Por: Víctor Torres Montalvo
Foto: Esteban G. Morales
Los recortes que el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) quieren hacer a la educación afectarán a los sectores pobres del país, según criticaron el Movimiento Estudiantil, la Federación de Maestros (FMPR) y la organización Educamos.
La denuncia se dio en medio de una conferencia de prensa, previo a la marcha que diferentes sectores tendrán hoy hacia Fortaleza para celebrar el Día Nacional de los Estudiantes en Lucha.
«Es evidente que el estado está implementando políticas neoliberales de austeridad, las cuales, únicamente, afectan a la clase pobre y trabajadora del país. Tanto la Junta de Control Fiscal, como la administración de Ricardo Rosselló, pretenden facturarnos una deuda odiosa que a quien único favorece es al sector de la banca privada y a la clase rica del país», criticó Sofía Feliciano, portavoz estudiantil en huelga.
Igualmente, señalaron los efectos que la deuda causa en el día a día boricua.
«La evaluación punitiva, las múltiples planificaciones de enseñanza y la masificación de los salones de clase representa un atropello a la clase magisterial y al futuro de nuestros niños y jóvenes», sostuvo Eva Ayala, delegada de Educamos.
«El Gobierno tiene que poner prioridades. No podemos permitir que la deuda vaya por encima de nuestras vidas ni de nuestra gente», puntualizó Ayala.
Por último, la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, instó al país a “apoyar esta larga gesta de lucha que han librado la UPR y las comunidades escolares en resistencia”.
“Son ellas las que han demostrado darle cátedra al país de la importancia de defender nuestro derecho a una calidad de vida digna y a la educación pública como vehículo de transformación social. Que no le quede la menor duda al Gobierno ni a la Junta que no nos pararán y que seguiremos en pie de lucha”, concluyó Martínez.
Actualmente, el Departamento de Educación cerrará 184 escuelas, con el fin de ahorrar $7.7 millones, esto solo en gastos de energía y agua potable. En rechazo a la determinación, maestros, profesores y estudiantes se han manifestado en repudio al futuro cierre de sus escuelas.
Asimismo, la JCF exige que se recorte unos $149 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para el año fiscal 2017-18. El recorte ascendería anualmente hasta alcanzar los $450 millones. Esto pone en riesgo la capacidad económica del recinto, necesaria para que permanezca operante y acreditado.
En la noche de ayer, el Recinto de Río Piedras ratificó su huelga hasta que la Junta de Gobierno de la UPR firme los preacuerdos logrados en la Mesa de Diálogo Multisectorial.
Del mismo modo, los recintos de Mayagüez, Humacao, Bayamón y Cayey permanecen en huelga.
Arecibo, Ponce y Carolina optaron por levantarla en sus pasadas asambleas. El recinto carolinense reanudará sus clases el 5 de junio, mientras el ponceño lo hará el día 12 del mismo mes.
El recinto de Utuado también levantó huelga en su pasada asamblea, pero el Movimiento Estudiantil no ha abierto los portones, ya que catalogan de ilegítimo el cónclave en el que se tomó la decisión.
Por su parte, Aguadilla se encuentra en un paro Do Re Mi.
