La demanda del Centro para la Democracia y Tecnología (CDT) alega que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para evitar la censura en internet por parte de plataformas sociales coarta la libertad de expresión estipulada en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La organización que se dedica a mejorar las prácticas de políticas públicas relacionadas con el internet en el país aseguró que la medida violenta la Primera Enmienda porque ataca a Twitter por colocar etiquetas de verificación de datos en los tweets del presidente, cuando la empresa tiene la potestad para hacerlo.
“La orden ejecutiva está diseñada para detener a las redes de luchar en contra de la desinformación, supresión de votantes y la violencia en sus plataformas”, estableció la presidenta y CEO del CDT, Alexandra Givens.
La orden ejecutiva que firmó Trump el pasado jueves, 21 de mayo, permite a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) revisar y despojar leyes que protegen el contenido publicado por los usuarios de compañías como Twitter, Facebook y Google.
Esta orden surgió luego de que Twitter rotulara dos tweets del presidente con advertencias, y adjuntara enlaces de noticias que desmienten sus comentarios.
La empresa cumplió con su política de integridad cívica para detener la propagación de la desinformación en su plataforma al señalar que las publicaciones del presidente contenían información falsa.
Sin embargo, erróneamente, Trump interpretó estas acciones como una censura que impide su libertad de expresión. Twitter no censuró a Trump ni eliminó sus publicaciones; corrigió la veracidad de la información que presentaban.
“Quien está amenazando la libre expresión es Trump mismo. La orden que firmó es ilegal, puesto que no puede anular o revocar la legislación federal que protege a las plataformas en línea para facilitar la libre expresión. Esa orden lo que persigue es intimidar a Twitter para que no le etiquete sus exabruptos. Aparte de su claro propósito político, su trascendencia legal es ninguna”, comentó abogado practicante y profesor de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, Francisco Ortiz Santini.
Anteriormente, la ley de Decencia de las Comunicaciones del 1996 solo protegía únicamente a las compañías de telecomunicación, como AT&T. No obstante, ahora incluye a las redes sociales bajo la jurisdicción estadounidense porque, al igual que en las telecomunicaciones, las plataformas como Twitter y Facebook no se responsabilizan por el contenido que usuarios publican.
Entre las medidas que protegen a plataformas como Twitter y Facebook se encuentra la ley estadounidense de Decencia de las Comunicaciones del 1996 ya que estas redes no se responsabilizan por el contenido que usuarios publican.
Sin embargo, las plataformas privadas tienen la potestad para filtrar el contenido según las políticas de conducta de sus redes.
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