rosselló, cabe destacar que la ley PROMESA en la sec. 201 le otorga a la JSF certificar el plan fiscal y la 202(e) permite el certificar el presupuesto. Además, la Sec 106 indica que el Tribunal carece de jurisdicción para revisar las certificaciones del ente.
