La fiscalía de San Juan decidió, el pasado miércoles, 8 de julio, continuar con el proceso judicial de los cinco estudiantes que fueron acusados por delitos tras interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), durante la huelga sistemática de la institución en el 2017, pese a que se discutía una posible negociación.
En vista judicial, celebrada en la sala 1007 del Tribunal de Primera Instancia, el fiscal Ángel García Rodríguez no dio paso al acuerdo porque la expresidenta de la UPR y testigo de cargo, Nivia Fernández Hernández, desea continuar con el caso, informó Randiel Negrón Torres uno de los coacusados.
“Aunque el fiscal dijo que Nivia es la que mete presión, como no se trata de un caso de violencia doméstica o un caso donde hay menores envueltos, la fiscalía es quien tiene la última palabra”, expresó el ahora exalumno de la UPR.
“La negociación consistía en reducir la acusación de los dos cargos graves a menos graves y dar tres meses de probatoria por cada cargo. En algunos casos eran nueve meses, pero otrxs compañerxs, que no tienen los tres cargos, la cantidad era menor”, añadió.
Según Negrón Torres, el posible acuerdo se comenzó a discutir en febrero.La defensa solicitó dos semanas para “contestar a la oferta” y, de no ser por la cuarentena decretada por el gobierno a causa de la pandemia del COVID-19, contestarían el 24 de marzo.
El coacusado dijo que estaba “100 por ciento convencido” de aceptar la negociación debido a que si se acogía a la probatoria durante nueve meses tenía la oportunidad de irse a estudiar una maestría en derecho en la Universidad de Oviedo en España.
“La probabilidad de que pierda la oportunidad es altísima. Otrxs compañerxs han cancelado sus planes de estudio por esto mismo”, comentó.
Además, Negrón Torres calificó el proceso como uno “sumamente injusto” tras cumplirse tres años desde que comenzó la acusación en su contra el 9 de mayo de 2017.
“Para procesar estudiantes o personas que luchan en contra de lo que entienden que son injusticias por parte de personas que están en el poder, en el gobierno, hay muchos recursos. Hay tres años o más de proceso”, opinó.
Vista Evidenciaria
El caso se mantiene en la etapa de demostrar evidencia tras una moción presentada por la defensa al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Según los abogados de los acusados, el ministerio público acusó a los jóvenes de forma selectiva por su participación en organizaciones políticas, que estaban en contra de las políticas de la UPR y el gobierno.
Negrón Torres manifestó que esperan por la declaración del agente investigador Luis Muñiz Rodríguez, quien se retiró de la Policía y vive en el estado de Florida, y “ha faltado a varias vistas alegando que se ha enfermado”.
“La defensa tiene derecho, antes de llegar al juicio, ver si hubo o no persecución política por parte del agente cuando hizo la investigación”, aseguró.
Asimismo, dijo que es necesaria la presencia de Muñiz Rodríguez en la vista evidenciaria, pautada para el 4 de agosto, para que se dé el juicio el 31 de agosto.
Los cinco estudiantes, quienes aún enfrentan cargos graves y menos graves, son Randiel Negrón Torres, Verónica Figuera Huertas, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González y Gabriel Díaz Rivera.
