La ausencia de políticas públicas y capacitaciones en torno a la trata humana, en Puerto Rico, obstaculiza la creación de protocolos de respuestas necesarias, en las agencias gubernamentales, para erradicar este problema social.
Así lo afirmó la directora de la Alianza de Puerto Rico Contra la Trata Humana Inc. (la Alianza), Karla González, quien señaló a la ausencia de protocolos gubernamentales como una de las razones principales por la que continúa el fenómeno en la Isla.
Según González, la trata humana se tipificó por primera vez como délito en el 2012, cuando se estableció el artículo 160 en el Código Penal de Puerto Rico, con pena de cárcel por un término fijo de doce años.
Previo a las modificaciones, a nivel estatal, Puerto Rico contaba con el artículo 159, que incluía actividades criminales vinculadas a la trata humana.
Sin embargo, la falta de capacitación a los funcionarios, para manejar la terminología de la trata humana y los prejuicios presentados en contra de las sobrevivientes, afecta la documentación y el manejo de los casos a nivel legal.
Asimismo, “existen circunstancias de que pudiéramos saber que [la trata humana] está ocurriendo pero no tenemos la evidencia para probarlo”, puntualizó la también profesora.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, hay un solo caso de trata humana registrado en la Isla.
En contraste con la Policía, las cifras de la Alianza para Puerto Rico Contra la Trata identificaron al menos 5 casos a nivel estatal como trata humana dentro de una cifra de 32 casos, incluyendo los que se han sometido a la esfera federal por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y El Buró Federal de Investigaciones (FBI).
“Se trabaja desde una perspectiva criminológica y no victimológica, lo que significa que podemos tener una sobreviviente de trata que se utiliza como una cadena de evidencia para probar una actividad criminal del agresor y no necesariamente el proceso jurídico corresponde a hacerle justicia a esa persona”, sostuvo González.
Poblaciones vulnerables ante la trata
Por otro lado, la trata humana es el segundo crimen más lucrativo a nivel internacional, precedido por el contrabando de armas y seguido por las drogas, y afecta particularmente a mujeres y menores de edad, niñas y niños.
“La trata tiene cara de mujer. La mayor parte de sus víctimas son mujeres o menores de edad, niñas o niños. Hemos visto en el pasado año un aumento en el caso de varones, particularmente para la industria laboral, pero cuando se trata de crímenes contra la mujer estamos hablando de los aspectos sexuales”, agregó la docente en ciencias sociales.
González puntualizó que uno de los problemas es que “se sigue viendo esa figura femenina o feminizada como un objeto sexual y de propiedad lo que dificulta que se detengan los casos contra las mujeres en cualquier casos sea de acoso, violencia, feminicidios o la trata humana”.
Aunque los delitos de agresión sexual, violencia doméstica y maltrato infantil no pueden vincularse directamente a la trata humana se intersectan en algunos casos de trata humana.
“Han llegado casos a los tribunales y se han radicado cargos cuando se entra por violencia domestica, maltrato, agresión sexual y no necesariamente por trata humana. No obstante, en el camino se dan cuenta de que tienen los elementos que lo identifican como un caso [de trata humana]”, manifestó la también profesora.
También se emplean paradigmas machistas, en el manejo de los casos, por lo que en ocasiones se termina culpabilizando a las sobrevivientes en lugar de los agresores.
“Se criminaliza a la víctima porque «se lo buscó», porque «no tenía que estar en la calle a esa hora», porque conoció a un hombre por Internet, porque salió a beber con él y no necesariamente se le pasa juicio a la acción del agresor. Se culpa a la sobreviviente”, añadió la profesora.
Vías alternas ante la barrera institucional y cultural
Ante la ausencia de una discusión sobre la pertinencia de establecer políticas públicas para combatir la trata humana en el país, la responsabilidad recae en las organizaciones sin fines de lucro para subsanar la respuesta carente de parte del Estado para implantar procesos que aseguren la justicia social.
Entre los proyectos principales que existen para atender a la trata humana, Alianza de Puerto Rico Contra la Trata Humana Inc. creó el Comité Interagencial para la Atención de la Trata Humana en Puerto Rico, un grupo que contaba con la presentación de agencias federales, estatales y otras entidades para trabajar, en conjunto, los casos de trata humana.
“En Puerto Rico no hay un servicio especializado para las víctimas de trata humana; es algo que se ha estado trabajando, pero conlleva un esfuerzo muy grande para lograr estructurar una política pública a fin de poder diseñar un servicios para cumplir con las particularidades que existen con las sobrevivientes de trata humana”, mencionó González.
La Alianza ha realizado esfuerzos para el desarrollo de un protocolo interagencial que, a consecuencia de la carencia de una estructura interna y la falta de leyes dentro de las propias agencias, no pudo completarse.
Ese esfuerzo se detuvo bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, cuando se crea una orden ejecutiva para crear una Coalición de Servicios de Víctimas de Trata Humana e inhabilita los esfuerzos realizados por la Alianza para reunir a las agencias y trabajar en una nueva iniciativa.
Esfuerzos educativos futuros
La directora de la Alianza reveló a Pulso Estudiantil que, en diciembre del 2020, se avecina la publicación de una guía para el desarrollo de protocolos de trata humana en Puerto Rico, con el apoyo de la Editorial UPR.
La guía es un documento de libre distribución, resultado de un trabajo realizado entre el 2011 y 2015 que se le compartirá al país como una aportación para “más allá de determinar que existe un problema, presentar soluciones concretas”, compartió González.
El documento, que contiene alineamientos internacionales, servirá de referencia a las agencias en Puerto Rico para la creación de una estructura para sus servicios conforme a los modelos teóricos y bases legales más utilizados a nivel mundial.
