Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Nahmyr Zayas
La asamblea de estudiantes del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), no dio paso a una moción para decretar un paro de mujeres el 8 de marzo en solidarización con el Día de la Mujer y en unión a un llamado de paro de mujeres a nivel internacional.
Con 797 a favor y 2,021 en contra, la moción de presentada por Katia Cruz Quitana, estudiante de la Escuela de Comunicación e integrante del Grupo de Trabajo de Género (GTG), no pasó.
Tras un punto en contra y otro a favor, el estudiantado dijo No basado, en parte, en que las posibles acciones que se tomen en cuanto a los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la UPR, incluiría la importancia de visibilizar los reclamos femeninos. El punto a favor, por su parte, explicó que la importancia de discutir otros asuntos no elimina que se pueda dar ese paro porque «nuestros reclamos eran sociales, económicos y políticos».
No obstante, la asamblea sí aprobó por mayoría evidente una moción a los efectos de incluir la perspectiva de género en el currículo de Educación General, para trabajarse desde la Literatura en español e inglés; desde las Humanidades con historia sobre la perspectiva de género; y desde Ciencias Sociales con un contexto histórico amplio.
Estas dos propuestas fueron como parte del primer punto en agenda -Protocolo Trans- en el cual se habló sobre el cumplimiento que debe tener la institución con la Ley de Educación Federal de 1972. Esta ley, según explicó la presidenta del Caucus de Senadores Estudiantiles, María del Mar Pérez Castro, la tienen que cumplir todas las instituciones educativas que reciban fondos federales.
A lo largo de este tema, se tocó también la propuesta trabajada por estudiantes del Internado Federal Córdoba y Fernós para que se implementará una política interna de no discrimen contra las personas trans. Se presentó una moción para aprobar esta política, la cual pasó por mayoría evidente.
A su vez, esta propuesta iría de la mano con la Certificación 56 (2016-2017) de la Junta de Gobierno (JG), que explica un protocolo para cumplir con los derechos de las personas trans.
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