Por: Natalia P. Cuadrado
Foto: Adrián Rivera Ferrán
Una petición, que circula mediante la plataforma Google Forms, busca que, al amparo de la Sección 201 inciso (B) de la ley federal PROMESA, se designen como esenciales los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La solicitud —que incluso fue compartida a través de las redes sociales del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá— va dirigida al gobernador Ricardo Rosselló, a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la jueza federal, a cargo del proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.
En ella, se explica que la sección 201, inciso (B) de la Ley Publica 114-187 dispone que se tiene que “asegurar las asignaciones de los servicios públicos esenciales”. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno de Puerto Rico reconoce que no tiene una definición de qué son “servicios públicos esenciales”, esto según la presentación original de su Plan Fiscal el 28 de febrero de 2016.
Asimismo, en la petición se argumenta que la falta de una definición de lo que son los servicios esenciales ha permitido que —en el Plan Fiscal propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló y aprobado por la JCF— se dispongan recortes a la UPR. Dichos recortes afectarían los servicios educativos que ofrece la institución, así como su capacidad de repago a acreedores y bonistas.
El reclamo surge en vista del rol social y económico que juega la UPR como universidad del Estado, donde cerca del 60% de los estudiantes reciben la beca federal Pell y la mayoría de los admitidos provienen de familias con ingresos anuales de $30,000 o menos. La solicitud también destaca el hecho de que el ingreso familiar en Puerto Rico es menos de la mitad que el promedio en Estados Unidos. Por tanto, es menor el capital disponible para la educación universitaria en la isla.
La petición lee así:
“Los aquí firmantes creemos que los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico son esenciales para el presente y el futuro de Puerto Rico. Con nuestra firma y adhesión le pedimos y reclamamos al gobernador Ricardo Rosselló y a la Junta de Supervisión fiscal que enmienden el Plan Fiscal y reconozcan que la UPR provee servicios esenciales y que, en consecuencia, eliminen los recortes dispuestos. De ellos no actuar, solicitamos a la jueza Laura Taylor Swain, que en su evaluación de los procesos bajo el Título III concluya que el Plan Fiscal no cumple con lo dispuesto en la ley PROMESA, porque no define lo que son servicios esenciales y por, específicamente, tratar a la Universidad de Puerto Rio como un servicio no esencial”.
La UPR aprobó una huelga sistemática mediante voto en Asamblea Nacional de Estudiantes, el pasado 5 de abril de 2017. Los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Cayey, Bayamón y Humacao han ratificado la huelga en sus respectivas asambleas. Esto en respuesta a un recorte que ronda los $512 millones y según favorecedores de la huelga, dejaría la institución inoperante.
